edición: 2700 , Miércoles, 17 abril 2019
27/12/2018
banca 
Más que un conflicto de costes y reputación

La ley hipotecaria cambia las relaciones de la banca con el Gobierno

Nueva etapa marcada por la mayor beligerancia del sector en las decisiones de los poderes públicos, del Gobierno y responder con opinión a los fallos de los tribunales
Juan José González
Una mala tarde, o un mal día, fue testigo de la ocurrencia del Tribunal Supremo en poner en marcha una polémica -sobre el impuesto de las hipotecas- que todavía sigue abierta quizá en una última fase de resaca. La corriente de malestar de una decisión mal razonada y que a la postre fue corregida a golpe de real decreto ley por el Gobierno parece haber sido algo más que una simple escaramuza. Queda como resultado de la contienda una situación anómala, incómoda de relaciones distantes entre el sector -representado por la patronal AEB- el Gobierno y la Administración de Justicia. Y entre todos ellos, la ciudadanía o clientela bancaria, vulnerable y sólo en cierta medida amparada por la posibilidad de recurrir a los tribunales. Sin embargo, la colisión entre el sector bancario y los poderes públicos a propósito de `agarrón´ hipotecario ha producido un distanciamiento en las relaciones de la banca con la Administración, una situación incómoda que el sector bancario parece querer reconducir.
Es una primera fase de la nueva estrategia de comunicación de la Asociación Española de Banca (AEB) que trata de fijar mensajes, clarificar la postura patronal y advertir al Gobierno que en la batalla contra el sector bancario, los cambios normativos -como la nueva ley hipotecaria- tienen efectos y conllevan resultados perniciosos para la ciudadanía. La AEB ya habla de menos crédito, y claro, más caro. Aquel "queremos que pague la banca y no los ciudadanos" es el quid de la cuestión, la sentencia del Gobierno y también la pieza del distanciamiento, del cambio de relación y de una nueva etapa que, en adelante marcará las relaciones entre la banca y los poderes públicos.

No sólo es el Gobierno el destinatario de los mensajes, también a la Administración de Justicia le llegan las opiniones de la patronal porque no son pocos en la actualidad los contenciosos que se mantienen en los tribunales, con miles de reclamaciones y denuncias de particulares, pendientes de resolución. Incluso un buen número de juzgados está colapsado por litigios hipotecarios y que se suma a los casos anteriores de las cláusulas suelo y demás prácticas que concluyeron en excesos que corrieron a cuenta de la ciudadanía.

Todas estas polémicas se han venido acumulando a lo largo de los últimos años y han desembocado en el reciente contencioso hipotecario. Y todas han dado forma a una imagen negativa de mala reputación y de enfrentamiento que el sector no desea pero que sigue proyectándose sobre la banca cada vez que se produce un incidente del que la sentencia sobre los AJD de las hipotecas es el ejemplo. Mala imagen, reputación deteriorada ante una sociedad cada vez más informada, exigente, beligerante e intolerante con los excesos.

Es una situación negativa que se quiere cambiar y mejorar. Es una asignatura pendiente de la patronal bancaria (AEB) en particular de su presidente, José María Roldán, que en su primer mandato (abril 2014-marzo 2018) señalaba la recuperación de la reputación como un objetivo prioritario. Incumplido en su primer mandato, parece que sí estará en condiciones de cumplirlo en el segundo, el que arrancó en abril. Cuenta, según cuentan, la AEB con más medios, con mayor determinación del equipo directivo pero también y sobre todo, con la presión de los socios, las entidades bancarias, en general, todas afectadas por la caída de la reputación y en particular mostrando ligeras diferencias.

La `mediación´ política del Gobierno en la polémica provocada por la sentencia del alto tribunal, ha sido interpretado en el sector bancario como una intromisión, una injerencia y al final una imposición unilateral cuando habría sido posible una decisión favorable a las dos partes implicadas y por la que clientes y bancos habrían compartido costes. La intervención del Gobierno, sin embargo, provoca cambios que se reflejarán en el crédito.

Pero los cambios no se limitarán a los aspectos más técnicos del producto hipotecario, como es la estructura de los préstamos o los costes, intereses y comisiones. La nueva ley hipotecaria marca la línea de transición hacia una nueva etapa de relaciones de la banca con los poderes públicos, con los responsables de las áreas económicas del Gobierno y una nueva forma de enfrentar los resultados judiciales, responder con opinión a las sentencias y a las decisiones de los tribunales. Finaliza el año con un distanciamiento entre el sector bancario y el Gobierno, con profundas diferencias de criterio y posturas alejadas que habrá que acercar o, incluso, legalizar.

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