edición: 2349 , Miércoles, 22 noviembre 2017
14/11/2017
Gobiernos y UE quieren dejar de ser cómplices

La tributación de las multinacionales aseguraría los presupuestos europeos

La armonización fiscal europea puede ser una de cal y otra de arena para los intereses españoles
Juan José González
De nuevo sobre la mesa del legislador europeo -en el nivel político- la renovada intención de los gobiernos europeos para elaborar nuevas medidas contra la evasión fiscal o, en otras palabras, para evitar la acusación directa de los tribunales de justicia, la que les acusa de ser cómplices necesarios de las grandes empresas y corporaciones multinacionales que, conocedores de la baja tributación que facilitan otros territorios, la aprovechan evitar (eludir y/o escamotear) un pago mayor (un coste más elevado) de impuestos. Claro está que a no todos interesa y conviene de la misma forma y cantidad, y entre ellos España, pues según las cifras con las que trabaja el grupo de técnicos fiscales de la Unión Europea, en los últimos tres años (aún sin datos de 2017) más del 52% de la inversión extranjera que entró en España utilizó la vía de algunos de los Estados o territorios fiscales considerados como más benignos del planeta. Por tanto, si bien está que las grandes multinacionales, generadoras de fuerte volumen de actividad comercial y mercantil, como también de elevadas cifras de facturación, ventas y beneficios sean valoradas como fuente de riqueza y también por la aportación económica y social que realizan, el legislador ya parece tener más claro que también son fuente de desigualdades de renta y al mismo tiempo soportan menor carga tributaria que pymes y familias.
Si antes de la crisis (2007) las familias contribuían al sistema con el 74% del total de impuestos recaudados, el año pasado, la aportación se elevó nueve puntos, es decir, se situó en el 83%, frente al 26% y el 22% respectivamente, que aportaron las empresas. La diferencia parece que ha motivado a los miembros de la Comisión Europea que han dado la orden a sus técnicos para que se pongan manos a la obra de forma inmediata. Uno de estos técnicos apunta a que, lejos de que esa diferencia -de cuatro a uno- haya sorprendido a los políticos europeos, la llamada urgente responde a otras motivaciones.

Cita como por ejemplo, la constatación de que la recaudación de tributos en los tres últimos años (sin datos de 2017) se ha recuperado, es decir, se ha situado en los mismos niveles que antes de 2007, mientras que el único rezagado en este viaje de vuelta ha sido, cómo no, el relativo al impuesto de sociedades, todavía a medio camino para contribuir en la misma proporción que lo hacía antes de 2007.

Claro que la iniciativa fiscal en cuestión no se produce por generación espontánea sino a instancia del presidente francés Emmanuel Macron, conocedor como pocos (por su gran experiencia financiera, previa a su actual cargo) de las necesidades y penurias de las finanzas europeas. Y de misma manera también convencido de que la estabilidad económica europea, al menos, la presupuestaria, vital para combatir riesgos recesivos, estaría resuelta en gran medida con una parte de la recaudación de impuestos de sociedades (armonizados).

El proyecto en cuestión, tan grande como la ambición que lo mueve, toca numerosos aspectos de la actividad económica, fiscal, financiera, social y hasta del mismo Tratado de la Unión, lo cual, según adelanta un grupo de trabajo sobre la actualización fiscal, no sería óbice para comenzar a poner al día la tributación de sociedades de las multinacionales, principalmente, las extracomunitarias. El objetivo del proyecto francés está en línea con las nuevas propuestas de alemanes, italianos y españoles de propiciar, tras la salida de Reino Unido, una mayor convergencia social y fiscal, tras comprobar que los pilares de la Unión presentan desde hace tiempo fisuras considerables.

Y en este sentido, la tributación de las sociedades multinacionales debería contar en breve, en próximos presupuestos, con una homogeneización de tipos, de forma que los grandes grupos tributasen, no donde estuvieran domiciliadas sus sociedades, sino donde realizasen sus actividades. Quizá sería este un primer paso para evitar la fuga de fondos hacia otros territorios con presión tributaria más benigna y generosa. El Gobierno español debe tener ya su posición muy clara pues, si bien el 52% de la inversión extranjera que recaló en España en los últimos tres años procedía de los Estados más activos en generosidad fiscal, de la misma forma, uno de cada cuatro euros españoles destinado a la inversión en el exterior termina en varios de esos Estados con menor carga impositiva.

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