edición: 2559 , Viernes, 21 septiembre 2018
22/06/2018
Ojo a las rentas a partir de 820.000 euros

La presión de los déficits decide al Gobierno a poner la lupa sobre el patrimonio

Algunos colectivos de contribuyentes han duplicado su patrimonio en la década de crisis financiera
Juan José González
Tensión en el ambiente fiscal, presión coyuntural sobre la necesidad de hacer acopio de ingresos. En preparación, nuevas figuras impositivas y más impuestos -al alza en varios casos- a la baja en algunos productos y sectores laborales. La presión del Gobierno le viene dada por los plazos y por algunas de las situaciones de déficit que soportan a duras penas las cuentas. Para empezar, las Autonomías ya han recibido el mensaje de que deben esperar, que no hay tiempo suficiente en lo que resta de año, ni de legislatura -el horizonte de 2020 es ahora la referencia para todo-. Así deberá esperar la reorganización de la financiación de las Comunidades Autónomas. En cambio, la financiación -y el déficit acumulado- más preocupante no es, con todo, el déficit público, sino el de las pensiones. Para el Gobierno es el de mayor visibilidad pública y responsabilidad social colectiva. El autonómico se da por seguro que será el siguiente, el que contiene un mayor grado de negociación y transacción política. El de pensiones, el autonómico y el público son asignaturas a las que el nuevo Ejecutivo se debe aplicar en el corto y en el medio plazo. Pero sucede que al tratarse de asuntos que forman el eje de la política económica, están sujetos a la vida de la negociación entre grupos políticos al mismo tiempo que orientados hacia el horizonte que dibujan las fechas electorales, un calendario salpicado de citas para el próximo año y que culminará (si no hay adelanto sorpresa) con las generales en 2020. Sin perder de vista las necesidades de ingresos, el Ejecutivo observa la evolución de las rentas más altas, los grandes patrimonios y las rentas de los ricos, de los medio ricos y de los menos ricos, y su evolución a lo largo de la última década de crisis.
La Hacienda española cuenta con una estimación que supera las 224.000 personas que poseen más de un millón de dólares en activos (sin contar los bienes de consumo ni la vivienda habitual). Cifras que contrastan con las aportadas por una consultora internacional, autora del informe anual sobre la riqueza mundial, y que viene a constatar la tendencia al alza del número de millonarios. Como consecuencia de la estadística, se confirma que España mantendría el séptimo puesto entre los países europeos con más millonarios y en el 14 del mundo. 

Pero si las cifras constatan que en España el colectivo más adinerado ha crecido en número en el entorno del 13% en un año, destaca también otro aumento considerable en el número de contribuyentes que declararon patrimonios superiores a los 30 millones de euros en un ejercicio, no tanto por el volumen del patrimonio declarado sino por el número de personas que lo hicieron, más del doble, hasta alcanzar los 550 contribuyentes, se registró en un período que comienza a contar desde 2007, de inicio de la crisis financiera, hasta 2016.

Una de las posibles soluciones que mantiene guardada el Ejecutivo -o escondida- para mejor momento son los planes que recogen su política fiscal y presupuestaria, y que forman lo que se puede entender como el eje económico de su plan de Gobierno. Lo que sucede es que fiscalidad y presupuesto están ligados -y heredados- a los compromisos con Bruselas, lo que dificultará el anuncio de cualquier frivolidad en el apartado de gastos.

Esto tiene que ver con una de las mayores tentaciones del partido en el Gobierno como es la subida de impuestos, algo a lo que está abocado, sin remedio, aunque como es habitual es probable que deba aparcar dado el delicado momento político, que no es otro que la proximidad de las citas electorales, comenzando por las locales y autonómicas para cerrar con las generales de 2020.

Cabe la posibilidad de que el Ejecutivo, como receptor obligado de una herencia presupuestaria compleja y cargada de obligaciones, decida sacar adelante algunos de los planes del Gobierno anterior en materia fiscal, como es la aplicación de un impuesto extraordinario a las multinacionales, con el foco principal situado sobre las tecnológicas. Los 2.500 millones de euros estimados como ingresos por ese concepto servirían -según el argumento compartido por el nuevo Gobierno y el anterior- como paliativo de las cuentas de la Seguridad Social y al mismo tiempo como un aviso para navegantes.

Los grandes patrimonios, las rentas más altas, parecer ser ahora los destinatarios del mensaje fiscal, el colectivo de contribuyentes que suscita un mayor interés en el nuevo equipo de Gobierno, en tanto que sirven para identificar el colosal desarrollo y evolución patrimonial de los millonarios, los que superan, según la Agencia Tributaria el millón de dólares, el equivalente a 862.000 euros y sobre los que parece que Hacienda proyecta un mayor interés.

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