edición: 2784 , Lunes, 19 agosto 2019
26/06/2018
banca 

La EBA advierte de que son necesarias medidas preventivas para una salida de Reino Unido sin transición

La Autoridad Bancaria provoca enfado en Londres pero deja abierta la cuestión para los reguladores
Carlos Schwartz
La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) ha emitido una opinión que está destinada a las entidades bancarias de los 27 miembros de la Unión Europea que mantengan operaciones con Reino Unido (RU) de un lado y las entidades bancarias de la City en su relación con los 27 países de la Unión. El regulador señala que el Reino Unido en ausencia de un acuerdo para un periodo transitorio deberá abandonar la UE, es decir el mercado único, de acuerdo con el artículo 50 del Tratado en marzo de 2019. Afirma que de acuerdo con su revisión el progreso de las entidades financieras en la preparación para una salida de Londres sin un acuerdo para la transición “es inadecuado”. Señala que el acuerdo político reciente para un periodo transitorio, “mientras que es bienvenido, no supone ninguna seguridad legal hasta que el acuerdo para la retirada no sea ratificado al final del proceso para la salida del Reino Unido de la UE”. Permanece la posibilidad material de que pese a los “mejores esfuerzos de ambas partes para concluir un acuerdo de retirada ratificado” ello no sea posible en cuyo caso el RU abandonará la UE el 30 de marzo de 2019 “por imperativo legal sin un periodo transitorio y que las acciones necesarias para mitigarlo requieren tiempo y se deben acometer sin más demora”. “Esta opinión por lo tanto resalta las expectativas de la EBA relativas a la intervención de las autoridades competentes para asegurar que las instituciones financieras se preparen adecuadamente para esta situación, al mismo tiempo que cumplen con sus obligaciones respecto de sus clientes en estas circunstancias”.
El regulador europeo, que tiene de momento su sede en Londres, señala en su opinión que a través de sus contactos con las autoridades competentes ha revisado el nivel de preparación para esta contingencia por parte de los bancos del sistema “y es de la opinión de que esta preparación debe avanzar de forma más rápida en una serie de áreas. En casos en los que la planificación se está llevando adelante, algunas instituciones financieras parecen estar demorando iniciar las acciones necesarias”. El tiempo para adoptar estas acciones requeridas se está agotando afirma, y señala que las instituciones financieras no deben confiar en soluciones del sector público, ya que estas “pueden no ser propuestas o acordadas”.

La EBA dice ser conocedora de que adoptar las medidas necesarias tiene costes, “esta es sin embargo una consecuencia inevitable de la salida del Reino Unido de la UE”, señala la opinión difundida por el regulador.

El documento ha provocado una fuerte reacción en los medios financieros británicos y profundo disgusto en el Banco de Inglaterra cuyo Gobernador hasta ahora ha defendido la tesis contraria. Es decir que la salida del RU de la UE no tiene por qué suponer una operación disruptiva y que podría hacerse de forma organizada y sin fisuras o discontinuidades contractuales. Pero la posición de la EBA que advierte que ciertas operaciones y riesgos mantenidos con entidades con sede en el RU podrían implicar un mayor coste por una eventual cobertura de los riesgos por tratarse de operaciones con residentes en un tercer país ha levantado ampollas.

Las posiciones fijadas por la Autoridad Bancaria son un claro recordatorio de que la salida de la UE tiene un precio de un lado pero del otro deja al desnudo una lucha de fieras por el control de parcelas de negocio que hasta ahora eran un casi monopolio de la City de Londres. Los problemas de la obtención de liquidez por la vía de las entidades centrales de contrapartida (ECC) establecidas en el RU es uno de los capítulos duros de estos preparativos.

Caen bajo la lupa de la EBA quien señala que se deben revisar de forma adecuada. La posición se ha convertido en uno de los disparos por encima de la proa del negocio bancario británico más contundentes. No está claro como va a afectar esta posición a los bancos de un mismo grupo con operaciones significativas en el RU aunque sean personas jurídicas independientes por los eventuales riesgos cruzados que puedan mantener.

Es llamativo que el documento en los hechos rescata el criterio de que las fuentes de liquidez en euros deben estar basadas en países miembros de la unión monetaria europea al sugerir la posibilidad de que las líneas de liquidez que estén basadas en operaciones con ECC situadas en RU pueden implicar costes por regulación como mayores requisitos de capital. Bajo estos criterios también caen los instrumentos de capital que se puedan emitir en ese mercado. 

Una de las cuestiones sin resolver es la vigencia de los contratos después de la salida del Reino Unido y la ausencia de un periodo transitorio podría alterar en gran medida la proyección de este obstáculo. De acuerdo con las aseguradoras, hay 26 millones de contratos de seguros que afectan a empresas con sede en la Unión Europea que requerirían modificaciones. 

En materia de derivados, de acuerdo con fuentes del sector, hay del orden de 26 billones de libras en contratos vigentes. La EBA, al señalar que los bancos no deben confiar en que habrá una solución por parte de las autoridades públicas para este tipo de problemas, por ejemplo mediante una decisión administativa de validación automática de los contratos, está llamando concretamente a estudiar esos contratos y adaptarlos desde ahora a la contingencia de que no haya un periodo transitorio en la salida británica. “Las instituciones financieras deben identificar que contratos existentes o futuros se verán potencialmente afectados (incluidos contratos de derivados). 

Asuntos vinculados a estos contratos pueden en particular incluir aquellos relacionados con el desarrollo de actividades auxiliares o actividades que requieran permisos específicos del regulador”. El largo catálogo de prevenciones y cautelas resalta que para la industria financiera basada en el euro lo que está en disputa es una tajada significativa de un negocio multimillonario que ha complementado la balanza de pagos británica en las últimas décadas.

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