edición: 2474 , Viernes, 25 mayo 2018
19/04/2018

La deuda pública sigue creciendo imparable mientras el Gobierno reduce los ingresos fiscales

El Fiscal Monitor del FMI advierte de que la deuda pública de las economías avanzadas está en máximos
Carlos Schwartz
La deuda de las administraciones públicas según el protocolo de déficit excesivo utilizado por la contabilidad nacional ha crecido 12.000 millones de euros en febrero respecto de enero de este año, de acuerdo con las cifras publicadas por el Banco de España. El incremento de la deuda de las administraciones públicas ha sido de 42.000 millones comparado con febrero del año pasado. La cifra total a febrero era de 1.158.379 millones de euros, es decir redondeando con decimales a dos dígitos 1,16 billones. Si se tiene en cuenta que el producto interior bruto (PIB) según las estimaciones del Banco de España fue el año pasado de 1,164 billones, quizá en términos técnicos precisos y sin el redondeo estemos en torno al 99% del PIB. Esto siempre es en parte una ficción porque las cifras del protocolo de déficit excesivo dejan fuera una buena cantidad de partidas que si bien constituyen deuda de las administraciones no entran en esta suma. Si se tienen en cuenta todos los pasivos de las administraciones públicas el saldo es superior a los 1,5 billones de euros y por lo tanto en torno al 150% del PIB. 
Mientras tanto, el Gobierno ha convertido en eje de su política de empleo las bonificaciones y reducciones de las cuotas sociales pagadas por las empresas y tolera los sueldos miserables que rigen en España que han sido promovidos por su política de devaluación interna que es otra de las patas de su política de empleo. Como era de prever las rebajas de las cuotas, los sueldos de miseria y la precariedad laboral tienen la consecuencia inmediata de reducir los ingresos de la Seguridad Social (SS). Una consecuencia que se subsana mediante los créditos del Tesoro a la SS, que a su turno cuadra las cifras mediante nueva deuda. 

Hasta ahora este andamiaje ha servido para el encubrimiento del destino del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, su saqueo en beneficio de las empresas subsidiadas mediante bonificaciones y reducciones. El Ministerio de Hacienda pasa por encima de esta circunstancia afirmando que la administración del Estado es un sistema de caja única y que hablar de FRSS es impropio, finalmente todos son recursos del Estado.

Lamentablemente una parte sustancial de esos recursos en el caso de la SS son parte del sueldo percibido por los trabajadores y apartado como salario diferido para su disfrute al acabar su vida laboral. Por añadidura, en año casi preelectoral se reducen los impuestos, lo que supone menores ingresos para la administración pública sin contar con que el sistema fiscal español ha ido perdiendo su progresividad a expensas del clientelismo electoral conservador de año en año. Y habrá más, al menos bajo forma de promesas electorales.

No cabe la menor duda de que este escenario es en buena medida una consecuencia mediata de la gran recesión y de las políticas conservadoras aplicadas para hacer frente a la caída de la demanda y al estancamiento de la producción desencadenados por la crisis financiera internacional. Una herencia de la crisis pero también un producto de la política para enfrentarla a escala nacional e internacional. Por si cupieran dudas el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó en su Fiscal Monitor un extenso artículo en el que señala que la deuda pública de las economías avanzadas en los últimos cinco años representa en torno al 100% del PIB y se encuentra en un máximo histórico a excepción de las tasas registradas tras la segunda guerra mundial. 

El FMI argumenta que la política de responder a la crisis con medidas fiscales agresivas era correcta hace una década en la eclosión de la crisis. Pero advierte que el proceso de reducir el endeudamiento que esas políticas han generado ni siquiera ha comenzado y para que su reducción sea sensible se deberá esperar mucho tiempo. De acuerdo con las previsiones del Fondo, en 2023 la deuda seguirá en torno al 100% del PIB y esto contando con que el crecimiento de las economías desarrolladas siga siendo robusto, algo que el propio FMI pone en cuestión. El endeudamiento público en el contexto de la segunda guerra mundial era más alto que el registrado en la actualidad, pero su reducción fue mucho más rápida y en 5 años bajó al 80% del PIB y a los 15 años representaba un 45% del PIB. Claro que en estos datos hay que computar el crecimiento del PIB al entrar en la era de paz por comparación con las economías de guerra en un periodo que se destacó por la destrucción de fuerzas productivas.

Por lo tanto es probable que buena parte del efecto sea relativo a la expansión del PIB. Pero en todo caso estamos ante un dato sumamente alarmante porque equivale a decir que los efectos de la gran recesión han adquirido las dimensiones financieras de una guerra mundial.

Mientras tanto no todo es endeudamiento público. De acuerdo con las cuentas financieras de la economía española para el cuarto trimestre del año pasado la deuda bruta de las sociedades no financieras y de los hogares y las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares era de 1,84 billones de euros al cierre de diciembre lo que representa el 158,1% del PIB. Esta se descompone en un 96,8% del PIB para las empresas no financieras y un 61,3% para los hogares e ISFSLH.

Dados los bajos tipos de interés y las tasas de crecimiento internacionales no es previsible que en lo inmediato haya un riesgo de impago de las deudas públicas por el efecto de la carga de los intereses y la caída de los ingresos fiscales. Sin embargo, no es fácil hacer una previsión de lo que va a ocurrir en el futuro en la medida que los bancos centrales a escala internacional se proponen incrementar los tipos de interés para acabar con la política de dinero fácil. 

Pero uno de los problemas que la situación actual de endeudamiento público deja planteado es que en caso de una nueva crisis económica internacional no habrá margen de maniobra en materia de política fiscal ya que el efecto de ésta se ha agotado con la experiencia de la gran recesión y la acumulación de una deuda sin precedentes que la economía internacional se muestra incapaz de reducir y sacar de circulación. Es decir que la capacidad de reacción a una nueva crisis se ha frustrado ex ante por la incapacidad de reducir la deuda pública. 

La pregunta que preocupa a los diseñadores de esta política anticíclica es hasta dónde los inversores estarán dispuestos a financiar una nueva recuperación a base de más deuda pública, y hasta dónde esa nueva expansión fiscal será capaz de ocasionar un reanimamiento de la economía mundial. “Los altos niveles de deuda de los gobiernos hacen difícil el desarrollo de políticas anticíclicas, especialmente en las condiciones de una crisis financiera”, señala el Fiscal Monitor y añade que “La combinación de niveles excesivos de deuda pública y privada puede ser peligrosa en condiciones de un retroceso económico porque prolongaría la recesión en curso”.

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