edición: 2510 , Lunes, 16 julio 2018
06/08/2009

La Xunta paraliza el concurso eólico por la "ilegalidad" del proceso

La Xunta anulará hou mismo el concurso eólico al concluir que el proceso aprobado en diciembre por el Gobierno bipartito presenta una falta de "legalidad directa e infranqueable" en lo relativo a la participación pública de la Administración autonómica para autorizar los parques, así como una "grave" inseguridad jurídica respecto al cumplimiento de las exigencias de los proyectos empresariales asociados a cada polígono.

Así lo manifestaron en rueda de prensa el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, y el director xeral de Industria, Ángel Bernardo Tahoces, quienes detallaron las "tachas graves e insalvables de legalidad" del decreto eólico vigente que recoge un reciente informe -de 30 de julio de 2009- de la Asesoría Xurídica Xeral de la Xunta, así como del elaborado por el Consello Consultivo en 2007.

"Seguir adelante con el proceso significaría hipotecar a la Xunta de forma muy grave en el futuro", advirtió Guerra, después de que Bernardo Tahoces recordase que la resolución del concurso eólico fue impugnada a través de más de 50 contenciosos administrativos y tres recursos ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Por ello, el Consello da Xunta aprobará hoy la "paralización expresa" del proceso instruido y la suspensión formal de su tramitación, así como un anteproyecto de ley que regulará el "negocio eólico" en Galicia y establecerá la creación de un canon ambiental con el que se prevé recaudar 30 millones de euros anuales que se destinarán a un fondo de compensación orientado "en su mayor parte" --entre 50% y 100%-- a los municipios en los que estén implantados los parques eólicos y se vean afectados por su impacto visual y paisajístico.

Bernardo Tahoces confirmó, además, que todos los proyectos se ceñirán al Plan Sectorial Eólico y, por tanto, se desarrollarán en las áreas previstas en esta norma de tendrá incidencia supramunicipal y evaluación ambiental estratégica. De este modo, no se permitirá la implantación de aerogeneradores en zonas de Red Natura.

TRAMOS DEL CANON

Este impuesto gravará "todos" los parques que hoy están en funcionamiento en Galicia con una carga que se abonará al final de cada ejercicio. El nuevo tributo establece cuatro tramos en función del número de aerogeneradores de cada polígono eólico.

Así, un parque que no supere los tres molinos no deberá realizar pago alguno, mientras que si dispone de entre cuatro y siete abonará 2.300 euros por cada uno. Una instalación de entre ocho y 15 pagará 4.100 euros por unidad y si cuenta con más de 15 esa carga por molino ascenderá a 5.900 euros.

La cuantía que finalmente se destine a los ayuntamientos se dirigirá a financiar las actividades de recuperación del medio natural, el paisaje, creación de infraestructuras rurales o a primar proyectos de implantación de energías renovables, entre otras. Así, el titular de Industria citó la potenciación de plantas de biomasa forestal o de instalaciones particulares de biogas que permitan a las explotaciones agroganaderas complementar sus rentas.

PARTICIPACIÓN PÚBLICA "IMPOSIBLE" E "INCOMPATIBLE"

El objetivo del Ejecutivo gallego será dar "plena seguridad jurídica" al procedimiento de autorización de los parques eólicos mediante criterios "objetivos" y "ajustados a derecho, aparte de eliminar las actuales "carencias legales y funcionales". Entre ellas, Bernardo Tahoces destacó la anulación de la obligatoriedad de la participación pública, requisito cuyo mantenimiento calificó de "imposible".

Según explicó, esta condición vulnera la libertad de empresa reconocida en el artículo 38 de la Constitución española y, además, conculca la Ley del Sector Eléctrico y la Lei do Patrimonio por las cuales la obligatoriedad de la participación pública en las empresas sería -aseguró- "incompatible" y, en todo caso, requeriría un acuerdo del Gobierno gallego. "Fue autorizada por un conselleiro -el de Innovación e Industria, Fernando Blanco-", apuntó.

En esta línea, defendió que la fórmula de compensación que aplicará la Xunta permitirá una recaudación "sensiblemente superior" a la prevista por el bipartito al estimar que, en los 20 años de vigencia de las primas de un parque eólico y considerando los cerca de 60 proyectos admitidos a trámite, el Gobierno gallego ingresaría 600 millones de euros frente a los 270,7 millones que se percibirían según los criterios del concurso del BNG.

FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO

A través de la futura ley, la Xunta exigirá a los promotores eólicos garantías en la ejecución de los proyectos empresariales asociados, que se concreten en un cronograma para su cumplimiento. El concurso eólico aprobado el 26 de diciembre del año pasado permite, según señaló, que existan "proyectos virtuales y no reales", circunstancia por la que la Xunta concluye que este procedimiento provoca inseguridad jurídica y, así, vulnera el artículo 9,3 de la Carta Magna.

Así, se constituirá una fianza sobre el 2% de la inversión del proyecto para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del promotor que se devolverá cuando la iniciativa empresarial asociada esté "totalmente ejecutada y finalizada".

Otro de los criterios en los que incidirá el Gobierno será el vinculado al desarrollo de la red eléctrica de distribución y transporte para evacuar la energía de los parques al malleado autonómico, al subrayar que, en este punto, el concurso eólico del bipartito registra una nueva vulneración de la Ley del Sector Eléctrico.

A la hora de evaluar los proyectos que opten al nuevo reparto de los 2.300 megavatios, la comisión de valoración considerará el nivel tecnológico y la eficiencia energética; su grado de incidencia ambiental; la conexión a la rede eléctrica gallega de cada parque; el compromiso "firme" y "periodificado" de los procesos empresariales asociados y el plan de restauración y desmantelamiento del parque.

NUEVAS AUTORIZACIONES EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2010

Aparte de la derogación del decreto eólico, la suspensión del concurso y la aprobación del anteproyecto de ley por el Consello da Xunta, mañana está prevista una reunión del titular de Economía e Industria con los promotores eólicos, a los que entregará el borrador de la norma. Como señaló Bernardo Tahoces, las empresas tendrán de plazo hasta el 5 de septiembre presentar sus alegaciones.

Asimismo, indicó que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo solicitará al Parlamento autonómico la tramitación de urgencia del anteproyecto de ley a fin de que esté aprobado "a final de año". Así, en el primer semestre de 2010 serán admitidos a trámite los proyectos eólicos y entre julio y diciembre de ese año se iniciará el proceso de autorización de parques, que estará culminado a finales de ese ejercicio. "Vamos a trabajar como balas", sentenció.

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