edición: 2786 , Miércoles, 21 agosto 2019
26/02/2019
LA OREJA DE LARRAZ

La Autoridad Laboral Europea impulsará la movilidad laboral de los profesionales europeos

Javier Ardalán
El Comité de Representantes Permanentes (Coreper) del Consejo europeo deberá aprobar el acuerdo provisional aprobado por la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la propuesta de la Comisión de crear una Autoridad Laboral Europea (ALE).
Este nuevo organismo de la UE apoyará una movilidad laboral justa en el seno de la UE, de forma que los ciudadanos y las empresas puedan aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado único, al tiempo que buscará el apoyo a la cooperación entre las autoridades nacionales, en particular para prevenir y combatir el fraude social y los abusos. 

Una vez que los Representantes Permanentes de los Estados miembros confirmen el acuerdo, este se someterá a una votación final en el pleno del Parlamento Europeo.

La Autoridad Laboral Europea simplificará la configuración institucional actual en el campo de la movilidad laboral y la coordinación de la seguridad social mediante la puesta en común de las tareas operativas que actualmente se encuentran dispersas en diferentes órganos de la UE en una estructura permanente que proporciona un foro reforzado para la cooperación y las actividades de investigación conjuntas.

Al hacerlo, la Autoridad integrará cuatro órganos existentes de la UE: el Comité Técnico sobre la libre circulación de trabajadores, el Comité de Expertos en Despacho de Trabajadores, la Plataforma Europea para mejorar la cooperación en la lucha contra el trabajo no declarado y la Oficina de Coordinación de la Red Europea de Servicios de Empleo (EURES).

La Autoridad cooperará estrechamente con los organismos de la UE que continúan operando bajo su configuración actual, como la Comisión Administrativa para la Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social, el Comité Asesor para la Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social y el Comité Asesor sobre la libre circulación de Trabajadores, con el fin de garantizar la complementariedad en su trabajo. Esta racionalización del panorama institucional creará sinergias valiosas y eliminará las duplicaciones, mejorando así la calidad de las discusiones y los resultados de las políticas.

Cuatro agencias de la UE operan actualmente en el ámbito de la política de empleo: la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound), el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop), la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) y la Fundación Europea de Formación (ETF). 

La Autoridad Laboral Europea cooperará estrechamente con estas agencias para garantizar la complementariedad y coherencia con sus actividades. Las sinergias pueden desarrollarse basándose en su experiencia, por ejemplo, en términos de previsión de habilidades, salud y seguridad en el trabajo y abordar el trabajo no declarado. 

La Autoridad Laboral se apoyará en esto para respaldar sus propios análisis y evaluaciones de riesgo sobre temas en el campo de la movilidad laboral transfronteriza. Varios comités administrativos y redes existentes también se integrarán en la Autoridad, para simplificar la cooperación entre los Estados miembros y eliminar la fragmentación.

La Autoridad también cooperará con otras agencias de la UE cuando sea relevante, por ejemplo, Europol y Eurojust, en asuntos relacionados con las actividades delictivas en el área de la movilidad laboral.

En la actualidad, unos diecisiete millones de ciudadanos europeos viven o trabajan en otro Estado miembro, el doble que hace una década. La UE ha desarrollado un corpus legislativo importante que regula diferentes aspectos de la movilidad, y en particular el desplazamiento de trabajadores y la coordinación de la seguridad social. 

Sin embargo, hacer que se cumplan de forma efectiva las normas de la UE en todos los Estados miembros es una tarea compleja que requiere que las autoridades nacionales cooperen e intercambien información entre sí de forma estructurada, y que exige también contar con recursos para la realización de actividades comunes, como organizar inspecciones conjuntas o formar personal nacional para hacer frente a asuntos de ámbito transfronterizo. 

Para abordar estas cuestiones, la Autoridad Laboral Europea (ALE), propuesta por la Comisión en marzo de 2018, se centra en ayudar a los Estados miembros a proporcionar información y servicios a los ciudadanos y a las empresas; facilitar la cooperación y el intercambio de información entre los Estados miembros y prestarles apoyo mediante inspecciones concertadas y conjuntas, a fin de luchar contra el fraude, los abusos y el trabajo no declarado; y mediar entre los Estados miembros en caso de litigio.

La Autoridad Laboral tendrá la responsabilidad de dar apoyo a la red EURES y asumirá y reforzará las actividades de la plataforma europea para intensificar la cooperación en la lucha contra el trabajo no declarado.

Sus actividades estarán relacionadas con la legislación sobre movilidad laboral y desplazamiento de trabajadores, con la coordinación de la seguridad social y con la normativa específica en el sector del transporte por carretera.

No se crearán nuevas competencias a nivel de la UE, y los Estados miembros seguirán siendo plenamente responsables de hacer cumplir la normativa en los ámbitos laboral y de la seguridad social. El valor añadido de la Autoridad consiste en facilitar la cooperación entre los Estados miembros, racionalizar las estructuras existentes y proporcionar apoyo operativo, a fin de garantizar una aplicación más eficiente de la normativa, en beneficio de los ciudadanos, las empresas y las autoridades nacionales. 

Este ejercicio de racionalización también aportará ventajas financieras, ya que la racionalización de los organismos existentes a nivel de la UE permitirá economizar recursos. Por otra parte, con el apoyo de la Autoridad Laboral, los Estados miembros podrán recaudar las cotizaciones a la seguridad social de manera íntegra y de forma más eficiente que hasta ahora. 

Por último, al prestar apoyo técnico y logístico, la Autoridad reducirá la carga de los Estados miembros. A este respecto, se prevé que los beneficios financieros compensen muchos de los costes de funcionamiento de la Autoridad, cuyo presupuesto anual estimado será de unos 50 millones de euros. Su plantilla será de unas ciento cuarenta personas, de las cuales sesenta serán expertos enviados en comisión de servicios por sus Estados miembros, en particular para la función de funcionarios de enlace nacionales.

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