edición: 2560 , Lunes, 24 septiembre 2018
14/05/2018

La agencia de recobros IGGSAD, continuadora de SAD, sancionada por la Seguridad Social y Hacienda

Los fondos de inversión y sus agentes hacen caso omiso del incumplimiento contractual de la empresa
Carlos Schwartz
“El incumplimiento de algunas empresas y agencias de recobro de deuda que trabajan para fondos de inversión y agentes de esos fondos violan las condiciones contractuales con sus clientes y éstos, es decir los fondos y sus agentes, o no se enteran o hacen como que no se enteran”, afirma una fuente del sector que supervisa la actividad de algunas de estas empresas para una multinacional que se dedica a invertir en deuda morosa. “El nivel de cumplimiento de las normas éticas en España es muy bajo y habría que vincularlo además con la más que deficiente normativa que proteje a la información es decir a los datos de personas y empresas. Las personas físicas en general además no tienen una estructura que les facilite distraer tiempo para dedicarse a supervisar lo que ocurre con sus datos y gestionar ante la Agencia de Protección de Datos sanciones contra los infractores. Aguantan las intromisiones en su privacidad y tratan de pasar del tema. 
El reciente caso de Facebook es ilustrativo. Ahora la Unión Europea (UE) ha cambiado las normas de privacidad o sea la protección de datos pero no creo que con las nuevas normas haya una protección más exhaustiva… ya veremos”, añade la fuente.

El comentario viene a cuento de que la empresa Servicios de Apoyo al Derecho, S.L. (S.A.D SL),  con sede en Sevilla, fue sancionada por un acuerdo del Consejo de Ministros del 10 de noviembre de 2017 con
225.374,84 euros por un acta de la  Seguridad Social en Sevilla extendida por la Inspección provincial de Trabajo de acuerdo con la reseña del Consejo de Ministros de esa fecha. La sanción fue el final de un largo recorrido porque en realidad S.A.D. SL ya no tenía actividad real porque sus operaciones y su personal, así como sus contratos, se habían traspasado a International Group Gestión & Servicios de Apoyo al Derecho (IGGSAD).  

S.A.D no sólo se encontró con el Servicio de Inspección de Trabajo en su recorrido empresarial, también tuvo que hacer frente al menos a un acta de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que se ocupó de rastrear la existencia de S.A.D. SL hasta desembocar en la nueva sustituta lo que determinó el embargo de cuentas con clientes. “Por lo tanto muchos clientes estaban al tanto del problema y ninguno ha tomado cartas en el asunto. 
Es decir una empresa de recobros que debe dinero a Hacienda y comete infracciones contra la Seguridad Social sigue operando en el mercado sin que nadie le llame la atención”, señala una fuente del sector. “En los contratos se establecen normas de ética profesional, pero las empresas del sector no se caracterizan por respetarlas, pero esto es algo que sus clientes podrían controlar, cosa que por otra parte no hacen. La cuestión adquiere otra dimensión cuando el que actúa por cuenta de acreedoras de deudas adquiridas al descuento es a su turno un deudor moroso de los bancos con los que trabaja y con la Seguridad Social y la Hacienda pública, bonito cuadro”, señala un abogado que presta servicios a fondos de inversión.

De acuerdo con una fuente de un fondo de inversión en deuda morosa los contratos con las empresas de recobro contienen por norma las siguientes condiciones: "La Agencia se compromete a respetar el Código Ético promovido por la Asociación Nacional de Entidades de Gestión de Cobro (ANGECO), así como respetar la legislación vigente y cumplir con los requisitos impuestos por la LOPD y normativa concordante"… "Queda prohibida la utilización de datos ilegales, así como las acciones restringidas por la LOPD"…  "La Agencia se compromete al cumplimiento de sus obligaciones laborales, fiscales, de Seguridad Social y de prevención de riesgos laborales. Su incumplimiento dará lugar a la resolución del presente contrato sin derecho a contraprestación alguna".

En el caso específico de IGGSAD esas condiciones no se han dado y de acuerdo con varias fuentes del sector “mantiene un conflicto con una decena de empleados desde hace más de un año por incumplimiento de condiciones contractuales. Los empleados reclaman sueldos atrasados, complementos, categorías profesionales no reconocidas, y sus correspondientes indemnizaciones. 

De acuerdo con esas fuentes los clientes de IGGSAD están al tanto de esta situación, como es el caso de TDX Índigo que actúa como agente principal de Iberia Inversiones, un fondo con sede en Dublín que es propiedad de Deutsche Bank. El caso de Iberia Inversiones no es una excepción ya que la mayoría de los fondos que se dedican a la adquisición de deuda morosa están registrados fuera de España con el objetivo de reducir su tributación sobre las plusvalías obtenidas que no son pocas si se tiene en cuenta que por un paquete de deuda con un nominal de 1.700 millones de euros un fondo no suele pagar más de 50 millones de euros o sea alrededor del 3% del valor nominal o tres céntimo por euro. De tal suerte que a poco que recuperen tienen un beneficio muy alto. 

IGGSAD tiene un gran volumen de contratos y trabaja para las grandes del sector como Lindorff, Tdx Índigo, Kruk o Intrum Justitia y mantiene un nivel muy cuantioso de expedientes abiertos. La asociación que engloba a las empresas de recobro se llama ANGECO y también tiene sus normas éticas que no difieren de las de los fondos de inversión, lo cual quiere decir que tampoco ANGECO se ocupa de que sus asociados guarden las formas. En su página web IGGSAD dice que su CIF es el B41951872, mientras que de acuerdo con el registro mercantil el CIF que se corresponde con ese nombre es el B90024373 . 

La confusión se resuelve por la existencia de la otra sociedad, Servicios de Apoyo al Derecho cuyo CIF si coincide con el primero. En la página web la sociedad afirma que está activa desde 1996 pero IGGSAD inició sus operaciones en 2012. Datos que cuadran con el hecho que S.A.D SL dejó de operar para ser sustituida por IGGSAD, tal como han señalado las fuentes de este artículo.  Estas incongruencias no han evitado la acción de Hacienda y de la Seguridad Social.

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