edición: 2831 , Miércoles, 23 octubre 2019
08/06/2018
El Gobierno no tiene un plan

La financiación autonómica choca con la quita de la deuda y la maraña de impuestos cedidos

Casi 300.000 millones esperan las señales del Gobierno para reestructurar las deudas autonómicas y salir al mercado en busca de financiación
Juan José González
Si mantienen sus intenciones, varios de las hoy ya ministras y ministros en ejercicio de pleno de derecho, se da por hecho que las Autonomías contarán con un nuevo sistema de financiación y que hasta es probable que el nuevo Ejecutivo entienda que las deudas excesivas que a todos ahogan, a la Administración central y a las autonómicas, cuenten con una solución en breve. Otro asunto es que no se conoce la existencia de plan alguno, ni siquiera proyecto de nuevo sistema de financiación autonómica, sobre el que los partidos políticos podrían empezar a hablar (a negociar), tan sólo la existencia de algunos puntos sueltos, intenciones, posibilidades y alternativas que podrían plasmarse en decisiones concretas pero que no dejarían de ser ideas sueltas según el momento y el lugar. De ahí la necesidad de retomar las conversaciones sobre la financiación autonómica y, por supuesto, de la asignatura pendiente que es la deuda de las comunidades. Y aquí se abren grandes expectativas dado el profundo y también afilado perfil de las nuevas responsables de Economía, Hacienda y también de Administraciones Públicas. Serán las tres ministras las que deberán reunir las ideas suficientes para llegar a proponer un modelo de financiación que sirva a todas las Autonomías desde planteamientos reales, sobre el terreno y alejado de las grandes ideas y ocurrencias coyunturales según convenga el momento y el interés de la negociación. Si para ello es necesario llegar a un pacto de Estado, seguramente su promotor, como todos los firmantes pasarían a la historia por haber solucionado uno de los problemas más incómodos que arrastra el sistema político español. Aunque antes hay que despejar qué se hace con las deudas pendientes.
Apenas habían recibido la propuesta del presidente del Gobierno, cuando tres ministras ya tenían un recado en su teléfono: "necesitamos hablar de la deuda pendiente". Eran los responsables de los Gobiernos de la Comunidad Valenciana y de Baleares, los más afines al nuevo Ejecutivo y también dos de los más necesitados por las cargas de la deuda. Porque problemas hay en cantidades industriales, para varias legislaturas, y enteras. Los responsables autonómicos se han leído en profundidad el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, los que heredan, con más o menos retoques, los nuevos gobernantes.

En una de sus páginas recoge el citado documento que "el Ministerio de Hacienda queda habilitado para, con independencia de plazos, proceder a una negociación con las Comunidades Autónomas una posible reestructuración de la deuda autonómica, o parte de la misma, pendiente con el Estado". El texto continúa con lo que los expertos jurídicos de los grupos políticos (sin excepción) interpretan claramente como una ventana abierta, y en cierto punto, expresa, de contemplar la posibilidad de una "eventual quita". Este último matiz en los Presupuestos ha servido en las últimas horas para que la imaginación de los responsables políticos haya emprendido el vuelo hacia las nubes y ya se estén calculando porcentajes de perdón de todos los tamaños y colores.

Las deudas autonómicas, considerados todos los capítulos que computan en el apartado "Deuda pendiente", ascienden a 289.000 millones de euros, cifra que a 31 de diciembre pasado representaba el 25% del PIB y del que más de la mitad (167.000 millones) estaban en manos del Tesoro Público. Una deuda de ese tamaño obliga al Estado central a aplicar medidas y herramientas propias de una UVI, mecanismos como el Fondo de Pago a Proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómica, proveedores de las tres cuartas partes del dinero que mantiene a las Comunidades en vida.

Hay que esperar que la ministra de Economía, Nadia Calviño, cuenta con la fórmula precisa para lograr que su Gobierno consiga que el déficit español se sitúe en el 2,2% del PIB pactado como objetivo para el presente ejercicio, o bien, que aplique algún remedio técnico o normativo para salir de una vez del callejón sin salida del mecanismo de déficit excesivo con el que Bruselas tutela las grandes cuentas españolas.

Otro aspecto a tener en cuenta, y no menor, pero que seguramente será aplazado, a la espera de que mejore el medio ambiente político e institucional es el colosal frangollo, o cóctel de impuestos cedidos a las Autonomías, nada menos que 85 impuestos propios, fruto de pactos, arreglos y demás obsequios de las transacciones políticas y que deberían servir para resolver buena parte de la financiación regional, en tanto que herramientas activas de recaudación de tributos, pero que, al parecer, no han servido ni siquiera para cubrir los costes de las pólizas administrativas. 

Con el nuevo Ejecutivo llega la hora de eliminar los dos mecanismos o fondos de provisión o intervención de liquidez de las Autonomías, y llega el momento de decidir sobre la vida de la deuda pendiente. Se cuestiona si reducir el tipo de interés aplicado o alargar la vida de la deuda, o incluso, una combinación de ambas, lo que en la práctica financiera equivaldría al perdón, condonación, clemencia o indulgencia de una buena parte de las deudas regionales, que pasaría a ser asumida por el Estado central. Este puede ser el oneroso precio, el gravamen para todos los contribuyentes, de la ausencia de un sistema de financiación razonable, del que ahora se esperan noticias. Y pronto, pues el tiempo (18 meses, o dos Presupuestos, el actual incluido) apremian más que nunca.

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