edición: 2828 , Viernes, 18 octubre 2019
26/09/2011

La Unión y EEUU se plantean recuperar el acuerdo de intercambio de datos personales que incluya los bancarios y de pasajeros de vuelos

Xavier Gil Pecharromán
La protección de los datos personales ha sido en los últimos años motivo de serios desacuerdos entre la Unión Europea y Estados Unidos, especialmente cuando el Parlamento Europeo mostró su negativa a la  transferencia de datos bancarios a Estados Unidos en el conocido como informe SWIFT, que permite seguir la pista financiera de presuntos terroristas,  ahora parece más cercana la posibilidad de un acuerdo sobre esta materia, así como sobre el intercambio de información de los datos de vuelo de los pasajeros. En ambos casos la Eurocámara dispondrá del derecho de veto.

La cuestión de SWIFT se remonta a 2006, cuando varios medios revelaron que la administración norteamericana estaba accediendo a datos de ciudadanos europeos incluidos en la red financiera SWIFT sin su conocimiento. Como consecuencia de la presión ejercida por el Parlamento Europeo, se han introducido una serie de garantías sobre privacidad para asegurar que la información se utiliza únicamente como parte de medidas anti-terroristas.

Los ministros de asuntos Exteriores de la Unión Europea pusieron fin definitivamente al acuerdo provisional de transferencia de datos bancarios con Estados Unidos a través de la red SWIFT, tras el rechazo expresado por la Eurocámara el 11 de febrero de 2010. Los eurodiputados consideran imprescindible que este tipo de datos sólo sean consultados en el marco de actuaciones antiterroristas, y subrayan la necesidad de encontrar el equilibrio entre la seguridad y el respeto de las libertades fundamentales. Además, lamentan que no se consultara al Parlamento Europeo sobre el acuerdo, y que éste fuera ratificado tan sólo un día antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que hace obligatoria la entrada en escena de la Eurocámara.

Una resolución del Parlamento Europeo reitera que los datos transferidos a las autoridades estadounidenses sólo deberían ser utilizados para luchar contra el terrorismo y que el almacenamiento y el uso de información a tal fin "no debe ser desproporcionado". Los eurodiputados subrayan la necesidad de encontrar el equilibrio adecuado entre las medidas de seguridad y la protección de las libertades civiles y los derechos fundamentales.
 
El texto subraya que la Unión Europea se basa en el Estado de Derecho y que todas las transferencias de datos personales europeos a terceros países "deben respetar las garantías procesales y los derechos de la defensa" y ser conformes con la legislación sobre protección de datos a nivel nacional y europeo.

Según un reciente estudio de la Comisión Europea, tres son los puntos clave que pueden desbloquear definitivamente la negociación. El primero y principal es que a pesar de las diferencias  de orden jurídico a ambos lados del Atlántico, aunque lo que se plantea es no perder de vista el objetivo final, que es la protección de los ciudadanos.

El segundo aspecto responde al esfuerzo que la administración de Obama ha emprendido por redirigir su política en lo que derechos fundamentales se refiere. El compromiso de cerrar Guantánamo, la ruptura con algunas de las técnicas más polémicas empleadas por el anterior gobierno y el reconocimiento de los errores cometidos en el pasado hacen que ahora Estados Unidos reme en la misma dirección que la Unión Europea.

Por último, Estado Unidos pretende conceder al debate entre ambas partes un enfoque más pragmático y menos académico, centrado en lo que ocurrió y no en lo que hipotéticamente podría ocurrir.

La Constitución de los EE.UU. no se refiere explícitamente al derecho fundamental a la vida privada. No obstante, se ha considerada que al menos las Enmiendas Primera, Tercera, Cuarta y Quinta podían definirse como protectoras y fomentadoras de un derecho a la intimidad. La Primera Enmienda protege la intimidad en relación con la libertad de expresión anónima y el derecho a no declarar las afiliaciones del individuo a grupos.  La Cuarta Enmienda protege la intimidad y dignidad privadas contra toda intrusión por el Estado no autorizada. Además, en el asunto Griswold v. Connecticut, el Tribunal Supremo de los EE.UU. sentenció que el individuo tiene un derecho constitucional a la intimidad (intimidad como «autonomía resolutoria».

Se han constatado problemas en relación con la Cuarta Enmienda por lo que se refiere al uso por el Tribunal Supremo del criterio de las aspiraciones razonables de intimidad, que parece denegar, a diferencia del uso que hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la protección constitucional en la mayoría de los casos.

Mientras que las agencias sujetas a la Ley sobre la vida privada han de guardar en sus registros sólo una información mínima «pertinente y necesaria» para realizar sus objetivos, la proporcionalidad de la recogida de datos no está sujeta a condiciones, como es el caso en Europa. Si una información puede surtir efectos negativos para un individuo (reduciendo sus derechos, beneficios o privilegios), la agencia ha de recoger cuantos más datos como prácticamente pueda directamente del individuo y comunicarle el fundamento jurídico, el uso normal a que puede destinarse la información y las posibles consecuencias en caso de que el individuo no facilite la información.

Los individuos a quienes asisten derechos de protección de datos conforme a la Ley sobre la protección de la vida privada quedan definidos como ciudadanos de los EE.UU. o extranjeros legalmente admitidos para una residencia permanente, lo que excluye a los visitantes o demás extranjeros. Los EEUU han establecido varias estructuras y diferentes mecanismos de supervisión, pero no han creado una autoridad central supervisora de protección de datos.

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