edición: 2805 , Martes, 17 septiembre 2019
12/02/2019
LA OREJA DE LARRAZ

La CNMC considera necesario que se denuncie el fraude en concursos públicos

Javier Ardalán
Los contratos públicos suponen cerca del 20% del PIB español, lo que asciende a unos 200.000 millones de euros anuales. De ahí que un cambio normativo en la legislación estatal que los regula tiene una gran repercusión para la economía. 
El año pasado, entró en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se transponen a nuestro ordenamiento dos directivas comunitarias. Con ello se persigue, entre otros objetivos, favorecer el acceso de las pymes a los contratos públicos, extender el uso de los medios electrónicos, reducir los plazos y evitar el fraude.

Con la nueva Ley, el máximo para los contratos menores de obras, que se adjudican sin concurso es de 40.000 euros, 10.000 menos que con la normativa europea. El máximo de los contratos menores de servicios es de 15.000 euros, cuando antes era de 18.000. Finalmente, la cuantía máxima de los contratos de obra del nuevo procedimiento llamado 'supersimplificado' es de 80.000.

Sin embargo, los acuerdos secretos entre empresas competidoras para la fijación de precios u otras condiciones comerciales, el reparto de los mercados o de los clientes, o el reparto fraudulento de las licitaciones públicas o privadas, perjudican gravemente los intereses económicos generales y afectan de manera muy perjudicial a la competencia, a los consumidores y a las empresas que cumplen las normas.

A pesar de estos límites, en los últimos años, la CNMC ha sancionado a varias empresas cuyas prácticas anticompetitivas han afectado a la contratación de servicios públicos. Así, se ha constatado en el expediente de los pañales para adultos, que afectó a la Seguridad Social, el de la recogida de basuras (a varios ayuntamientos en sus concursos para las recogidas de residuos), en el de las construcciones modulares (utilizadas para colegios o instalaciones educativas), en los desvíos ferroviarios de ADIF (algunos tramos del trazado del AVE) o en el de mudanzas internacionales (contratación de estos servicios para los traslados de funcionarios).

Estos son algunos ejemplos, que destaca la CNMC realiza una campaña para solicitar la colaboración de los órganos de la Administración Pública, que son los encargados de realizar los contratos. Desde hace tiempo, el regulador imparte charlas formativas en diferentes administraciones y ahora pone a disposición una guía que facilita el proceso y permite comprobar en diez sencillos pasos si el proceso de licitación se ha realizado correctamente.

Los principales indicios de manipulación de concurso, según la CNMC pasan por estar ante un número reducido de licitadores; ofertas incoherentes de un mismo licitador; similitudes sospechosas de las ofertas licitadas; sospechas de boicot; ofertas no competitivas; patrones de comportamiento sospechoso entre las empresas licitadoras; subcontratación no justificada entre empresas licitadores; ofertas presentadas por las mismas personas físicas; ofertas económicas de idéntica redacción; una UTE entre empresas sin justificación alguna.

La CNMC ha detectado y sancionado manipulaciones de licitaciones públicas y privadas en todos los sectores de la economía en los últimos años. A la vista de las conductas ilícitas detectadas se ha decidido intensificar la persecución de los acuerdos que realizan las empresas para no competir en las licitaciones públicas. Estos acuerdos constituyen infracciones de la legislación de competencia y como tales se encuentran severamente castigados.

Sin embargo, el carácter secreto de este tipo de acuerdos para no competir en las licitaciones con la Administración hace imprescindible la colaboración de los Órganos de Contratación y requiere que éstos puedan informar a la CNMC cuando detecten alguna conducta sospechosa en sus concursos.

Este organismo anima a los participantes en órganos de contratación a ponerse en contacto con este organismo, incluso de manera confidencial y anónima en el caso de que detecten algunos de estos indicios.

La contratación pública supera el 15% del PIB de España. Se ha estimado que la falta de competencia en las licitaciones públicas impone sobrecostes de aproximadamente 40.000 millones de euros anuales. Por esta razón, la CNMC ha redoblado los trabajos en la detección de indicios de cualquier tipo de comportamiento anticompetitivo de las empresas oferentes en los concursos.

Para solucionar esta falta de competencia y aumentar la eficiencia en el uso de los recursos públicos propiedad de todos los ciudadanos, la CNMC insiste en la necesidad de mejorar el diseño de los concursos que realizan las distintas administraciones. El objetivo es que las cláusulas en los pliegos de contratación no incluyan restricciones injustificadas a un aprovisionamiento competitivo.

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