La UE ralentiza su competitividad digital, aunque España mejora el acceso a las AA.PP.

El Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) está compuesto por cinco indicadores y permite un seguimiento de la evolución de los Estados miembros de la UE en la competitividad digital. Estos cinco indicadores son conectividad, capital humano, uso de internet, integración de la tecnología digital y servicios públicos digitales.
 
España figura en el reducido grupo de media docena de países (junto con Croacia, Italia, Letonia, Rumanía y Eslovenia) cuya puntuación creció más rápido en el último año y que muestra un desarrollo más rápido que el de la UE en su conjunto, de manera que se ubica en el puesto número 14 de 28 Estados miembros. España, de esta forma, ocupa el cuarto puesto entre los países con mayor crecimiento.
 
No obstante, el progreso europeo se ha ralentizado. Este retroceso ha sucedido en cuatro de los cinco indicadores. Tan solo la dimensión de integración de la tecnología digital ha acelerado su crecimiento.

España está aumentando su rendimiento en conectividad, puesto que el 96% de los hogares ya cuenta con acceso a internet y el 77% a banda ancha, aunque en este último caso con lagunas regionales debidas a la particularidad geográfica de nuestro territorio en comparación con otros países que tienen una orografía más favorable.
 
Sin embargo, cuenta con bajos niveles de habilidades digitales básicas y de uso de Internet, ya que sólo el 54% de los españoles tiene habilidades digitales básicas.  A pesar de ello, en cuanto al uso de internet, los españoles están por encima de la media europea en el uso de servicios de entretenimiento digital, tales como vídeo bajo demanda, música y juegos.
 
En relación a la asequibilidad del servicio de banda ancha, un componente importante en el cómputo final de este indicador, la encuesta europea tiene en cuenta el coste del servicio de conexión a banda ancha stand-alone, es decir, valora el precio de los servicios básicos de internet y teléfono fijo.  Sin embargo, en España los servicios de banda ancha se contratan de forma paquetizada (incluyendo internet, teléfono fijo, móvil y otros servicios), elevando considerablemente el precio final. Los contratos ‘stand-alone’ representan solo el 5 por ciento de la cuota de mercado. 
 
Sus mayores fortalezas se dan en el uso de las tecnologías digitales, por el uso de la tecnología de radiofrecuencia empleada en el llamado internet de las cosas y por las pymes que utilizan la nube. Y, además, por los servicios públicos digitales que es donde España se comporta mejor, gracias a una oferta mejorada de estos servicios.
 
Esta mejora se debe, fundamentalmente, a los efectos de la  Ley del Procedimiento administrativo común (Ley 39/2015) regula la Administración electrónica y obliga a algunos sujetos a relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas, así como de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y de la implantación el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACE), que se va a ver reforzado, ahora con la entrada en vigor del Sistema de Información Inmediata (SII) del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), así como el compromiso con los datos abiertos, asunto en el que se ubica en el segundo puesto en la UE.
 
Este compromiso con los datos abiertos abarca cuatro ámbitos de trabajo: rendición de cuentas, tecnología e innovación, participación ciudadana y transparencia. España viene impulsaldo este área por la política de reutilización de la información del sector público con el proyecto Aporta, del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y el Ministerio de Hacienda y Función Pública en colaboración con Red.es.
 
La revisión en curso de la Agenda Digital tiene como uno de sus ejes principales la transformación digital. El Gobierno seguirá impulsando medidas para incentivar la digitalización de las empresas, como el programa de impulso a la adopción de la tecnología ‘cloud’ (en la nube) que se desarrolló en 2016.