edición: 2700 , Miércoles, 17 abril 2019
23/01/2018
Si hablan claro peligran 8,6 millones de votos

La reforma de las pensiones impone sacrificios y mayor presión fiscal

Ningún partido político se atreve a debatir en serio que el futuro de las pensiones pasa por una subida de impuestos
Juan José González
Es de las pensiones uno de esos temas capitales que provocan la curiosidad y demandan la atención de un numeroso público, asunto de los que levantan -en términos de audiencia televisiva- el `share´ de la ciudadanía a nada que asome el término pensiones o sus fonemas acompañantes como sistema público y reforma. El de las pensiones es, hoy día, el asunto estrella en los debates públicos presentes y de futuro, elemento de programas electorales, herramienta para levantar votos en busca de mayorías. No hay líder político que se precie si no cuenta con una opinión, más o menos razonada, del asunto, no de su problemática, sino de ofrecer alguna solución. Aunque, por otra parte, bien parece el mejor tema elegido por Moncloa entre el numeroso y amplio rosario de problemas pendientes que tiene el Ejecutivo y que demanda la sociedad española, en busca de minorar otros temas como el conflicto territorial, la financiación autonómica o, incluso, el calentamiento del planeta. Son las pensiones un asunto cuyo debate público ha dejado de ser discreto tras haber trascendido la comisión del Pacto de Toledo que trata de resolver el desaguisado de las pensiones. Ante la evidencia de una situación de alarma, las pensiones requieren un debate serio y en serio, sincero, llamando a las cosas por su nombre, declarar de forma abierta que son necesarias numerosas reformas que conllevan sacrificios, esto es, renuncias de algunos derechos y aumento de impuestos. Claro que, tanta vehemencia provocará que muchos votantes pongan pies en polvorosa. Así, mientras tanto, se pretenderá que sea la banca la que pague el pato. Por eso, el debate serio debería comenzar ya.
Se da cita en las últimas semanas una variada gama de propuestas políticas en las que se advierte el dominio de la improvisación, suerte de cóctel de ideas dispersas que se quieren apoyar en una base económica que las justifique, a modo de cálculo actuarial, y cuya factura total, su financiación, correría a cargo, según la suerte, de las más diversas fuentes. Al margen del descabellado sistema de debate y de la originalidad de algunas propuestas, todo apunta a un aumento de la presión sobre el Pacto de Toledo para que acelere, de una vez, sus conclusiones. Otro asunto será la interpretación política que realicen los encargados de reflejarlas en la práctica en un nuevo sistema de pensiones que se pretende.

Las pensiones como debate público, político y, por tanto, como batalla por hacerse con el favor del voto de los pensionistas, unos 8,6 millones de ciudadanos con derecho a voto y que pueden decidir el sentido, el color y la victoria en unas elecciones generales, un escenario para el que ya se trabaja con el horizonte fijado en el próximo año. El debate, sin embargo, no surge por generación espontánea, si no que viene a propósito del elocuente deterioro del sistema, de su insuficiente dotación, de su agotamiento por deficiente financiación, algo que los políticos denominan insostenibilidad del sistema público de pensiones.

El asunto no era un secreto para nadie aunque las discusiones y el debate sobre posibles medidas a aplicar para reformar el sistema se movieran en cierta medida en un ambiente de discreción. Con carácter previo a cualquier decisión posterior, cualquier reforma que se proponga deberá considerar el estrecho margen de que se dispone para hacer modificaciones, dado el carácter limitativo -líneas rojas- que supone situar el techo anual del aumento de las pensiones en el 0,25%, como recoge la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año pasado y ahora prorrogados.

Pero de la noche a la mañana, el debate se ha acelerado dejando al descubierto diversos análisis técnicos y políticos que aspiran a remediar el entuerto, algo que no se producirá en el corto plazo, sino que las propuestas que se hagan efectivas mediante su aprobación mayoritaria tienen un plazo de unos siete en adelante para comenzar a ver algún fruto. Todo indica que el deteriorado sistema público de pensiones deberá ser intervenido con carácter de urgencia, habida cuenta que el déficit no podrá ser cubierto con el dinero ahorrado en el fondo de reserva y hoy agotado, sin capacidad para devengar la próxima extra de verano a los pensionistas.

La intervención, cirugía a lo bestia, requerirá reformas variadas, complementarias como la tasa de sustitución o la edad de jubilación entre otras. Pero quizá la mayor de todas las intervenciones, por su profundidad, volumen y alcance, tendrá que ver con la financiación, asunto que, aunque no lo parezca, tratan de evitar por todos los medios los partidos políticos. Porque la salida propuesta por dos formaciones políticas para que sea la banca la que pague, mediante un impuesto anual, el desequilibrio del sistema no deja de ser un brindis al sol, seguramente producto de reflexiones inmaduras, improvisadas y lanzadas en un momento crítico cuando la hucha de las pensiones está vacía.

Todo parece indicar que las pensiones, no su problemática, sino las propuestas políticas para solucionar el déficit del sistema, serán la estrella de la próxima película, la campaña electoral cuyo desarrollo se prevé intensivo con la disputa del voto de los pensionistas como eje del combate, de la batalla y de la guerra política. La evidencia de la situación de alarma en la que se encuentran las pensiones, requiere que el debate sea serio y sincero, señalar de forma directa que son precisas varias reformas y que estas se traducen en sacrificios, lo que equivale a proponer la modificación de algunos derechos y, por supuesto, nuevos impuestos. Algo que con tanta vehemencia provocará la huida de muchos votantes. Mientras tanto, se pretenderá que sea la banca la que pague el pato. De ahí que sea urgente que comience el debate. Pero en serio.

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