edición: 2847 , Viernes, 15 noviembre 2019
11/09/2019
banca 
Desplaza a la política como estrella de los tribunales

La dudosa transparencia hipotecaria devuelve a la banca al primer plano de la litigiosidad 

BBVA-Villarejo, Orcel-Santander, Popular, preferentes, subordinadas, cláusulas suelo, escrituras… y ahora el índice IRPH con millones de clientes dispuestos a reclamar. Se diría que el sector no gana para pleitos
Juan José González
Sirva una referencia matemática para expresar lo que sucede en la relación del sector bancario con la clientela: mientras la relación de problemas crece en proporción aritmética, la de clientes, damnificados lo hace en proporción geométrica. Y el resultado es el crecimiento exponencial de las denuncias, reclamaciones y litigios, aspecto judicial este que devuelve al sector al primer plano de conflictividad judicial, desplazando, incluso, a los pleitos políticos, también numerosos. El letrado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea duda de la fórmula matemática que sirve de base en el cálculo del IRPH, el índice que sirve para fijar el coste de una hipoteca y que considera poco transparentes. Así pues, nuevo litigio que animará a millones de afectados clientes a reclamar millones de euros a los bancos. Si con las cláusulas suelo los tribunales españoles entendieron que sólo se trataba de una primera fase de la litigiosidad bancaria, con la opinión (no vinculante pero muy útil para reclamar ante los tribunales) del abogado general del tribunal europeo la explosión de los pleitos se puede dar por hecha. Es este uno más, un nuevo quebranto y problema acreditado por la opinión de un tribunal que ahora se convierte en materia prima para miles de reclamaciones. De nuevo un golpe a la banca que sitúa y devuelve al sector al estrellato de la litigiosidad, el peor lugar para sus cuentas y para su imagen.
Reclamaciones en marcha, arranque de nueva conflictividad que auguran el disparo de la litigiosidad bancaria en los tribunales de Justicia, seguramente la estrella de los pleitos en los próximos meses, capaz de desplazar a la otra litigiosidad, la política, aunque esta no parece dispuesta a renunciar a nuevas tardes de gloria. Lo cierto es que entre emisiones preferentes, obligaciones subordinadas, y algunas salidas a Bolsa impresentables, polémicas, los jaleos a cuenta de las cláusulas suelo, los costes de escrituras y demás, la relación de irregularidades bancarias ha conseguido llevarse por delante la reputación de buena parte del sector y de otra buena parte del oficio de banquero. (Esto último sin entrar en la utilización de los recursos del banco por algunos directivos -tarjetas black- o pensiones por parte de algunos directivos o, incluso la política de retribución de algunas entidades).

Es por todo por lo que no debe extrañar el crecimiento de damnificados y la caída en picado de la reputación, un objetivo, por cierto que iba a marcar el trabajo de la Asociación Española de Banca (AEB) y en la que no parece haber obtenido algún logro tangible. Si bien la inactividad de la patronal en los asuntos de reputación o de corrección de algunas prácticas como las señaladas anteriormente, no ha brillado, tampoco se puede decir que hayan destacado los trabajos e iniciativas del Gobierno (en la búsqueda de procedimientos para evitar los litigios) como tampoco del sector bancario de forma individual. Incluso se conoce algún caso en el que un banquero acusaba de la alta litigiosidad a una batalla personal de algunos jueces contra el sector.

La conflictividad hipotecaria mostrada en una deficiente aplicación de las cláusulas suelo primero, y la escasa transparencia en el índice de referencia hipotecario después, situan al sector bancario en primera línea de conflicto con la clientela y ante los tribunales. De la lectura de la opinión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se desprende que la escasa transparencia de las hipotecas referenciadas al índice IRPH conlleva costes y pérdidas para los clientes que se pueden considerar injustos, lo que abre la puerta para miles y miles de clientes `aludidos´ consigan una sentencia favorable a una reclamación cuya base sirve ahora en bandeja el alto tribunal europeo.

Hay un antecedente interesante, previo a la opinión expresada ayer por el Tribunal de Justicia Europeo, a propósito de las cláusulas suelo. Entonces, 2017, el Gobierno reaccionó bien aprobando una norma (enero de 2017) que  obligaba a las partes -banco y cliente- a la búsqueda de una solución a los fallos en algunos contratos hipotecarios por la aplicación de la citada cláusula, que afectaba a casi millón y medio de clientes, y que, obviamente no esperaron mucho tiempo para acudir al banco a renegociar condiciones o acudir a los tribunales. Parece que se eligió la primera vía y no la segunda, lo que sin duda habría colapsado, más si cabe, el sistema judicial, muy ocupado en otro tipo de litigiosidad. De aquella norma el sector se apuntó un coste (estimado en 4.000 millones de euros) que se reflejó en las cuentas de resultados de 2017, y también una lección en la aplicación de la transparencia que es, precisamente, la base de la apreciación que ahora señala el tribunal europeo.

Con independencia de que la Justicia debería proponer alguna iniciativa en orden a orientar vías de resolución adecuadas de estos conflictos bancarios, que no necesariamente deberían someterse al tortuoso camino que marcan algunos tiempos procesales, el sector deberá profundizar en la reflexión, para evitar actuaciones contrarias a los intereses de los particulares, de la clientela. Que el sector pueda justificar financieramente la aplicación de unos costes o de un indicador concreto, no significa que se puedan justificar. Y los jueces del tribunal europeo acaban de expresarlo de forma clara y paladina.

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