edición: 2847 , Viernes, 15 noviembre 2019
16/10/2019

La política energética de la UE obliga a afrontar decisiones críticas en torno a financiación y tasas

El Banco Europeo de Inversiones tiene que decidir sobre la financiación de futuros proyectos gasistas
Carlos Schwartz
Los objetivos de la Unión Europea (UE) de reducción de las emisiones de carbono transmiten presiones sobre el conjunto de las decisiones relacionadas con la financiación y el trato de las importaciones desde países con límites de emisiones más bajos o sin límites. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, se ha manifestado como una firme defensora de la marcha hacia una Europa de bajas emisiones, y mantiene un firme compromiso con los plazos fijados para estos objetivos. Sin embargo este es un camino que enfrenta a la política energética europea con problemas de gran significación. Esta semana la cuestión ha afectado al Banco Europeo de Inversiones (BEI) cuyo consejo decidió posponer a noviembre una decisión sobre la suspensión de la financiación de los proyectos gasistas. El BEI ya ha suspendido por completo la financiación a los proyectos vinculados al carbón, desde la extracción hasta la generación, y ahora se proponía establecer una fecha límite a la financiación de proyectos vinculados al gas al final del 2020. Sin embargo la cuestión del gas ha tocado una zona muy sensible.
Las grandes petroleras europeas se han volcado al gas como combustible de bajas emisiones y han canalizado hacia su extracción y comercialización importantes recursos. El criterio del sector petrolero es que el gas es el combustible menos contaminante para dotar a los sistemas de generación eléctrica de un mecanismo continuo que supla las interrupciones de la generación renovable que está sujeta a condiciones climatológicas. Esto se ha reflejado además en infraestructuras muy importantes, como los gasoductos en Europa que constituyen además una cuestión estratégica para Alemania. Berlín tiene un compromiso profundo con el desarrollo de los gasoductos North Stream I y II y su propietario, un consocio ruso alemán. Estos intereses colisionaron con la propuesta de imponer restricciones a la financiación de los proyectos gasistas por parte del BEI, en una reunión de consejo durante la cual Alemania y Polonia, entre otros grandes países europeos, se opusieron a la propuesta. 

El objetivo ha sido pospuesto para la nueva reunión de consejo en noviembre. Von der Leyen apoya la idea de que el BEI sea el principal financiador de la transición hacia una economía de bajas emisiones en el camino de alcanzar el objetivo de emisiones cero. Pero esto supone un conflicto con la estructura de generación existente y choca con los intereses de una parte del sector energético. Este es un problema que se ha reflejado en otra área de la política medio ambiental europea, el de los derechos de emisión. La política de derechos de emisión es uno de los principales instrumentos de política económica de la UE para encaminar la producción industrial y la generación eléctrica hacia un horizonte de emisiones cero. Las empresas que generan emisiones deben pagar una tasa cuyo precio varía, de acuerdo con la oferta y la demanda, y que está actualmente en torno a los 25 euros por tonelada de CO2 emitida.

Pero para estabilizar ese precio la Comisión Europea (CE) debió apelar a una reforma del sistema, drenando del mismo un exceso de derechos acumulados durante un periodo de baja demanda por la caída del consumo de energía tras la crisis financiera internacional, creando con los excedentes una reserva no disponible. A resultas de este sistema diversos productos europeos tienen un coste más alto que sus competidores en otras regiones. Esto determina que haya un desnivel de precios atribuible a los derechos de emisión. Una de las industrias más afectadas por este elemento es la siderurgia, que es además muy beligerante en este frente al señalar que sus costes en Europa son más altos que fuera de Europa. Este desnivel ha determinado en algunos casos la deslocalización de industrias y en todo caso resulta una desigualdad competitiva. 

En atención a esta situación las empresas contaminantes tienen asignados una cantidad de derechos de emisión como compensación. Ahora, bajo la presidencia de Úrsula von der Leyen, la Comisión Europea ha retomado la cuestión de una tasa compensatoria para imponer a los países limítrofes que carecen de un régimen de derechos de emisión o no penalizan al mismo nivel las emisiones de CO2 de sus industrias. Este objetivo es sumamente controvertido y su estudio complejo. En primer lugar porque su aplicación debe evitar quebrantar los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que vela por la ausencia de subsidios o tarifas compensatorias que impongan discriminaciones sobre los precios de los productos estableciendo diferencias entre producción local e importaciones. Esto implica un diseño complejo y la determinación de métodos de cálculo que pueden ser objetables por cualquier país que se considere afectado. 

Algunos países dentro de la UE cuyas economías son altamente dependientes de las exportaciones, como es el caso de Finlandia, temen crear problemas con sus socios comerciales si se implementa una tasa compensatoria fronteriza sobre los productos de países que carecen de un régimen de derechos de emisión, o cuyos derechos de emisión difieren de los europeos. Von der Leyen además ha sido explícita en el sentido de que el sistema de emisiones de carbón, incluido el de su comercio, deben ser reformados, y algunos países como Francia consideran que el precio de los derechos es bajo. 

Lo cierto es que para alcanzar los exigentes objetivos de emisión fijados por la CE las políticas energéticas deberán ser modificadas en el muy corto plazo si se pretende alcanzar los límites acordados. El criterio de los funcionarios de la UE es interpretar cualquier tasa compensatoria fronteriza por los derechos de emisión como una extensión de la política de medio ambiente y control de emisiones europeas. Esta argumentación, por más válida que sea, no dejará de chocar en una economía internacional en la cual no hay una política coordinada de lucha contra las emisiones de CO2.

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