edición: 2784 , Lunes, 19 agosto 2019
27/07/2011
OBSERVATORIO FISCAL

Las adquisiciones intracomunitarias y los libros registros de IVA

DATADIAR

Tal y como establece el art. 62.1.d) del Reglamento del IVA, los empresarios o profesionales y otros sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido deberán llevar, con carácter general y en los términos dispuestos por este reglamento, entre otros el Libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias.

En este sentido, el art. 66.1, también del Reglamento del IVA dispone que los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido deberán llevar un libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias, en el que se anotarán las que se describen a continuación:
1.º El envío o recepción de bienes para la realización de los informes periciales o trabajos mencionados en la letra b) del número 7.º del apartado uno del artículo 70 de la Ley del Impuesto.
2.º Las transferencias de bienes y las adquisiciones intracomunitarias de bienes comprendidas en el número 3.º del artículo 9 y en el número 2.º del artículo 16 de la Ley del Impuesto, incluidas, en ambos casos, las contempladas en las excepciones correspondientes a los párrafos e), f) y g) del citado número 3.º del artículo 9.

Por lo tanto, las operaciones que deben incluirse en el Libro registro de operaciones intracomunitarias son tasadas. 

Por otro lado, el art. 62 RIVA en sus apartados a) y b) establece como libros obligatorios el libro registro de facturas expedidas y el libro registro de facturas recibidas.

En relación con el libro registro de facturas expedidas señalar que el art. 63.3 del Reglamento del IVA establece que "en el libro registro de facturas expedidas se inscribirán, una por una, las facturas o documentos sustitutivos expedidos y se consignarán el número y, en su caso, serie, la fecha de expedición, la fecha de realización de las operaciones, en caso de que sea distinta de la anterior, el nombre y apellidos, razón social o denominación completa y número de identificación fiscal del destinatario, la base imponible de las operaciones, determinada conforme a los artículos 78 y 79 de la Ley del Impuesto y, en su caso, el tipo impositivo y la cuota tributaria".

De este precepto puede interpretarse que en el libro registro de facturas expedidas se deben incluir tanto las facturas que documenten operaciones exentas como las no exentas, al señalar que "en su caso, el tipo impositivo y la cuota tributaria", es decir, en el caso de las operaciones no exentas.

Respecto al libro de facturas recibidas señalar que la consulta de la DGT de 5-2-2004 establece que "De acuerdo con lo expuesto, a partir del 1 de enero de 2004, los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido que realicen adquisiciones intracomunitarias de bienes deberán actuar de la forma siguiente:

1º) Anotarán en el libro registro de facturas recibidas la factura original expedida por el empresario o profesional de otro Estado miembro que da origen a la adquisición intracomunitaria de bienes sujeta al Impuesto en el territorio de aplicación del mismo, conforme dispone el artículo 64.2, párrafo segundo del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

2º) Consignarán debidamente la adquisición intracomunitaria de bienes en la declaración-liquidación correspondiente al período en que se efectué la misma, adicionando las cuotas del Impuesto devengadas y del Impuesto soportado relativas a la adquisición intracomunitaria de bienes efectuada al resto de las cuotas devengadas y soportadas de dicho período de declaración-liquidación".

En definitiva, en el libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias sólo y exclusivamente se anotarán un tipo concreto de las mismas, la generalidad de las adquisiciones intracomunitarias de bienes, tendrán que ser anotadas en el libro de facturas recibidas en los términos expuestos.

Por último indicar que este tipo la realización de este tipo de operaciones implica, el deber de presentar el modelo 349 Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, tal y como establece el art. 2 de la Orden EHA/769/2010.

Equipo jurídico de Datadiar.com

Consultas Vinculantes

Diversas cuestiones relativa a la percepción de una subvención pública para el arrendamiento de vivienda. D.G.T. C, (07/04/2011).
La Comunidad Autónoma de Madrid ha concedido al consultante una subvención para el arrendamiento de vivienda.  El consultante manifiesta que sus rendimientos íntegros del trabajo ascienden a 20.000 euros anuales. Obligación de declarar y calificación de las referidas ayudas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Consecuencia tributarias que puedan derivarse si el consultante se viera obligado a devolver la subvención percibida por incumplir determinados requisitos. Cuando la rectificación de una autoliquidación origine una devolución derivada de la normativa del tributo y hubieran transcurrido seis meses sin que se hubiera ordenado el pago por causa imputable a la Administración tributaria, ésta abonará el interés de demora del artículo 26 de esta Ley sobre el importe de la devolución que proceda, sin necesidad de que el obligado lo solicite. A estos efectos, el plazo de seis meses comenzará a contarse a partir de la finalización del plazo para la presentación de la autoliquidación o, si éste hubiese concluido, a partir de la presentación de la solicitud de rectificación. Cuando la rectificación de una autoliquidación origine la devolución de un ingreso indebido, la Administración tributaria abonará el interés de demora en los términos señalados en el apartado 2 del artículo 32 de esta Ley”.

