edición: 2701 , Lunes, 22 abril 2019
31/03/2011
Jornada de Garrigues, Forética y EADS

La vigilancia y la transparencia, principales blindajes contra la corrupción

Beatriz Lorenzo

La corrupción sigue siendo uno de los grandes enemigos del buen desarrollo de la actividad empresarial. Sin embargo, las compañías que deseen sobrevivir a largo plazo y afianzarse en un escenario económico más sostenible. La lacra es tan corrosiva que el fomento de la transparencia se convierte en el mejor escudo para defenderse de ella. Autores como Bernardo Klinsberg, autor junto con el nobel Amartya Sen del libro “Primero la gente”, aseguran que son también necesarias “vigorosas políticas de reforma y fortalecimiento del poder judicial, apoyo a la profesionalización de las instituciones policiales vinculadas con la investigación de estos delitos, establecimiento de instituciones reguladoras sólidas y dotadas de capacidad técnica efectiva, gestión activa para la recuperación de activos en el exterior.”

La promoción de los mecanismos “anticorrupción” ha protagonizado la jornada'Combatir la corrupción desde las empresas' realizada por EADS, Forética y Garrigues  El acto ha sido inaugurado por el presidente de Garrigues, Antonio Garrigues, y la vicepresidenta de Forética, Yolanda Erburu. En la jornada también ha participado el socio de Garrigues Florentino Ortí, el Director de Compliance de MSD, José Manuel Garcelán, el Compliance Officer de Siemens, Aurelio Pérez y el ex ministro y miembro del Consejo de Administración de EADS, Juan Manuel Eguiagaray. Durante la jornada el presidente de Garrigues ha explicado que  "la corrupción es un reto a nivel nacional y mundial, y la solución pasa por establecer controles y, sobre todo, crear la necesidad de la transparencia".Por otra parte, Eguiagaray ha subrayado que "la corrupción no reduce sólo los ingresos fiscales, sino también la eficiencia económica", por lo que ha considerado que es principal desafío radica en "incluir mecanismos eficientes de denuncias -whistle blowing- dentro de las compañías, así como de rendición de cuentas". Finalmente, Ortí ha recordado las implicaciones que tiene para las organizaciones la reforma del Código Penal que entró en vigor el pasado 23 de diciembre, la que establece que las empresas pueden ser condenadas penalmente por la comisión de determinados delitos de manera autónoma a lo que pueda ocurrir con las personas físicas implicadas.   Además, el Compliance Officer de Siemens, Aurelio Pérez, ha detallado que el programa de compliance que desarrolla la compañía se basa en tres pilares: prevenir, detectar y responder, ya que según Pérez "la corrupción es un problema que afecta a la sociedad en general y que requiere la actuación colectiva de empresas, entidades gubernamentales y ONG para que se puedan lograr avances significativos".

COOPERACIÓN

La lucha contra la corrupción protagoniza también los afanes de la OCDE. El grupo de trabajo sobre soborno constituido por el organismo lleva meses analizando el progreso y desarrollo que están llevando a cabo las empresas de los países que componen dicho organismo en materia de lucha contra la corrupción. Entre los aspectos a estudiar, destaca el análisis de en qué medida se está considerando la Guía de Buenas Prácticas en el seno de las compañías

Según esta guía, que forma parte de la Convención de la OCDE contra la Corrupción, las empresas han de crear controles estrictos y desarrollar programas de cumplimiento como parte de la lucha contra el soborno. Entre otras medidas, se pide que las empresas adopten una política clara y visible contra la corrupción y el soborno que esté firmemente apoyada por la alta dirección, así como inculcar un sentido de responsabilidad para el cumplimiento de estas políticas en todos los niveles de la empresa. Además, se solicita que haya una política de formación y comunicación en materia de soborno y corrupción para todos los empleados que componen las empresas, así como para sus proveedores.

Lo cierto es que, tras la monitorización realizada por la OCDE Watch acerca de la aplicación de las directrices durante la última década se han encontrado corruptelas tales como daños ambientales y violaciones de los derechos humanos en los países en desarrollo. Es obvio que las empresas continúan teniendo una visibilidad parcial, sesgada, de todo lo que tiene lugar en su cadena de suministro; un grave problema que conviene solventar. Una cadena de proveedores realmente responsable requiere una mayor conectividad, colaboración e integración de procesos de red de “partners” para mejorar la visibilidad. Entre las mejores prácticas que las empresas están llevando a cabo para mejorar su visibilidad, destaca la planificación con proveedores, el reaprovisionamiento continuo con clientes o la información electrónica compartida en tiempo real.

De interés es también el cuaderno “La lucha contra la corrupción. Una perspectiva empresarial” de la cátedra “La Caixa” de Responsabilidad Social que asevera que el resultado de tomar partido en la lucha contra la corrupción debe ir más allá que el respeto a la ley. De ese modo, afirma, una  política anticorrupción asimilada dentro de una empresa tiende a la creación de un clima de mayor confianza dentro de la organización y la lealtad con sus stakeholders, mayor calidad de gestión y una sólida reputación que, a largo plazo, se traducirá en mejores resultados económicos, sociales, humanos y ético.

 En materia de gestión de la RSC en las filiales, si bien las empresas españolas han mejorado en lo que a supervisión y control de las prácticas corruptas se refiere, pero en el caso de las multinacionales éstas siguen siendo uno de los grandes problemas, sobre todo en el caso de las filiales en países emergentes. Las empresas españolas no están bien valoradas, por tanto, desde el punto de vista de la responsabilidad social corporativa en los países de América Latina, tal y como revela el reciente estudio 'Valoración de la responsabilidad social de las empresas españolas en América Latina' realizado por el Observatorio de RSC con financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El documento revela que España es un país avanzado en temas de responsabilidad social, aunque no se perciben las prácticas que llevan a cabo las empresas españolas en estos países latinoamericanos, sobre todo, en relación a los sistemas de gestión. Así, el estudio apunta la necesidad de que las empresas mejoren la protección de derechos de los consumidores y su comportamiento social hacia sus trabajadores; factores todos ellos que evitan las corruptelas y favorecen la imagen y la reputación de las compañías.

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