edición: 3027 , Miércoles, 12 agosto 2020
09/07/2012

Las aduanas vigilarán las ventas por Internet y destruirán los pequeños envíos que violen la propiedad industrial

Xavier Gil Pecharromán
La Unión Europea contará en los próximos meses con un procedimiento simplificado para destruir mercancías falsificadas sin necesidad de determinar formalmente la infracción en un tribunal. Esta medida se incluye en un nuevo Reglamento, cuyo texto acaba de aprobar la Comisión de Consumo del Parlamento Europeo, se aplicará a los pequeños envíos de productos sospechosos (derivados de una venta por Internet y que entran en la UE por vía postal o mediante un servicio de mensajería) al comparar el valor de los productos ilegales con la carga del coste de almacenamiento y de los procedimientos judiciales.


El Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de la propiedad intelectual incluye un procedimiento específico y simplificado para los pequeños envíos y como todos los reglamentos comunitarios será de obligado cumplimiento para los Veintisiete, incluida España.

No menos importante, es que el Reglamento permitir que las autoridades aduaneras de la UE incauten las importaciones paralelas, introducidas en el mercado comunitario sin la autorización de los titulares de los derechos, lo que pretende mejorar el respeto de los derechos de propiedad industrial.

Estos controles no vulneran los derechos del importador, puesto que las autoridades aduaneras simplemente hacen uso de sus derechos y obligaciones jurídicamente consagrados. Sin embargo, ello no debe impedir el derecho a ser oído en el procedimiento específico aplicable a los pequeños envíos, ya que los consumidores pueden estar directamente afectados.

La definición del término “pequeño envío” se basa en el número de artículos (menos de tres) y en su peso total (menos de 2 kg) contenidos en un único bulto. Estos criterios y límites se basan en las diversas respuestas ofrecidas por las partes interesadas durante la consulta pública. El ponente ha decidido no incluir el valor de los artículos, ya que no hay acuerdo en cuanto al valor que se debe aplicar (el valor de las mercancías sospechosas o el de las mercancías auténticas) y las autoridades aduaneras no disponen de criterios objetivos para determinar el valor de los productos falsificados.

Las autoridades aduaneras pueden tener dificultades para determinar mediante un mero examen visual si puede haberse infringido un determinado derecho de propiedad intelectual. Resulta, por tanto, adecuado, prever la conveniencia de incoar procedimientos judiciales, a menos que las partes afectadas, en particular, el propietario de las mercancías o el titular del derecho, acepten abandonarlas para que se proceda a su destrucción. Conviene que sean las autoridades competentes que se ocupen de tales procedimientos quienes determinen si se ha vulnerado un determinado derecho de propiedad intelectual y quienes adopten las decisiones apropiadas en relación con las vulneraciones en cuestión.

La destrucción de mercancías por las autoridades aduaneras sin que el titular de un derecho o un tribunal hayan confirmado una vulneración de los DPI constituiría una interferencia inaceptable con el derecho fundamental de propiedad. Por consiguiente, los titulares de derechos deberán optar por la aplicación del procedimiento, es decir, en la solicitud de intervención de las autoridades aduaneras, deberían solicitar que se aplique el procedimiento de pequeños envíos. Mediante esta solicitud, los titulares de derechos aceptarían la financiación anticipada de los costes de almacenamiento y destrucción.

La Comisión mantiene la exclusión de los equipajes personales de los viajeros, pero la Comisión de Consumo del Parlamento considera que no sigue este enfoque coherente. Considera que la exención actual tiene un carácter meramente declarativo, pero transmite a las autoridades aduaneras, los consumidores y las empresas comerciales el mensaje equivocado de que la importación de mercancías ilegales para uso personal es aceptable.

Si el destinatario no puede ser identificado, no está localizable o no puede pagar, el titular del derecho debería poder tratar de obtener compensación de los intermediarios, como los transportistas o los transitarios (titulares físicos de las mercancías), en el caso de que no hayan actuado con la diligencia debida en el tratamiento del envío. Los criterios para establecer dicha falta deben especificarse en la propuesta de Reglamento.

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