edición: 2788 , Viernes, 23 agosto 2019
22/05/2019
En Reino Unido, la oposición busca dinero para un cambio energético sostenible

La guerra comercial de EE UU sugiere una lectura nacionalizadora de redes energéticas

Redes de gas y electricidad, también de datos, se presentan como activos golosos para un futuro gobierno laborista
Juan José González
No es la primera vez que ocurre que a un movimiento proteccionista le sigue otro en la misma dirección y con mayor fuerza. La orden ejecutiva aprobada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que impide a las empresas tecnológicas del país utilizar dispositivos elaborados por otras empresas que podrían significar un riesgo para la seguridad nacional, parece haber sido interpretado por algunos gobiernos en clave de política económica. El movimiento de Trump, sin embargo, aunque no coincida técnicamente con las aspiraciones de otros gobiernos occidentales, sí parece estar sirviendo como coartada para dar forma a algunas aspiraciones nacionalizadoras. Sin ir más lejos, en Reino Unido ya se habla abiertamente de la creación de una agencia nacional que gestionaría la alta tensión. Es algo más que una idea que ya figura negro sobre blanco en los planes de un grupo que, como el laborista, puede no estar tan lejos de alcanzar el poder en Reino Unido. Y más que una idea es la convicción de la formación laborista de que las empresas de redes energéticas beneficiarias de las privatizaciones de la era Thatcher, no han invertido de forma apropiada en las infraestructuras del país en relación con los muy considerables beneficios obtenidos que, a juicio de los laboristas, han logrado las privatizadas en todos estos años de gestión empresarial.
Ahora, con la transición energética sobre la mesa, los laboristas quieren hacer cuentas y balance porque el camino hacia las renovables tiene un precio muy elevado. El escenario parece propicio para los deseos laboristas, con el Brexit bloqueado, un posible cambio de gobierno podría darle la vuelta a un buen número de proyectos de inversión, subastas de energía y redes de distribución que pondrían las cosas muy difíciles a un grupo de empresas extranjeras, entre las que se encuentra Iberdrola, E.On o EDF. 

Porque los planes de los laboristas pasan por la nacionalización de las líneas de transporte y distribución de la energía en las islas. En este sentido, el movimiento provocado por la existencia de una lista de empresas sujetas a la aprobación de las autoridades de Estados Unidos para poder operar en el país licencias o productos, puede ser interpretado como el principio de un tendencia hacia el proteccionismo que, en el caso británico, se puede trasladar a la inquietud de los laboristas por nacionalizar elementos clave de su economía, caso de las redes de datos, gas y energía.

Las cuentas de los laboristas británicos consideran déficits en pensiones, obsolescencia de activos y otras deficiencias del sistema sanitario nacional como derivadas de una falta de inversión suficiente de las empresas que en su día salieron del sector público, compañías que con el tiempo han pasado a gestionar el transporte de electricidad o del gas y que hoy día son los propietarios legales de las infraestructuras a las que se les va a exigir mayor compromiso con el cambio energético, con la energía renovable.

La red nacional de distribución de gas y electricidad tiene dueños de muy variada nacionalidad, tanto propietarios industriales (entre los que se cuenta Scottish Power, filial de Iberdrola) como financieros, algo que desde hace tiempo parece incomodar a una gran parte de la formación laborista y otra menor en el lado conservador. En los dos últimos años y en especial desde la referéndum del Brexit, los ánimos de nacionalización han subido tanto como las presiones de algunos grupos financieros nacionales.

Pero que la legislación de la Unión Europea tenga resuelto todos los puntos relativos a la nacionalización de algunas actividades sectoriales, no elimina la presión que ejercen algunos grupos de influencia sobre la necesidad de los Gobiernos locales de aumentar la protección de sus intereses industriales nacionales. Entre estos se contaría todo tipo de redes de distribución, desde las de gas y energía hasta las de datos. No habría que descartar que, los en su día denominados planes o programas nacionalizadores se hayan convertido en el nuevo lenguaje en redes de datos, energía y gas que en manos de compañías extranjeras pueden suponer un riesgo para la seguridad nacional.

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