edición: 2597 , Viernes, 16 noviembre 2018
31/10/2018
banca 
Elevado riesgo potencial de las demandas pendientes

La factura judicial, incalculable, provoca fuertes desajustes en las cuentas bancarias

Al supervisor le parecen escasos los 7.800 millones de provisiones específicas que mantiene el sector por los 33.000 millones de riesgo potencial
Juan José González
Los servicios jurídicos de los grandes bancos registran tasas de actividad desconocidas en los últimos tiempos como consecuencia del aluvión de demandas que reciben los juzgados contra el sector bancario. Un ingente volumen de trabajo que se traduce en la práctica en una revitalización de los departamentos jurídicos de las entidades, la consideración de los servicios jurídicos como un centro de mayor interés y casi al mismo nivel de una unidad de negocio, aunque en este caso, sea más bien de todo lo contrario. Un reciente estudio de analistas del sector estima que el coste potencial de la factura judicial que tiene por delante el sector en España asciende a casi 33.000 millones de euros. Esta cifra no tiene en cuenta los otros costes que conllevan las denuncias tales como las costas judiciales, si el fallo es en contra, así como los intereses de las cantidades adeudadas a lo largo del tiempo de la demanda y el fallo. Es decir, el riesgo que recae en la actualidad sobre las espaldas abiertas del sector, viene provocando en los últimos ejercicios desajustes a la hora de presentar las cuentas, trimestrales y anuales, habida cuenta que la factura potencial creciente por el también aumento de las demandas de clientes y consumidores, no sólo es un factor de incertidumbre para el banco, en tanto que riesgo real, sino que también obliga a las entidades a mantener el nivel más adecuado de provisiones específicas, y que según algunos cálculos se estarían acercando a los 7.800 millones de euros. Las últimas novedades, hipotecarias, avisan de un más que probable aumento de la factura.
Las demandas se convierten en gastos, costes en la mayoría de las ocasiones por cobros indebidos. Indebida es, a tenor de los fallos judiciales conocidos, la comercialización de productos complejos entre inversores no informados (o mal informados). También es indebida la opacidad en algunos casos de las cláusulas suelo y así un buen número de motivos que están animando a los consumidores y clientes bancarios a reclamar miles de millones a los tribunales de justicia.

Sobre el papel, preocupa a los departamentos jurídicos de la banca el montante final de cada reclamación que una vez en el juzgado es analizada por los letrados y resuelta mediante una sentencia del juez. Los daños de la misma, en términos financieros es un gasto que debe estar provisionado por la entidad bancaria, aunque no parece que el importe dedicado a provisionar estos riesgos judiciales sea el más adecuado al volumen de las demandas como tampoco a la cuantía creciente de las reclamaciones.

Y se consideran insuficientes a tenor de la potencial cuantía que alcanzan las causas pendientes, en torno a los 33.000 millones de euros sin contabilizar los costes relativos a las costas judiciales ni, por supuesto, el pago de los intereses, asunto éste tan variable como impredecible o incalculable. En medios del sector, y en base a una opinión del Banco de España, se estima que los cerca de 7.800 millones de euros que tiene provisionado el sector (en especial los más grandes como Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell y Bankia) son, actualmente, insuficientes para el volumen pendiente de fallo judicial.

Medios jurídicos especializados en demandas judiciales por reclamaciones bancarias, estiman que el número de estas va en aumento, que si a finales de 2017 los juzgados registraban en España cerca de 1.000 demandas diarias, en la actualidad esta cifra se considera superada y lo que es aún peor, puede dispararse en virtud de la comunicación final del Tribunal Supremo sobre la retroactividad de la norma que afecta al pago de los actos jurídicos documentados a cargo del banco y no del titular del crédito hipotecario.

Si los cálculos que se estiman en el sector se cumplen, la cantidad objeto de litigio -sólo por el nuevo `evento´ hipotecario- rondaría los 26.000 millones de euros que los hipotecados han pagado en concepto de gastos hipotecarios desde 1997, sin contar con los intereses y costas judiciales. Si esta cantidad se suma a las anteriores pendientes por otras causas, es fácil que la factura total pendiente de la banca supere los 33.000 millones de euros señalados al principio. Si esto es así, o parecido, se da por seguro que el Banco de España aconsejaría un aumento de las provisiones específicas hasta los 14.000 millones de euros.

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