edición: 2614 , Miércoles, 12 diciembre 2018
04/03/2009

La UE quiere medidas conjuntas para detener la sangría del empleo y evitar el proteccionismo

Javier Ardalán.- La crisis económica no pinta bien en la Unión Europea, fundamentalmente en lo que a las cifras de paro y de quiebras empresariales se refiere. El pasado 1 de marzo en la cumbre informal celebrada en Bruselas por los jefes de Estado de los Veintisiete se llegó a ratificar por parte de la Comisión Europea que habrá rescate de cualquier país de la antigua Europa del Este cuyas dificultades económicas le puedan arrastrar a una suspensión de pagos. Y no es un pensamiento alejado de la realidad más inmediata.
La Unión Europea celebrará en mayo una cumbre monográfica extraordinaria sobre empleo, que se centrará en la gestión de la crisis y los planes de relanzamiento. El objetivo de esta cumbre, a la que se sumarán las reuniones del Consejo Europeo de los días 19 y 20 de marzo, es la de tomar medidas conjuntas y acabar con todas las tensiones entre los Veintisiete, surgidas a raíz de la toma de medidas proteccionistas en algunos de los países asociados.

El fantasma del nacionalismo económico ha resucitado en la UE en situaciones tan delicadas como han sido las huelgas salvajes en el sector energético del Reino Unido contra la llegada de trabajadores de otros países europeos, o como es el plan francés para ayudar al sector del automóvil a cambio de no destruir empleo en Francia.

Europa ha decidido utilizar todo el potencial del Fondo Social Europeo y del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización revisado para paliar en la medida de lo posible la pérdida de puestos de trabajo.

El desempleo se precipita. El clima entre la patronal y los sindicatos se deteriora con el paso de los días. Las propuestas de unos y otros para afrontar la crisis económica están en las antípodas y el diálogo social, lejos de mejorar, parece que se complica por momentos.

En España, el presidente de CEOE, Díaz Ferrán ha reclamado despidos más ágiles mientras que los sindicatos y la Fundación Alternativas, próxima al PSOE, se han decantado por que es necesario estrechar su vigilancia.

Apremiado por la destrucción de empleo, el Gobierno ha puesto en marcha nuevas medidas de carácter urgente para contenerlo, pero se ha quedado sólo. Ni sindicatos ni patronal están dispuestos a apoyarlo. La reforma será aprobada en el Consejo de Ministros del viernes.

La filosofía de la nueva normativa es que antes de que las empresas tengan que recurrir al despido sería conveniente, y siempre bajo condiciones debidamente justificadas, recurrir a otras medidas de flexibilidad como la congelación de sueldos y de contrataciones, las jubilaciones anticipadas, las bajas incentivadas, las recolocaciones o, incluso, las suspensiones temporales de empleo.

Así, se va a incluir la reposición de la cobertura de paro, hasta 120 días, para los despedidos tras un expediente de regulación de empleo (ERE) temporal y la bonificación por un máximo de seis meses y en un 50% de la cotización pagada a la Seguridad Social por las empresas que acuden a la reestructuración laboral a través de esta solución tendrán carácter retroactivo. Ambas medidas, coyunturales, se aplicarán en las regulaciones presentadas entre el 1 de octubre de 2008 y el 31 de diciembre de 2009.

El cambio en los ERE también se producirá en caso de inactividad temporal. Si el trabajador ha agotado su prestación en otros expedientes anteriores contará con una reposición de 90 días. La cuantía a restablecer será la misma que cobró en la última ocasión.
 
El paquete se completa con la eliminación del mes de espera sin percepción de renta alguna por parte de quien ve cómo acaba su prestación de parado y pasa a recibir un subsidio por desempleo; el compromiso de dotar de los recursos necesarios a los servicios públicos de empleo para afrontar la situación actual; y la ampliación de las líneas de liquidez del ICO a las medianas empresas.

Otra medida vinculada a las regulaciones laborales, consiste en promocionar los convenios pactados con la Seguridad Social e impulsar la actividad de los trabajadores que sean objeto de planes de prejubilación.

Sin embargo, en comparación con otros países de  la UE se echan de menos medidas relativas a la política de salarios y beneficios; unificación de los planes de empleo y medidas de fomento; flexibilización de la movilidad funcional, geográfica, así como una habilitación normativa en la Ley concursal que permita a los administradores una mayor autonomía en la gestión del personal laboral afectado por el concurso.

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