edición: 2363 , Miércoles, 13 diciembre 2017
07/01/2010

La UE avala la extinción de contratos por jubilación del empresario persona física

Javier Ardalán
Cuando un profesional o persona física fallece o se jubila en España, se produce la extinción de los contratos de sus empleados, siempre que la empresa quede cerrada y no haya sucesión empresarial. Ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una sentencia de 10 de diciembre de 2009, ha confirmado algo tan importante como que este tipo de despidos, aunque afecten a muchos trabajadores, no pueden ser considerados como despidos colectivos, lo que supone el cierre a las solicitudes ante el Fondo de Garantía Salarial.

Además, el Tribunal comunitario avala la normativa española, que en el artículo 49.7 del Estatuto de los Trabajadores contempla de modo expreso como causa legal de extinción de la relación laboral el fallecimiento del empresario. El Tribunal de la Unión Europea afirma que la Directiva 98/59 no se opone a una normativa nacional como la española que establece indemnizaciones diferentes dependiendo de que los trabajadores hayan perdido su empleo como consecuencia de la muerte del empresario o de un despido colectivo.

La doctrina del Tribunal Supremo establece como mandato legal frente al que no entran en juego los diversos supuestos hereditarios, sino únicamente la manifestación de voluntad de los herederos de no proseguir ejerciendo la misma; actividad productiva del fallecido; por cuanto no hay posibilidad legal de imponerles su continuación y debiendo referirse al momento en que el sucesor habrá de adoptar su decisión al tiempo que ponderadamente exija la liquidación  de la empresa en atención a su complejidad y a las circunstancias concurrentes.

También tiene declarado que la extinción del contrato de trabajo por causa de jubilación que previene el art. 49.1.g), exige no sólo que haya tenido lugar la jubilación del  empresario, sino además que se haya producido como consecuencia de tal jubilación el cierre o cese de la actividad de la empresa. Dicho cierre no es inmediato sino que puede transcurrir un tiempo, fundamentalmente, para  facilitar la liquidación y cierre del negocio o incluso su posible transmisión; y la duración de este plazo dependerá de las circunstancias concurrentes en cada caso, no pudiéndose fijar reglas generales aplicables a todos los supuestos, si bien deberá ser plazo prudencial o razonable.

La normativa comunitaria, por su parte, considera que se entenderá por “despidos colectivos” los efectuados por un empresario, por uno o varios motivos no inherentes a la persona de los trabajadores, cuando el número de despidos producidos se ajuste a unos máximos variables determinados según en tiempo de la suspensión.

En España, el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores aclara que a efectos de lo dispuesto en la presente Ley se entenderá por despido colectivo la extinción de contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, cuando, en un período de 90 días, la extinción afecte al menos a 10 trabajadores, en las empresas que ocupen menos de 100 trabajadores; o el 10 % del número de trabajadores de la empresa en aquéllas que ocupen entre 100 y 300 trabajadores; o bien, 30 trabajadores en las empresas que ocupen 300 o más trabajadores. También,  cuando afecte a la totalidad de la plantilla de la empresa, siempre que el número de trabajadores afectados sea superior a cinco.

 Los trabajadores cuyos contratos se extingan de esta forma tendrán derecho a una indemnización de veinte días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, con un máximo de doce mensualidades.

En este caso, el empresario había fallecido el 1 de mayo de 2004 sin haber otorgado testamento ni determinado los derechos de sus herederos. Sus herederos legales renunciaron a la herencia mediante escrituras públicas de 15 de junio de 2004 y 27 de marzo de 2007. De la resolución de remisión se desprende que la empresa cesó totalmente su actividad.

 El Juzgado de lo Social nº 25 de Madrid desestimó dicho recurso, por considerar que la extinción de los contratos de trabajo de los recurrentes en el litigio principal se debía al fallecimiento del empresario sin transmisión de la empresa y que no existía despido.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid  remitió el caso al Tribunal comunitario al estimar que en el Derecho español existe una desigualdad de trato en caso de extinción del contrato de trabajo como consecuencia de la desaparición de la empresa, atendiendo a la naturaleza de la persona del empresario. En efecto, en ese supuesto, los trabajadores empleados por una persona jurídica se encuentran en una situación más favorable que los empleados por una persona física, mientras que los perjuicios derivados de un despido o una extinción del contrato de trabajo son los mismos.

Considera el Tribunal que una situación como la controvertida no sólo se caracteriza por la falta de intención de efectuar despidos colectivos, sino también por la inexistencia de un empresario que pueda ser el destinatario de las obligaciones.

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