edición: 2599 , Martes, 20 noviembre 2018
22/03/2018
La particular guerra de Nadal

La inseguridad jurídica frena nuevas inversiones extranjeras en las eléctricas

Se mantiene el ministro firme en su propósito de desmantelar centrales de carbón y grupos nucleares, a golpe de cambios normativos que socavan la confianza de los inversores
Juan José González
De sobra conocida, de fama mundial, la inseguridad jurídica en varios sectores de la actividad económica española, se mantiene fiel a su tradición. Fama bien ganada habida cuenta de la falta de seriedad del regulador español en materias tan trascendentales como la energía. No hay que ir muy lejos para encontrar un ejemplo, el paradigma de la inestabilidad normativa identificado en la mutante legislación que regula (trata de hacerlo) las energías renovables. La prueba es que el Estado español cuenta con un espacio propio en varios organismos internacionales que en los últimos tiempos vienen conociendo varios recursos interpuestos por los interesados -empresas e inversores nacionales y extranjeros- y que obligan al ministro español a responder, litigar o corresponder a las solicitudes de información de los árbitros internacionales. En este marco de inseguridad jurídica y, en concreto, en el referente a las renovables, es donde hay que situar el segundo revés al Estado español propinado por un arbitraje internacional. El revés es reciente y el motivo fueron los recortes a las renovables en los años 2010 y 2013, un laudo que obligó al Estado español a pagar 53 millones de euros a la firma Novenergía. El demandante, un fondo de inversión con sede en Luxemburgo, consideró dañados sus intereses (inversiones) como consecuencia del "cambio brusco y de sistema" que supuso un Real Decreto (9/2013) de reforma del sector eléctrico, modificaciones incluso sobre otros recortes anteriores de 2010. Lo cierto es que España continúa imparable en ese camino de sumar demandas -en el Ciadi ya son 29- y una docena más en otros organismos internacionales. Todas ellas por los cambios normativos y todas por los recortes a las energías renovables.
Los equipos técnicos del ministerio que pelean los arbitrajes no dan abasto, demasiados avatares al mismo tiempo son los que ocupan al responsable del ramo que vive el día a día con energía. También entre jardín y jardín. Y es que Álvaro Nadal, titular del ministerio energético se ha empeñado en el desmontaje de las centrales nucleares y las de carbón, de golpe y al galope, en pleno cambio climático e inestabilidad climatológica, si bien, en las últimas semanas las repetidas borrascas parecen haberle inyectado una buena dosis de agua (hidráulica) y de viento (eólica) indispensables para aumentar las "potencias de respaldo" y así el abaratamiento temporal de los precios de la energía para los consumidores.

Sobre el carbón, el ministerio del ramo conoce los deseos de la Unión Europea de acelerar en lo posible la política de `descarbonización´, básicamente, por motivos -y compromisos- medioambientales. Si esto es así, Nadal estaría trabajando con mayor ímpetu el final de los combustibles que más perjudican al medio ambiente, los más contaminantes, y, en consecuencia aceptar que las centrales de carbón deberían ser las primeras en desmantelarse.

Sin embargo, algo que parecería sencillo, cerrar una o varias centrales, se antoja complejo y al mismo tiempo tarea casi imposible dado que para cerrar una central de carbón se necesitaría, con carácter previo (con mucho tiempo de antelación) contar con una "potencia de respaldo", en este caso, sería de gas. Lo que sucede, y es aquí donde el ministerio y su ministro se estrellan, es que para cuadrar el círculo que pretenden sería necesario cerrar centrales de carbón y varios grupos (o todos) nucleares. 

Misión imposible, o suicida, la sinrazón de la política energética española que conduce, al menos de momento, a la inseguridad jurídica, a la imprevisibilidad normativa de empresas e inversores extranjeros, así como de entidades bancarias nacionales que, en vista de la incertidumbre se mantienen al margen. Sólo hay que echarle un vistazo al termómetro bursátil para comprobar los efectos de las divagaciones del ministro sobre las cotizaciones de las empresas energéticas que no facilitan, precisamente, la vida al sector.

Avatares climatológicos, políticos, jurídicos pero también de incesantes quejas y malestar empresarial que llegan a Moncloa y también a los mercados, aunque en estos lo que deberían llegar son inversiones en vez de lamentos y descontento. El mal ambiente originado por el ministerio del ramo, energético, tiene que ver con la imprevisibilidad de la normativa y de las medidas que salen del ministerio. 

Unas y otras -decisiones y normativa- son consideradas en el sector como una falta de seriedad reguladora que afecta a la seguridad de las inversiones, tanto de las empresas energéticas españolas, de las entidades financieras que invierten en el sector y, sobre todo y de forma singular, a los inversores extranjeros, habituales en un sector en el que, prácticamente, se puede afirmar que -salvo Criteria, con el 24,4% de Gas Natural- está dominado por los fondos internacionales y que hoy mantienen sus decisiones de inversión en el congelador.

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