edición: 2363 , Miércoles, 13 diciembre 2017
29/10/2009

La UE sanciona a España, pero fomenta ayudas de Estado ‘verdes’

Javier Ardalán
Las ayudas estatales a las empresas para luchar contra la contaminación son las mejor situadas  hoy en día, junto a las de la sociedad de la información, pero tienen para ser aceptadas por la Comisión Europea, al igual que en otros sectrores a los que sin embargo miran con menor "comprensión", como los de fabricación de automóviles, energía e, incluso, telecomunicaciones. La Comisión Europea estima que en este campo los países comunitarios tienen una ventaja competitiva respecto a terceros países como Estados Unidos, China o India. Al igual que ocurre con la imposición, en la que los Estados han encontrado un auténtico filón para imponer nuevas figuras tributarias basadas en el 'quien contamina paga', los gobiernos comunitarios también se están reciclando en cuestión de ayudas a las empresa.

Así, por ejemplo, la Comisión Europea acaba de autorizar a Italia la concesión de préstamos bonificados a los fabricantes de piezas de vehículos que ya respeten o que superen las futuras normas comunitarias en materia de reducción de emisiones de los coches. En España, la medida ya fue aprobada en marzo para subvencionar los tipos de interés para la producción de vehículos ecológicos.

La propia comisaria de Competencia, Neelie Kroes bendecía esta medida adoptada anunciando que  ayudará a las compañías a adaptar su modelo industrial a los objetivos medioambientales de la UE, sin distorsionar indebidamente la competencia.
 
No deja de parecer un contrasentido esta situación, cuando todavía Francia mantiene el control del Estado sobre Areva, el mayor fabricante mundial de centrales nucleares, y sobre los gigantes France Télécom o Gaz de France. Como se puede comprobar, todos ellos incluidos en la zona de apoyo a las ayudas fomentadas en la actualidad por la Comisión Europea.

El sector se apresta a la vigilancia, puesto que hace tan solo unos meses Competencia comunitaria multó con de 67,6 millones de Siemens, ABB, Alstom, Toshiba, Fuji, Areva y Hitachi por constituir un cártel para controlar el mercado de los componentes eléctricos.

Donde no ha existido cartel, sino apoyo decidido, ha sido en las ayudas concedidas a las entidades financieras para superar la crisis. Alemania ha presentado un total de 26 planes de ayudas públicas como respuesta a la crisis económica y financiera que estalló en el verano de 2008, con lo que es el país europeo con más planes anticrisis, y España sólo cuatro, puesto que su sistema financiero estaba bastante más saneado por el control permanente del Banco de España.

Sin embargo, resulta curioso que en los últimos ejercicios España haya sido el país de la Unión Europea con mayor número de ayudas públicas consideradas ilegales por Bruselas y cuyo montante deben devolver los beneficiarios (una buena parte de estos expedientes se deben a las vacaciones fiscales vascas).

Ahora le llega el turno a la normativa española sobre fondo de comercio, que la Comisión Europea va a declarar como ayudas ilegales. Gracias a esta devolución de dinero, empresas como Telefónica, Iberdrola, Sacyr o Santander pudieron realizar compras en otros países comunitarios.

Las compañías esperan que no existan sanciones a las empresas que se beneficiaron de estas ayudas antes de la apertura del expediente por parte de la Comisaría de Competencia, encabezada por Kroes, aunque el desacuerdo con la vicepresidenta Salgado ha sido grande.

La Comisión Europea declarará ayuda de estado ilegal la normativa fiscal que han aprovechado empresas como Telefónica, Iberdrola o Santander para llevar a cabo su expansión internacional. El Gobierno negocia contrarreloj para lograr, al menos, que Bruselas no exija la devolución retroactiva de esas ayudas, que sumarían 30.000 millones de euros.

Por el contrario, las empresas que se hayan acogido a este régimen fiscal en 2008 y 2009 podrían verse obligadas a devolver las ayudas recibidas y a no percibir las que esperaban recibir.

El camino de la competencia en la Unión Europea es sinuoso y, a veces mortal para las empresas que confían en los incentivos de inversión aprobados por los parlamentos nacionales. Lo más seguro, a partir de ahora, es apostar en verde,

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