edición: 2852 , Viernes, 22 noviembre 2019
11/05/2016
LA OREJA DE LARRAZ

La UE no puede definir regiones con una minoría nacional para acogerse a la política de cohesión

Javier Ardalán
El concepto de ‘región’ debe definirse respetando la situación política, administrativa e institucional existente en los Estados miembros y respetando las fronteras administrativas internas, según establece en una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea.
De esta forma, la Unión Europea no puede definir regiones con una minoría nacional para acogerse a la política de cohesión sin tener en cuenta esta situación.

La ponente, la magistrada Irena Pelikánová, señala que la preservación de las características étnicas, culturales, religiosas o lingüísticas específicas de determinados territorios no es un objetivo que podría justificar la adopción de un acto sobre la base de la política de cohesión de la Unión. En efecto, esta última está destinada a promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Unión y, en particular, a reducir las desventajas demográficas graves y permanentes que padecen algunas de sus regiones.

Así, el Tribunal General confirma que no puede registrarse una propuesta de iniciativa ciudadana europea para promover el desarrollo de las zonas geográficas habitadas por minorías nacionales. Esta propuesta pretende definir regiones que puedan acogerse a la política de cohesión de la Unión.

Los demandantes argumentaban que “las políticas de la Unión Europea no pueden convertirse en los instrumentos de políticas contra las minorías” y que la Comisión considera que las particularidades de las minorías nacionales pueden tenerse en cuenta de manera adecuada al establecer las Unidades Territoriales Estadísticas a escala de los Estados miembros, no pueden considerarse pruebas que demuestren que la Decisión impugnada se basó, en la práctica, en motivos distintos de los invocados formalmente en ella, cuyo fundamento no ha podido ser cuestionado con motivo del examen del presente recurso, y que acrediten una desviación por parte de la Comisión de las facultades que le confiere el artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento n.º 211/2011.

De ello deduce la magistrada que los demandantes no han aportado, en el presente asunto, indicios objetivos, oportunos y concordantes que permitan concluir que la Decisión impugnada se adoptó con fines distintos de los invocados, en concreto porque no se cumplían los requisitos de registro enunciados en el artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento n.º 211/2011, ya que la proposición controvertida se encontraba manifiestamente fuera del ámbito de competencias que permiten a la Comisión presentar una propuesta de acto jurídico de la Unión para los fines de aplicación de los Tratados. Por consiguiente, desestima por infundada la imputación basada en una desviación de poder cometida por la Comisión.

Por lo que respecta, a la imputación basada en la violación del principio de buena administración realizada por los recurrentes, recuerda que con arreglo al artículo 41.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales: “toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la UE traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable”. Además, resulta que el principio general de buena administración supone, en particular, que la Comisión registre todas las propuestas de iniciativa ciudadana que cumplan los requisitos enunciados en el Reglamento.

En virtud del Tratado UE, un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la Unión, que procedan como mínimo de una cuarta parte de los Estados miembros, podrá tomar la iniciativa de invitar a la Comisión, en el marco de sus atribuciones, a que proponga al legislador de la Unión la adopción de un acto jurídico para los fines de la aplicación de los Tratados (‘iniciativa ciudadana europea’).

 Antes de poder empezar a recoger el número necesario de firmas, los organizadores de la iniciativa ciudadana europea deben presentarla para su registro ante la Comisión, la cual examina en especial su objeto y sus objetivos. La Comisión puede denegar el registro de la iniciativa, en particular cuando el objeto de ésta exceda manifiestamente de sus competencias para proponer un acto jurídico al legislador de la Unión.

De conformidad con estas reglas, los impulsores de la iniciativa, junto con otras cinco personas, presentaron en junio de 2013 a la Comisión una propuesta de iniciativa ciudadana denominada ‘Política de cohesión para la igualdad de las regiones y la preservación de las culturas regionales’.  

Esta iniciativa pretende que la política de cohesión de la Unión preste especial atención a las zonas geográficas cuyas características étnicas, culturales, religiosas o lingüísticas difieran de aquellas de las zonas circundantes (‘regiones con una minoría nacional’). En efecto, según la iniciativa, las regiones con una minoría nacional no constituyen necesariamente una unidad administrativa facultada para beneficiarse de los fondos, recursos y programas de dicha política.

De este modo, el principal objetivo de la iniciativa es permitir que las regiones con una minoría nacional tengan acceso a esas ventajas, con el fin de impedir que resulten económicamente desfavorecidas con respecto a las regiones circundantes.

Mediante Decisión de 25 de julio de 2013,   la Comisión denegó el registro de la propuesta de iniciativa basándose en que ésta estaba manifiestamente fuera del ámbito de sus competencias para proponer un acto jurídico al legislador de la Unión. Los afectados interpusieron entonces ante el Tribunal General de la Unión Europea un recurso de anulación de la Decisión de la Comisión.

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