edición: 2865 , Viernes, 13 diciembre 2019
10/10/2019

La OCDE propone un acuerdo fiscal para que las multinacionales tributen por sus ventas internacionales

La propuesta supone modificar el criterio territorial establecido en los años 20 del siglo pasado
Carlos Schwartz
La OCDE ha sometido a consulta entre los estados miembros un documento en el cual propone modificar el criterio de territorialidad para la recaudación fiscal de los países que supone abandonar un criterio internacional surgido tras una petición de la Conferencia Financiera Internacional de la Liga de las Naciones en 1920 para la eliminación de la doble imposición, un objetivo que fue madurando al filo del gran crack financiero de 1929. La iniciativa tiene muy en cuenta los criterios de Washington para evitar que Estados Unidos bloquee la iniciativa si considera que el objetivo es sólo disputar la recaudación fiscal de las grandes multinacionales tecnológicas de su nacionalidad. El documento propone que los países en los cuales las grandes multinacionales obtiene ingresos por ventas, sin tener en ellas establecimiento permanente, puedan recaudar una parte de los ingresos generados en su territorio.
Los analistas de los flujos comerciales internacionales y los consultores de comercio y fiscalidad internacional entienden la propuesta como un intento de pactar un acuerdo que no pueda ser bloqueado por intereses económicos nacionales, proponiendo una serie de normas aceptable para todas las partes. La propuesta beneficiará a las grandes economías desarrolladas en las cuales las multinacionales tecnológicas generan grandes ingresos por la facturación en publicidad como pueden ser los casos de Facebook o Google, o en ventas de bienes como en el caso de Amazon. También puede beneficiar a las economías emergentes, en las que estas empresas venden bienes. Pero supone además una concesión a Washington porque incluye a las marcas de productos de lujo que generan ventas por Internet sin necesidad de establecimiento directo, como el caso de la francesa LVMH o las marcas europeas de coches de muy alta gama. 

La iniciativa intenta frenar la creciente voluntad por parte de muchos países, en particular en Europa como el caso de Francia y Reino Unido y las iniciativas hasta ahora no materializadas de España, de aplicar un criterio fiscal por el cual se recaudaría una “tasa digital” sobre las ventas totales de las empresas tecnológicas. “En la era digital la asignación de derechos fiscales no puede circunscribirse de forma exclusiva a la presencia física en un país” , señala el documento puesto en circulación por la OCDE. “Está en el interés de todos los países que este trabajo tenga éxito en la continuación de un régimen fiscal para el futuro basado en un consenso internacional”, de acuerdo con una portavoz del Departamento del Tesoro de Irlanda.

La práctica generalizada de las grandes multinacionales tecnológicas ha sido el de asentar los ingresos por ventas en la contabilidad de sus sedes en los países en los que se establecieron por la existencia de un trato fiscal favorable. En Europa esto se ha registrado en la República de Irlanda y en Luxemburgo, y las autoridades de la competencia en la Unión Europea han perseguido estos tratos fiscales favorables como si fuesen subsidios de esos estados a la actividad económica de las empresas multinacionales. En esta disputa sobre la caja de las grandes multinacionales entre Bruselas y Washington, los países en los que se generan las ventas en Europa no tenían la opción de recaudar el impuesto por las ventas practicadas en su territorio, con lo cual desde París hasta Madrid, pasando por Londres, el objetivo era gravar esos ingresos de forma unilateral. Para los analistas del sector del comercio internacional existe además el peligro, si se procede de forma unilateral, de que las diferencias sobre política fiscal entre distintos países se sumen a las disputas comerciales existentes para hacer aún más compleja la situación añadiendo incertidumbre a la ya inestable economía internacional envuelta en la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Como ejemplo, Estados Unidos está investigando a Francia por su impuesto digital a las grandes tecnológicas mientras Washington ataca a China por sus prácticas comerciales. “Si no encontramos una solución se adoptarán medidas unilaterales de forma masiva”, señaló un alto funcionario de la OCDE que se ocupa del sector fiscal. Las grandes tecnológicas estadounidenses consideran que un acuerdo internacional reduce su riesgo fiscal de forma significativa, porque las libra de las acciones unilaterales país por país y porque saben que la necesidad de contemporizar con los intereses de Estados Unidos las va a a escudar al menos parcialmente.
La batalla de Washington con sus propias multinacionales sin embargo no discurre por el mejor momento en medio de consideraciones sobre la necesidad de trocearlas mediante la escisión de activos y operaciones, con el objetivo de reducir su posición monopólica. 

La propuesta fue enviada a los ministros del G20 para que dispongan de este material antes de la reunión de este grupo de naciones el 17 y 18 de octubre. Los funcionarios de la OCDE esperan el respaldo de las naciones miembro, pero esta expectativa no alcanza a disimular que este posible acuerdo se funda en las vaguedades del documento. La propuesta solo establece los principios generales pero no propone la forma específica en que cada nación se beneficiará o perderá renta fiscal por la aplicación de esos criterios generales lo cual deja un vasto territorio de negociación tras la adopción de criterios comunes. Esto hace que la intención del G20 de que los nuevos criterios queden acordados y resueltos para el 2020 no se vean como fácilmente realizable. El desarrollo de los acuerdos más granulares va a requerir tiempo, afirman los expertos en fiscalidad internacional.

La fiscalidad solo será aplicable a las empresas que facturen más de 750 millones de euros, pero excluirá dentro de esa categoría a las empresas extractivas o que producen bienes que están destinados a otras empresas y no a los consumidores particulares. Sí quedarán sujetas a las nuevas normas las grandes empresas tecnológicas que no venden bienes pero que si venden publicidad a otras empresas que venden bienes a los consumidores directos. 

En definitiva la OCDE propone que los gobiernos lleguen a un acuerdo para estimar los beneficios globales de las grandes tecnológicas y multinacionales para alcanzar posteriormente un acuerdo sobre cómo se reparten entre ellas la fiscalidad sobre esos beneficios. Esta modalidad hace tabla rasa con el criterio de doble imposición que surgió a resultas de la solicitud de la Conferencia Financiera Internacional de la Liga de las Naciones y se fue perfilando a lo largo de los años incluso bien entrada la década de 1930.

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