edición: 3026 , Lunes, 10 agosto 2020
05/03/2020

La Ley del Clima de la UE desata un debate sobre los objetivos para 2030 con los grupos ecologistas

La legislación que aspira a aprobar el ejecutivo de Bruselas es la base del Pacto Verde que impulsa
Carlos Schwartz
Los grupos defensores del medio ambiente han sometido a duras críticas a la Comisión Europea (CE) por el borrador de Ley del Clima filtrado el fin de semana porque no incluye una mayor reducción de las emisiones para el 2030, el objetivo de más corto plazo en el calendario de reducciones. La UE pretende alcanzar un horizonte de emisiones cero para el 2050, una meta que no parece fácil de alcanzar si no se acelera la reducción en el camino. La ley es el fundamento jurídico del Pacto Verde, el caballo de batalla de la presidenta Ursula von der Leyen, en el cual se han empeñado algunas de las grandes economías de Europa y al que otras se han visto arrastradas, no siempre por voluntad propia y entusiasmo genuino, sobre todo porque el objetivo les puede provocar conflictos sociales en las ramas de la producción que se vean afectadas, sobre todo teniendo en cuenta que ningún gobierno se ha mostrado pródigo en la generación de empleo alternativo al que la revolución verde puede destruir de forma colateral a su desarrollo. La minería del carbón en España es un claro ejemplo al respecto. El malestar es visible en países como Polonia o Hungría.
Las grandes empresas de energía en Europa en general han abrazado el camino de la reconversión de la generación y se han auto impuesto límites y un cambio en el modelo de negocio que es un esfuerzo significativo para la obtención de beneficios mediante la generación de energía limpia. Las petroleras se han inclinado por una mayor especialización en combustibles bajos en emisiones como el gas, han invertido en la movilidad de bajas emisiones, y se han volcado a la generación de electricidad para disputar el territorio a las eléctricas tradicionales. Por su parte las generadoras han acelerado su conversión a la producción de electricidad sin combustibles fósiles. En esta cadena está involucrada la movilización de capitales muy significativos y constituyen un intento de extender las fronteras de la expansión económica en un esfuerzo anticíclico al que la UE piensa destinar algo de presupuesto. Siempre poco, ya se sabe, que nadie quiere abrir la mano no sea cosa que se beneficie el vecino.

Otros de los puntos del proyecto que pueden desatar controversia es la disposición por la cual la CE puede modificar de forma unilateral los objetivos de emisiones sin consulta previa en los años 2035, 2040 y 2045 con poco espacio para que el Parlamento Europeo y los Gobiernos puedan ejercer su influencia. La filtración del proyecto ha dado tiempo a los parlamentarios europeos y miembros de los gobiernos de la UE para masticar el mensaje, y de todos los elementos visibles el más controvertido ha sido el de mantener el nivel de emisiones para 2030 sin modificaciones. El argumento de la Comisión es que se quiere tomar un respiro antes de establecer el mojón de esta efeméride al alcance de la mano, como quien dice, o en otras palabras sondear que se debe hacer. 

Pero el efecto ha desatado la reacción de los grupos defensores del medio ambiente. En los objetivos actuales el 2030 supone una reducción del 40% de las emisiones respecto de 1990. Von der Leyen ha declarado tras su designación que el objetivo para ese año debería estar entre el 50% y el 55%, cifra esta última que es la preferida de algunos sectores del activismo ambientalista. Las críticas en parte surgen de un posicionamiento estratégico. En noviembre en Glasgow, Escocia, está citada una reunión para negociaciones sobre el medio ambiente y la fecha de septiembre no da margen para preparar el debate sobre los nuevos ejes del calendario europeo. Greenpeace declaró esta semana que la fecha de septiembre va a dificultar que los gobiernos de la UE alcancen un acuerdo antes de la reunión sobre el clima de Naciones Unidas de noviembre. Es el sector del activismo medio ambiental que sostiene que la UE debería dejar de lado los grandes objetivos de muy largo plazo para centrarse en los límites de emisiones de CO2 “que se aplican hoy en día”. Se trata de las cantidades suplementarias de emisiones que se pueden admitir sin que el calentamiento global exceda de ciertas medidas. 

En las negociaciones de París hace dos años los líderes mundiales acordaron que no se debía exceder un incremento en la temperatura global en la superficie de la tierra de más de dos grados, y de forma ideal de +1,5º C hasta finales del siglo. Los científicos que estudian la evolución del medio ambiente señalan que existe una desviación significativa respecto de ese objetivo a menos que se adopten medidas drásticas para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero ahora, y no en el futuro.

El activismo medio ambiental más radical señala que la adopción de la banda alta de von der Leyen, una reducción del 55% de las emisiones respecto de 1990 en 2030, no garantiza impedir que la temperatura global aumente en 2ºC. Para fijar una trayectoria común e imponer una revisión de los objetivos cada cinco años la CE se propone establecer objetivos vinculantes con una legislación ad hoc que puede desatar divergencias entre los estados miembros. Hay dentro de los 27 estados economías cuya alta dependencia de los combustibles fósiles se verán en dificultades para ajustarse a un calendario de este tipo, pese a que hay un acuerdo colectivo con la excepción de Polonia. El Pacto de la Europa Verde es en ciernes el proyecto de mayor movilización de capitales en la historia reciente de la UE, pero eso no evitará el surgimiento de divergencias en el seno del bloque político y económico ya resquebrajado por los debates presupuestarios de este año tras la salida de Reino Unido.

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