El elemento determinante de la aplicación del régimen transitorio en el caso planteado de construcción es que se hubieran satisfecho gastos derivados de la ejecución de las obras con anterioridad a 1 de enero de 2011. D.G.T. C, (07/04/2011).
El consultante invirtió, hace unos años, los ahorros de su cuenta vivienda en la compra de un solar. Desde que realizó dicha compra ha estado invirtiendo de forma continuada (estudios previos, proyecto de arquitecto…) para llevar a cabo la construcción de su futura vivienda en él y por estos pagos ha practicado la correspondiente deducción. Desea comenzar las obras de construcción en el mes de diciembre de 2010 o primeros meses del 2011. Derecho a la deducción por inversión en vivienda habitual teniendo en cuenta que, a partir de 1 de enero de 2011, entra en vigor la nueva normativa de la deducción. Al tratarse de un supuesto de construcción de vivienda habitual, y habida cuenta que, con las salvedades anteriormente señaladas, los términos y condiciones para aplicar la deducción a partir de 2011 son idénticos a los actuales, las obras deberán finalizar en el plazo máximo de cuatro años desde el inicio de la inversión, con las únicas excepciones contempladas en los apartados 3 y 4 del artículo 55 del RIRPF, y el consultante deberá cumplir los referidos requisitos de ocupación y residencia para la consideración de la vivienda como la habitual del contribuyente.

Tribunales

Deducibilidad de la dotación a la provisión por insolvencias. Audiencia Nacional. Sentencia de 13 de abril de 2011.
Deducibilidad de la dotación a la provisión por insolvencias. Tratándose de sociedades vinculadas, la Ley del Impuesto prohíbe esa deducción, salvo en el caso de insolvencia judicialmente declarada, que no consta. La vinculación entre acreedor y deudor deriva en este caso del supuesto previsto en el artículo 16.2.m) de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, según el cual se considerarán personas o entidades vinculadas dos sociedades, cuando una de ellas ejerce el poder de decisión sobre la otra. os actos administrativos objeto de impugnación son pues, rotundos, a la hora de establecer la amplísima red de vínculos personales y societarios entre las dos empresas CONSTRUCCIONES LL… y PR…, acreditativas con plenitud de valor probatorio de que entre ambas hay vinculación, y no sólo por el indiscutible hecho de la unidad de dirección de ambas sociedades, sino porque todos los negocios jurídicos dirigidos a la transmisión de acciones por parte de la familia Llompart a terceros de su confianza son reveladores de actos que, en realidad, no han transferido las acciones a sus nuevos propietarios -que no las han declarado como tal, ni perciben dividendos, ni ostentan el más mínimo control y gestión de la sociedad de la que son socios mayoritarios-, calificación que, llámese simulación o, con mayor propiedad jurídica, negocio fiduciario, en que el pacto interno deshace los naturales efectos del acto negocial de transferencia dominical efectuado, impide deducirse las cantidades en que fue dotada la provisión por insolvencias. Indicio particularmente significativo de esta fiducia es que el Sr. Luis María declaró en el Impuesto sobre el Patrimonio correspondiente al ejercicio 2001 la titularidad de las acciones que se suponían vendidas en 2000.

