edición: 2597 , Viernes, 16 noviembre 2018
05/01/2015
LA OREJA DE LARRAZ

La UE se ha convertido en un laboratorio de medidas para combatir el paro

Xavier Gil Pecharromán

El año en la Unión Europea se inicia con la entrada en vigor de muchas normativas estatales que de formas diversas buscan acelerar el proceso de modernización de la legislación sobre protección del empleo para impulsar el dinamismo laboral y combatir la segmentación, según el Informe conjunto sobre el empleo de la Comisión y del Consejo que acompaña a la Comunicación de la Comisión relativa al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2015.

De esta forma, España ha simplificado los modelos de contrato para las empresas, ha aclarado los procedimientos de despido colectivo y ha promovido el trabajo a tiempo parcial por medio de incentivos contributivos y una mayor flexibilidad en el uso de las horas complementarias. Se ha puesto en marcha el Programa de Activación para el Empleo, más conocido como la nueva ayuda de 426 euros para los parados de larga duración, sin ingresos y con cargas familiares.

La Ley 18/2014, de 15 de Octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, entre otras muchas medidas, introduce una nueva bonificación para los contratos indefinidos realizados a jóvenes menores de 25 años. La bonificación, denominada como Tarifa Joven de Contratación Indefinida, es de aplicación a todas aquellas contrataciones que se efectúen desde el 5 de julio de 2014 hasta el 30 de junio de 2016.

Italia ha flexibilizado las condiciones que han de cumplir las empresas para poder recurrir a contratos de duración determinada y a contratos de aprendizaje y ha impulsado una reforma más global de la legislación sobre protección del empleo y las políticas activas del mercado de trabajo.

En Alemania, desde el 1 de enero de 2015 se generaliza un salario mínimo por hora de 8,50 euros, con un período transitorio que permita algunas excepciones hasta finales de 2016. En esta misma línea, Estonia, Rumanía y Eslovaquia han aumentado el umbral inferior de su salario mínimo nacional para combatir la situación de pobreza de las personas con empleo, mientras que el Reino Unido ha endurecido las sanciones para los empresarios que no aplican los requisitos del salario mínimo nacional.

Por su parte, Austria ha ampliado la obligación de indicar en las ofertas de empleo el salario mínimo establecido por convenio colectivo a todos los empresarios de los sectores en los que no hay convenios.

Varios Estados miembros han implantado mecanismos de fijación de salarios para promover la convergencia de la evolución de los salarios con la productividad. Otros Estados miembros han tratado de mejorar la renta disponible de los hogares prestando una atención especial a los salarios mínimos.

Croacia ha adoptado la segunda etapa de la reforma de su Derecho del trabajo por medio de una nueva Ley que facilita el recurso a tipos de contratos laborales flexibles, como el trabajo a tiempo parcial, el estacional o el temporal, flexibiliza la legislación sobre el tiempo de trabajo y simplifica los procedimientos de despido colectivo.

A raíz del acuerdo global de los interlocutores sociales, Holanda está aplicando la simplificación de los procedimientos de despido, fijando un límite máximo al importe de la indemnización, que se vincula a la antigüedad en lugar de a la edad, al tiempo que han endurecido las normas sobre trabajo temporal, para evitar la segmentación del mercado de trabajo, y han reformado el sistema de prestaciones por desempleo ha limitado a un año la duración del trabajo realizado fuera de una relación de empleo principal, los llamados ‘acuerdos de trabajo’.

Portugal, por su parte, entre otras reformas de gran alcance, ha introducido reducciones en la remuneración de los trabajadores con salarios más elevados de la administración pública. Se han adoptado algunas medidas para reducir la cuña fiscal de la mano de obra, en especial para las personas desfavorecidas, y estimular la demanda de mano de obra y el consumo.

Bélgica ha intervenido para reducir las cotizaciones a la seguridad social a cargo de los trabajadores con salarios bajos, ha eximido a los empleadores del pago de las cotizaciones sociales por la retribución de las horas extraordinarias en determinados sectores y ha ampliado el ámbito de aplicación de la exención de la retención a cuenta para los empleados. Italia ha reducido el IRPF para los perceptores de ingresos bajos en 2014 y ha aplicado una reducción permanente del 10% en el impuesto sobre actividades económicas regionales para los empleadores.

El Gobierno español ha aprobado una propuesta de reforma fiscal que incluye una reducción de siete tipos impositivos a cinco, una ligera reducción de los tipos marginales y un aumento del mínimo exento, lo que aplicará paulatinamente entre 2015 y 2016.

Eslovaquia ha aumentado el umbral de ingresos que exime a los estudiantes del pago de las cotizaciones a la seguridad social, mientras que Estonia ha aumentado la desgravación del impuesto sobre la renta a partir del 1 de enero de 2015.

En el contexto de un paquete de medidas presupuestarias de gran alcance, Letonia ha atenuado la presión fiscal, especialmente para las familias con personas dependientes, mediante el aumento de los umbrales para quedar exento del pago del IRPF y las cotizaciones sociales. Francia ha puesto en marcha por primera vez un crédito fiscal para las empresas calculado sobre la masa salarial, que se completará en 2015 con una disminución de las cotizaciones a la seguridad social a cargo del empleador, y ha adoptado también medidas para reducir el impuesto sobre la renta de los salarios bajos y medianos.

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