edición: 2469 , Viernes, 18 mayo 2018
20/07/2011
LA OREJA DE LARRAZ

Las aseguradoras deben saber la indemnización que deben consignar en el juzgado o abonarán intereses

Javier Ardalán

Las compañías de seguros tienen la obligación de saber la cuantía de la indemnización por daños que les corresponde pagar o consignar en el juzgado al afectado por un siniestro, a la vista del informe forense que debe solicitar la propia aseguradora. Si el tribunal considera que esta cifra no es suficiente podrá imponerles el pago de intereses moratorios. Así, lo declara el Tribunal Supremo en una serie de recientes sentencias en las que reconoce que no sólo se debe consignar en el juzgado la cantidad correspondiente a la indemnización en el plazo de tres meses desde que se produce el accidente o el siniestro, cuyo incumplimiento bastaría para imponer el pago de intereses, sino que además de cumplir el plazo, debe ser considerada suficiente la cantidad por los jueces.

Con respecto al plazo de tres meses, la jurisprudencia del Tribunal Supremo considera que ni la mera existencia de un proceso, o el hecho de acudir al mismo, constituye causa en sí misma justificada del retraso, pero también reconoce que no basta para imponer a la aseguradora los intereses moratorios  cuando el recurso lo plantea el afectado y no se aprecia una auténtica necesidad de acudir al litigio para resolver la situación de incertidumbre o duda racional en torno al nacimiento de la obligación misma de indemnizar.

La sentencia de un órgano judicial que pone fin al pleito, no implica que se valore ese proceso como causa justificadora del retraso, ya que la deuda nace con el siniestro y la sentencia que la cuantifica definitivamente no tiene carácter constitutivo sino meramente declarativo de un derecho que ya existía y pertenecía al perjudicado.

El magistrado Xiol Ríos, afirma en su sentencia de 1 de febrero de 2011, que si se hubiese peritado el siniestro  y se hubiese requerido toda la documentación, incluyendo la médica, que sea necesaria para su liquidación, hubiera podido  indemnizar al menos la cantidad que considerase debida con independencia de defender luego en juicio su tesis de la ausencia de culpa, o del carácter excesivo de la indemnización solicitada.

Por ello, en la actual sentencia se concluye que dado que la aseguradora no realizó dicha consignación en plazo ni pidió tal pronunciamiento de suficiencia, al limitarse a consignar una cantidad y esperar al resultado de la sanidad médico forense, la decisión de la Audiencia de imponerle los intereses fue correcta.

La jurisprudencia contempla algunos supuestos en los que estima que concurre una circunstancia que libera al asegurador del pago de los intereses moratorios, como ocurre (sentencia del Tribunal Supremo de  29 de noviembre de 2005 ) cuando la determinación de la causa del pago del asegurador haya de efectuarse por el tribunal, en especial cuando es discutible la existencia o realidad del siniestro, como sucede cuando no se han averiguado sus causas y esto es determinante de la indemnización o de su cuantía.

También, lo será cuando exista discusión entre las partes, no sobre el importe exacto de la indemnización, sino sobre la procedencia o no de cubrir el siniestro; y cuando, junto a la necesidad de acudir al órgano jurisdiccional competente para la determinación de la causa, culposa o no, de la producción del siniestro, sea necesaria la decisión judicial para la fijación de la cantidad que debe abonar el asegurador mediante indemnización ante las discrepancias existentes entre las partes, especialmente cuando la complejidad de las relaciones habidas entre ellas excluyen la fácil determinación de la cantidad realmente adeudada.

En el caso presente, la aseguradora reconoce haber estado pendiente del estado de las lesiones de los perjudicados, habiendo estado en permanente contacto con la representación de los perjudicados, por lo que, es fácilmente colegir que fue conociendo la magnitud y entidad de dichas lesiones en todo momento; dilatar por consiguiente el pago total hasta transcurridos más de tres años desde el siniestro, le hace acreedor del abono de los intereses del art. 20 de las Ley de Contrato de Seguro ; por lo que, procede la estimación del motivo del recurso, debiendo ser condenada la entidad demandada al pago de dichos intereses.

El origen del conflicto se refiere a un accidente de tráfico ocurrido entre dos turismos, cuando uno de ellos, asegurado perdió el control y se salió de la vía en la que circulaba, colisionando frontalmente con el otro vehículo.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2018 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...