Inexistencia de prescripción por interrupción injustificada. Improcedencia de la aplicación del régimen de transparencia fiscal. Regularización. Audiencia Nacional. Sentencia de 25 de abril de 2011.
Prescripción por interrupción injustificada: No resulta procedente toda vez que cuando se interrumpe un procedimiento de comprobación por razón de la preferencia absoluta de la jurisdicción penal la fecha a tener en cuenta para su reanudación es la de la recepción de la sentencia y del expediente administrativo por la Inspección. Los pronunciamientos efectuados en la sentencia penal servían de base suficiente para dictar los acuerdos de liquidación. Improcedencia de aplicación del régimen de transparencia fiscal a los ejercicios regularizados en que la recurrente había declarado por el régimen general. Procedencia de la regularización practicada en relación a la valoración a precios de mercado de las cesiones de inmuebles, a la exención por reinversión y a la provisión por responsabilidades practicada en el ejercicio 1989.  Corrección de la liquidación de intereses de demora. Improcedencia de la sanción impuesta por la deducción en activos fijos nuevos. La culpabilidad ha de estar tan demostrada como la conducta activa u omisiva que se sanciona, y esa prueba ha de extenderse no sólo a los hechos determinantes de la responsabilidad sino también, en su caso, a los que cualifiquen o agraven la infracción. Bien es cierto que, a menudo, será difícil una prueba específica de la culpabilidad en casos distintos de aquéllos en los que se sostenga una interpretación amparada en criterios de aplicación de las normas que sea razonable, de la misma manera que la propia conducta manifestada por el sujeto pasivo en sus relaciones con la Hacienda Pública, así como las circunstancias que la rodean será, en ocasiones, suficiente como para concluir la presencia del elemento culpabilísimo de inexorable concurrencia. Pues bien, la aplicación de la anterior doctrina al caso concreto, exige analizar el concepto por el que ha sido impuesta la sanción que se enjuicia y, a tal respecto, es necesario aclarar que únicamente ha sido objeto de sanción la deducción en activos fijos nuevos respecto de los ejercicios 1988 y 1989 regularizados por incumplimiento de lo dispuesto en el art. 26 de la LIS. No se puede desconocer, que en esta concreta materia, el criterio de la Sala, ha sido considerar que, cuando no ha existido ocultación, cabe apreciar la concurrencia de una interpretación razonable, de acuerdo a los criterios jurisprudenciales expuestos, que excluye la culpabilidad.

Tribunales Económico-Administrativos

No pueden considerarse como bienes de inversión aquellos bienes que, aun estando destinados a permanecer afectos al activo empresarial por más de un año no son utilizados como medio de explotación o instrumento de trabajo en la actividad. TEAC R, (10-05-2011).
No pueden considerarse como bienes de inversión aquellos bienes que, aun estando destinados a permanecer afectos al activo empresarial por más de un año (artículo 108.uno Ley 37/1992), no son utilizados como medio de explotación o instrumento de trabajo en la actividad, de forma que no tendrán este carácter los inmuebles cuyo destino normal es el de su transmisión, por el contrario a los inmuebles destinados a su explotación (así mediante el arrendamiento). En sentido análogo se pronuncia el TS en sentencia de 17 de enero de 2006 (rec 1018/2001). En ningún caso consta y se acredita que los terrenos fueran utilizados en el desarrollo de la actividad empresarial de alquiler de inmuebles, y por tanto dichos terrenos no pueden calificarse como bienes de inversión. Cabe recordar que la entidad si bien su actividad principal consiste en el arrendamiento de inmuebles, no obstante en menor medida también tiene como actividad la venta de inmuebles (así lo manifiesta la entidad y se recoge en el acuerdo de liquidación impugnado). Atendiendo a las actividades desarrolladas por la recurrente, los terrenos se califican como existencias y no como bienes de inversión, todo lo cual comporta que el importe de la transmisión deba computarse a efectos del cálculo de la prorrata de deducción por aplicación de lo dispuesto en el art. 104, tres, 3, al tratarse de la entrega de existencias por la entidad.

La sujeción de operaciones al IVA está condicionada a que quien realiza la operación tenga la condición de empresario a los efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido. TEAC R, (10-05-2011).
El caso concreto se trata de una transmisión de construcciones, en la que el transmitente no había iniciado de forma efectiva la realización de entregas de bienes y prestaciones de servicios. Se alegó en la reclamación que el transmitente tenía la condición de empresario a los efectos del IVA pues era arrendador de las construcciones, y que también era urbanizador con relación a los terrenos en las que se ubicaban esas construcciones. En la resolución se considera que no tenía en el momento de la transmisión la condición de arrendador. En cuanto a la condición de urbanizador con relación a los terrenos tampoco se admite, pues de la documentación aportada se deriva que fue otra entidad. No tenía por tanto la condición de empresario a los efectos del IVA en el momento de la transmisión, y ésta no estaba sujeta al impuesto.

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