edición: 2890 , Viernes, 24 enero 2020
15/02/2018
LA OREJA DE LARRAZ

La futura ley de secretos profesionales justifica la divulgación para denunciar situaciones ilegales

Javier Ardalán
El anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales, que actualmente está en fase de información pública, incluye como novedad destacable como  la protección de la figura de las personas que divulgan un hecho confidencial con el fin de denunciar una situación ilegal o una irregularidad, frente a los que no procederán acciones civiles en su contra.
Tampoco procederán las acciones y medidas previstas en la futura ley cuando se dirijan contra actos de obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial que hayan tenido lugar en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información constitucionalmente reconocido, incluido el respeto a la libertad y al pluralismo de los medios de comunicación o cuando los trabajadores lo hayan puesto en conocimiento de sus representantes, en el marco del ejercicio legítimo por parte de estos de las funciones que tienen legalmente atribuidas, siempre que tal revelación fuera necesaria para ese ejercicio.

Y en la misma línea, no podrá invocarse la protección de esta ley en los casos en que pueda emplearse para obstaculizar la aplicación de la normativa que exija a los titulares de secretos empresariales divulgar información o comunicarla a las autoridades administrativas o judiciales en el ejercicio de las funciones de éstas, ni para impedir la aplicación de la normativa que prevea la revelación por las autoridades públicas europeas o españolas, en virtud de las obligaciones o prerrogativas que les hayan sido conferidas por el Derecho europeo o español, de la información presentada por las empresas que obre en poder de dichas autoridades.

Por otra parte, ante la Directiva que se transpone, se ha considerado conveniente preservar la terminología tradicionalmente empleada en nuestro sistema jurídico en los casos en los que los nuevos términos se refieren a conceptos sobradamente arraigados, estudiados y tratados en la legislación, la jurisprudencia y la doctrina. En este sentido, por ejemplo, se ha preferido mantener las expresiones de secretos empresariales para designar el objeto de protección, de titular para designar a quien legítimamente posee el secreto empresarial y se beneficia de su protección jurídica.

 Las disposiciones de esta ley atribuyen al titular del secreto empresarial un derecho subjetivo de naturaleza patrimonial, susceptible de ser objeto de transmisión, y en particular de cesión o transmisión a título definitivo, y, de licencia o autorización de explotación con el alcance objetivo, material, territorial y temporal que en cada caso se pacte.

La norma establece el siguiente catálogo de acciones a entablar por el poseedor legítimo de un secreto empresarial frente al autor de la conducta ilícita: la acción de cesación o en su caso de prohibición de la utilización o revelación del secreto empresarial, o de la fabricación, ofrecimiento, comercialización o utilización de las mercancías infractoras, o de su importación, exportación o almacenamiento con tales fines; la acción de  remoción de los efectos de la infracción, mediante la adopción, a expensas del infractor, de medidas correctoras apropiadas; la  acción de resarcimiento de daños y perjuicios, mediando culpa o negligencia del infractor; y la acción de difusión de la información relativa a la sentencia que se dicte, incluida su publicación total o parcial, según resulte apropiado.

Asimismo, el titular legítimo del secreto empresarial podrá recabar la tutela cautelar de los juzgados, solicitando la adopción de medidas cautelares consistentes en el cese o, en su caso, la prohibición de utilizar o revelar el secreto empresarial con carácter provisional; basados a la prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de importar, exportar o almacenar mercancías infractoras con tales fines; y la incautación o la entrega de las supuestas mercancías infractoras, incluidas las mercancías importadas, a fin de impedir su introducción o su circulación en el mercado.

En particular, las novedades procesales más significativas se proyectan sobre tres aspectos diversos. De un lado, se incorporan reglas novedosas y rigurosas con el propósito de asegurar que se preserva el tratamiento confidencial para la información que se aporte o se genere en el proceso y que pueda constituir secreto empresarial, como forma de evitar con ello que el proceso judicial para la defensa del secreto se torne en ocasión para que quede indebidamente expuesto al conocimiento del contrario o de terceros.  

En el plano de las actividades preprocesales, se ofrece un marco normativo para el desarrollo de diligencias de comprobación de hechos, de acceso a fuentes de prueba en poder de la contraparte o de terceros y, en su caso, de aseguramiento de pruebas, con las que se pretende reforzar la preparación del ejercicio judicial de las acciones que expresamente reconoce esta ley a los titulares de secretos empresariales. 

Finalmente, se incorporan también ciertas reglas singulares en materia de tutela cautelar, destinadas a asegurar que su concesión va precedida de una adecuada ponderación de ciertas variables, que se consideran relevantes para determinar su proporcionalidad, así como  especialidades en relación con la caución sustitutoria, el alzamiento de las medidas en caso de que durante la pendencia del litigio se produzca una desaparición sobrevenida del secreto empresarial y para la tutela de la posición jurídica de los terceros que se puedan ver o se hayan visto ya afectados desfavorablemente por las medidas cautelares.

Tratándose de actos de competencia desleal, la competencia objetiva respecto de las acciones de defensa previstas en esta Ley corresponde a los Juzgados de lo Mercantil. No obstante, se reputa necesario establecer fueros específicos de competencia territorial, ajustados a las circunstancias que rodean la violación de los secretos empresariales y coherentes con la solución dada a los casos de responsabilidad extracontractual como el presente en la legislación de la Unión Europea.

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