edición: 2065 , Viernes, 30 septiembre 2016
05/09/2008

Las arbitrariedades en la contratación telefónica tienen sus días contados

Xavier Gil Pecharromán

Desde el próximo 31 de diciembre se acabarán las contrataciones de productos y servicios telefónicos y de internet sin copia para el suscriptor, las facturaciones incomprensibles y la venta de ofertas con medias verdades o con la prestación de ventajas incluidas como generales en la legislación de consumo. Situaciones que en la actualidad son el pan nuestro de cada día.

El próximo año las operadoras van a tener que cambiar sus hábitos de contratación, facturación y venta de productos y servicios a favor de la seguridad jurídica de sus clientes. Es una de las reformas legislativas más demandadas por los ciudadanos y las asociaciones de consumidores.

Por situar la importancia de estas medidas, basta pensar que las comunicaciones electrónicas, que incluyen el sector de la telefonía fija y móvil así como el de proveedores de internet, acapararon el pasado año el 48,9% de las reclamaciones presentadas por los ciudadanos al Sistema Arbitral de Consumo.

El sector que les seguía por volumen de quejas era el de la reparación de automóviles con tan sólo un 5,7% de las quejas; la venta y asistencia técnica de electrodomésticos y las tintorerías (4,4%) y de informática (4,3%). Unas diferencias abismales.

Los motivos de queja se centraron en la facturación del servicio, la contratación, el mantenimiento y la dificultad para darse de baja del mismo, según consta en la memoria de las reclamaciones ante Arbitraje de Consumo en 2007. 

Así, el Gobierno remitirá a las Cortes una propuesta de los ministerios de Sanidad y Consumo, Justicia, Economía y Hacienda e Industria, Turismo y Comercio, del Anteproyecto de Ley por el que modifica el régimen legal de la competencia desleal entre las operadoras que incrementará la seguridad de los consumidores.

También en la agenda legislativa del Gobierno se prevé que antes del 31 de diciembre, el Ejecutivo presentará una propuesta sobre la Carta de Derechos del Usuario de Servicios de Telecomunicaciones, y antes del 31 de marzo de 2009 elaborará un anteproyecto de Ley General audiovisual, así como un anteproyecto de Ley de Creación del Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales, entre otras medidas.

La Carta de Derechos del Usuario incluirá la obligación de entregar por escrito a los clientes un documento acreditativo de las ofertas a las que se acogen y sus características. De esta forma se acabará con el limbo legal en el que se desenvuelven los operadores que contratan servicios sin expedir los correspondientes contratos o comprobantes, que aseguren los términos contratados, dándose en multitud de ocasiones la situación de que una llamada de carácter comercial se convierte en un contrato en firme sin que exista una voluntad expresa por parte del consumidor.

Así, por ejemplo, en el caso de servicios como el de localización de la llamada, por poner un ejemplo de actualidad, el consumidor podrá saber si trataba de una oferta temporal o de un servicio permanente que formaba parte de las condiciones de su suscripción al servicio, cosa que en la actualidad es imposible.  

De ahí, la importancia que tiene también el anteproyecto que remitirá el Gobierno al Parlamento. A través de esta normativa se quiere poner coto a as prácticas comerciales agresivas y engañosas. Así se consideran, entre otras, las llamadas telefónicas que se realizan de forma masiva y reiterada para realizar ofertas que el consumidor no ha solicitado (´spam´ telefónico) al igual que la ocultación de información, la transmisión de datos pocos claros o la presentación de derechos reconocidos como si fueran características especiales de un producto o servicio.

No menos importante será la aprobación y entrada en vigor del actual anteproyecto de la Ley de Servicios de Pago, que terminó en julio su fase de Audiencia Pública. Con esta normativa se intenta evitar los abusos en los procedimientos de pago, entre otros, de ejecución de adeudos domiciliados o de los servicios que permiten la retirada de efectivo de una cuenta de pago y todas las operaciones necesarias para la gestión de la propia cuenta de pago.

Finalmente, el ministro de Industria, Miguel Sebastián ha anunciado que el Gobierno no va a aceptar que los usuarios españoles paguen por recibir llamadas en sus teléfonos móviles en caso de que la Comisión Europea siga adelante con sus planes de obligar a los consumidores a cargar con este coste, que en Estados Unidos es práctica habitual desde hace años.

Las operadoras calculan que en torno a 40 millones de europeos podrían dejar de utilizar el teléfono móvil si Bruselas les obliga a correr con los conocidos en el sector como costes de terminación de las llamadas.

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