edición: 2598 , Lunes, 19 noviembre 2018
16/10/2018
El secreto acaba potenciando las peores sospechas

La JUR deja entrever que pronto se sabrá si hubo falsificación de cuentas en Popular

Con la solvencia a vueltas y la insistencia oficial sobre la falta de liquidez, la resolución del Popular entra en la fase final de su proceso judicial
Juan José González
Ni los más pesimistas del equipo jurídico que asesora a Santander esperaban una reacción masiva en el número de quejas procedentes de los afectados por la resolución del Banco Popular decidida por la Junta Única de Resolución (JUR). Nada menos que 12.000 quejas son las que se acumulan sobre la mesa que entiende del procedimiento abierto por la citada resolución y que los responsables de la autoridad bancaria deberán tramitar, resolver y contestar en un plazo que comenzará a partir del próximo mes y que no debería superar los 30 días. La resolución del Popular es un asunto del que ya se sabía que traería cola, que se prolongaría en el tiempo dado su elevado grado de complejidad técnica, jurídica y mercantil, su volumen de accionistas e inversores afectados y la trascendencia del caso, habida cuenta de que se trata de una entidad financiera que en la práctica quebró.
Se mantiene el frente judicial abierto como consecuencia de la falta de información y de la existencia de dudas todavía sin resolver, a pesar del paso del tiempo. Sigue sin conocerse si los problemas de liquidez fueron sobrevenidos, por casualidad, por accidente, y del momento en que se detectaron y su cuantía para que, al final, la autoridad bancaria decidiera intervenir el banco, el Popular. Continúa sin resolverse la duda sobre su verdadera capacidad financiera, si era o no solvente y, llegado el caso, si no pudo una intervención previa del Banco Central Europeo resolver un problema puntual de liquidez o de solvencia. En todo caso, continúa el misterio de la resolución del Popular porque los tres informes que sirvieron como base de la intervención se resisten a ver la luz.

El oscurantismo alrededor del informe de Deloitte, aliñado con la actitud encubridora de una JUR que parece querer engañar y/o esconder información sobre el estado del banco en la fase previa a su resolución, sólo hacen complicar el largo y proceloso calvario jurídico que hoy implica a los afectados, accionistas e inversores y a la entidad beneficiaria en principio de la resolución, el Banco Santander. Destacar que desde junio de 2017 el único relato que parece dominar en la opinión pública  es el creado en la entidad bancaria que se hizo cargo del Popular: el Santander.

Un relato parcial e interesado al que tan sólo han acompañado opiniones sueltas, también de parte, originadas en despachos jurídicos y representantes de los afectados, o de la defensa de los señalados como implicados en la resolución. Año y medio después de aquella decisión, la JUR sigue sin revelar la base de su decisión. Incluso habría que pensar en que si la justificación que ampara el secretismo impuesto reside en peligro del sistema y en los riesgos para la estabilidad del sector financiero, la misma argumentación está dando lugar a una peligrosa incertidumbre provocada por el mismo secretismo, lo cual anima a que siga aumentando el número de demandas judiciales y las quejas de inversores y organizaciones de consumidores afectados.

En medio de la oscuridad que se mantiene respecto a la resolución de la JUR, un leve haz de luz -un informe clasificado del Banco de España, revelado por orden de un juez- viene a iluminar una zona en la que se perciben las excusas oficiales de un entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, y el cooperador necesario del Banco de España, en la dirección del relato oficial, esto es, que el Popular tenía la caja a cero porque no había liquidez. En esta parte del conflicto -entre responsables de la resolución y los afectados- se mantiene la misma tesis: la falta de liquidez precipitó la decisión de la JUR según la normativa europea.

Sin embargo, varios despachos representantes de los recursos de los afectados, no cejan en su empeño de subrayar la obligatoriedad de aportar soluciones alternativas a la resolución por parte de las autoridades que, en este caso, no se aportaron, y que seguramente, podrían haber cambiado el sentido y destino de la resolución del Popular. Con todo y teniendo en cuenta esta salvedad, en la que buena parte de los afectados basan sus argumentos, los hechos no logran distraer el foco de las acusaciones fijado en el falseamiento de las cuentas en el año 2016, momento de la ampliación de capital.

Llama la atención la disparidad de enfoques y criterios que utilizan las empresas auditoras como Deloitte y PWC, así como la valoración que del banco intervenido hacían ambas, solvente y con necesidad de refuerzo de la liquidez que apuntaba el segundo, mientras que para la primera firma el banco ya estaba vencido, derribado. En cualquier caso, si las contradicciones de las auditoras son, cuanto menos, sorprendentes por sus diferencias, el papel jugado en todo el proceso de resolución por el Banco de España le dejan en un mal lugar, en el peor por su actitud de desidia y pasividad a lo largo de la crisis del Popular.

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