edición: 2747 , Miércoles, 26 junio 2019
28/12/2018
El calendario electoral marca el ritmo

La gravedad de la deuda forzará una mayor presión fiscal en 2019 para paliar el déficit

Empezando por los grandes patrimonios, después las grandes empresas y, finalmente, las unidades familiares
Juan José González
Todo indica que España soporta el nivel de deuda pública suficiente o necesario como para considerar que una nueva crisis financiera está en fase de gestación activa y que su eclosión es cuestión de unos trimestres. Las responsables de Economía, Nadia Calviño y de Hacienda, Mª Jesús Montero, conocen las cifras que están alimentando la hipótesis de una nueva crisis y muestra de ello es el plan de medidas de contención que prepara un grupo mixto integrado por técnicos de ambos departamentos ministeriales. Trabajan con las prisas propias del calendario político, muy exigente para el partido en el Gobierno con un abanico amplio de convocatorias electorales en los próximos meses y entre la espada de un escenario de tipos de interés a largo ya al alza y la pared del nivel de deuda, entre el 98% y el 100% del PIB español. El tiempo apremia por el nivel de la deuda y porque el riesgo de una aceleración en el ritmo de crecimiento de tipos en los próximos meses podría resultar catastrófico para los planes a corto y medio plazo del Gobierno, de obtener el apoyo de la Bruselas a sus políticas de gasto público, como también, el aumento de la carga de la deuda puesto que una subida de tipos es sobre todo un encarecimiento de la financiación.
Bruselas, al igual que los técnicos del FMI, coinciden en que para reducir el actual nivel de déficit sería necesario, entre otros, mantener durante los próximos ejercicios un crecimiento de la economía de, al menos, el 2% anual, algo que cada día que pasa parece estar más cuestionado más allá de 2020. Y hasta el momento, la teoría económica no se encuentra en disposición de ofrecer una alternativa más eficaz que la subida de impuestos para paliar en parte el déficit estatal.

El sector público se ha dormido en los laureles. Diez años desde el inicio de la crisis y los esfuerzos de los distintos Gobiernos por el saneamiento de las cuentas públicas ha sido ineficaz, escaso y provisional, nunca con la intensidad suficiente que señala un riesgo elevado de entrar en una situación peligrosa. Así se ha mantenido el elevado endeudamiento público que en su día, en el inicio de la crisis, registraba un nivel de deuda en el entorno del 35% del PIB y que, como se ve, ha superado con creces hasta alcanzar el 100% y en el actual 98,1%.

Al parecer no debe haber pesado mucho en la conciencia de los responsables económicos aquella sentencia de la Airef, cuando hace justo un año advertía del carácter crónico que representaba el nivel de deuda pública, si no se abordaba un plan serio con medidas de contención para reducirlo, y que mientras tanto, según sus estimaciones, para ver el endeudamiento público en niveles del 60% del PIB, deberían transcurrir no menos de 18 años. Un año más tarde, todo sigue igual, con un endeudamiento estatal en el entorno del 98% y, lo que es peor, con escasas perspectivas de reducirlo. 

Para reducirlo el problema continua siendo el aumento de los gastos financieros que en esta larga etapa -una década de déficit elevado- ha obligado a una política intensiva de emisiones y recurso a la financiación en los mercados, práctica cuya gestión por el Tesoro Público se ha visto favorecida por los tipos bajos o, en ocasiones para algunas referencias, en negativo. 

Pero con todo, el recurso al mercado financiero se vienen saldando con un aumento de costes y, por tanto, con la dificultad implícita para reducir el déficit. La solución técnica que conocen los técnicos y que es compartida por expertos y organismos económicos supranacionales se encuentra en el equilibrio de las cuentas públicas, es decir, en el equilibrio de gastos e ingresos acompañado en todo momento por un crecimiento de la economía del 2% anual como mínimo. 

El grado de exigencia en reducir un déficit puede decirse que es directamente proporcional al que alcanza la deuda, en este caso, representada respecto al PIB, y el grado de compromiso que adquiere el Gobierno para reducirlo se puede comprobar anualmente en los Presupuestos Generales del Estado. De las medidas y planes para reducir el déficit estatal, como los compromisos políticos de gastos que recogen los presupuestos, dependerá el mayor o menor acercamiento al equilibrio de las cuentas, a la eficacia en la reducción si se reduce el gasto o a la eficacia en la gestión de los ingresos. De lo primero se prometen más gastos, de lo segundo más ingresos. Año nuevo, más impuestos.

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