edición: 2724 , Viernes, 24 mayo 2019
28/09/2018

La iniciativa de liquidar el legado inmobiliario de la crisis en España se hizo bajo presión reguladora

La banca vendió activos improductivos al mayor pero algunas operaciones no logran aún luz verde
Carlos Schwartz
A lo largo de este año la banca española se ha dedicado con ahínco a deshacerse del legado de la crisis, en especial los créditos improductivos destinados al sector inmobiliario y las propiedades adjudicadas tras el quebranto del crédito que garantizaban. El proceso ha estado prohijado por el Banco Central Europeo (BCE) y su departamento de supervisión, y no ha sido ajeno al Banco de España. En algunos casos el proceso de adjudicaciones de inmuebles prosigue. En general la estrategia de los bancos ha sido la de deducir del precio del paquete las provisiones ya hechas contra esas carteras, de forma tal que el precio sea neto de provisiones. Pese a ello puede ocurrir que la venta de los activos por parte de sus nuevos compradores vuelva a producir una minusvalía respecto del precio pagado. Esto ha determinado que en algunos casos se hayan establecido cláusulas de salvaguarda para el socio mayoritario de la operación. Circula el rumor que en muchos casos en los que el vendedor sigue vinculado a la sociedad compradora mediante una participación societaria, ha firmado pactos para reponer pérdidas al socio mayoritario. 
En otros casos el acuerdo de los reguladores se ha hecho esperar más de lo previsible. Uno de esos casos es el de los bancos que tienen un esquema de protección de activos (EPA) suscrito con el Fondo de Garantía de los Depósitos en las Entidades de Crédito (FGD).

El motivo es que en su momento el Banco de España y el Gobierno propiciaron que fuese este fondo, y no el Fondo para la Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), quien diera el aval sobre los activos para evitar problemas en la contabilidad nacional de España. Es decir que no computaran esos compromisos como deuda pública.

Es el caso de los esquemas aprobados para Banco Sabadell por la adquisición de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que de acuerdo con medios financieros recibió un aval del 80% a 10 años sobre 6.000 millones de euros en activos. En el caso del BBVA el EPA sería sobre un total de 7.359,7 millones de euros, de acuerdo con medios financieros.

En este caso también se trata de un aval sobre el 80% del importe a 10 años, y los pagos se hacen contra los fallidos acumulados en cada año, procedimiento común a Sabadell y BBVA. De acuerdo con la información difundida por BBVA en diciembre del año pasado, el traspaso de activos a la sociedad constituida con el fondo Cerberus en un 80% y BBVA en un 20% equivale a 13.000 millones de euros brutos, por un importe neto de 5.000 millones, de los cuales el fondo estadounidense aporta 4.000 millones, y obtiene financiación del banco de negocios Morgan Stanley por 3.000 millones además de una financiación del propio socio local.

Sin embargo, la negociación con el Fondo de Garantía parece, a todas luces, atascada. En junio, el entonces subgobernador del Banco de España Javier Alonso admitía, refiriéndose a la negociación con Sabadell y BBVA, que buscaban “simplificar los protocolos que tienen, los acuerdos existentes, de manera que sea más una forma simplificada que autoriza las operaciones de ventas de carteras en bloque en vez de tener que hacerlos o considerarlos como casi activo por activo”. 

En esta negociación los bancos han tropezado con el Consejo del Fondo de Garantía. De acuerdo con fuentes de medios financieros BBVA aspira a obtener el volumen total de la EPA prevista inicialmente a 10 años, de los que faltan 5, sobre activos cuyo quebranto no ha ocurrido aún. Esto equivale a solicitar el valor presente de esos quebrantos y obligaría al FGD a adelantar el dinero. 

De acuerdo con las fuentes consultadas los consejeros del Fondo votaron de forma unánime en contra de esta propuesta ya que la “simplificación suponía” mutualizar con el sector pérdidas que aún no se han materializado. El FGD se nutre de los aportes formados por las derramas anuales de las entidades adheridas al mismo, es decir que los que pagan estos EPA son el resto de los bancos y cajas de ahorros. “Lo que ocurre aquí es que, una cosa es que se autorice la venta de carteras en bloque y otra quién hace el negocio con ello”, de acuerdo con una de las fuentes consultadas. El FGD pagó al FROB 953 millones de euros por la venta de Unnim al BBVA, que fueron aportados por el Fondo de Reestructuración en su momento, mientras que el banco bilbaíno pagó un euro. Esa es la cantidad que pagó el Banco de Santander por el Popular. El banco de inspiración cántabra se valió del 'bail in' a costas de los accionistas del banco adquirido para rebajar el precio de los activos heredados de esa entidad.

De esta forma los 30.000 millones entre créditos y adjudicados se quedan en torno a los 9.400 millones por las provisiones. A los analistas del sector, no obstante, les llama la atención la alta participación que el banco mantiene en el vehículo societario a través del cual se ha hecho la adquisición de los créditos improductivos y propiedad adjudicada, un 49% el banco y el 51% el fondo Blackstone, en la sociedad conjunta denominada Proyecto Quasar Investments. Ésta también ha obtenido financiación por 7.000 millones de euros de Morgan Stanley y Deutsche Bank porque al minimizar los recursos propios y apalancarse con la deuda el ratio de beneficio sobre capital es mayor… lo cual demuestra la naturaleza de ingeniería financiera del invento.
Nadie contabiliza que el crédito hay que pagarlo. 

Algunos de los analistas consultados mantienen suspicacias por la “posible existencia de acuerdos privados entre las partes que pueden determinar futuras compensaciones para Blackstone si la incidencia de los quebrantos es mayor de lo previsto”. El Banco de España, que ha oído sonar estas campanas, de momento no ha tomado la iniciativa. Todo parece indicar que para el regulador, tanto en Madrid como en Fráncfort del Meno, lo que importa es que los bancos se deshagan del legado putrefacto de la crisis y su impacto sobre el sector inmobiliario, sin importar mucho el cómo.

Pero la cuestión es que mientras el proceso no se cierra, no se sabe cuál es la realidad patrimonial de los bancos que han apelado a estos recursos. Algunas de las fuentes consultadas señalan que estos encajes de bolillos están destinados a cubrir los requisitos de capital, pero que si este cumplimiento se hace sobre una base incierta, la solvencia real de las entidades supuestamente blindadas es inferior a lo que se presupone. Nadie duda en los círculos financieros que hay una tormenta en el horizonte, aunque nadie sabe a ciencia cierta cuándo y dónde se descargará el temporal. De momento el mal tiempo se ha desplazado a los países emergentes, así que los que obtienen su rentabilidad de ese caladero no lo tienen muy bien. Pero si el temporal se mueve, vaya a saber hacia dónde, los problemas habrán de aumentar.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2019 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...