edición: 2597 , Viernes, 16 noviembre 2018
31/08/2009
LA OREJA DE LARRAZ

Las autonomías se desmarcan de las subidas de impuestos del Gobierno y los ayuntamientos

Xavier Gil Pecharromán
Los Gobiernos autonómicos se plantean desmarcarse de las subidas de impuestos protagonizadas, de una parte, por el Gobierno y, de otra, por los municipios. El nuevo sistema de financiación regional, que prevé un aumento de los ingresos para todas las autonomías y el aplazamiento de las devoluciones sobre los excedentes percibidos sobre sus recaudaciones impositivas del Estado, hacen que los portavoces autonómicos se puedan permitir anunciarlo. Con el nuevo sistema recaudatorio se aumenta en casi 17.700 millones de euros los ingresos autonómicos, mientras que la deuda aplazada asciende, según los datos de Economía, hasta los 6.000 millones, que no empezará a pagarse hasta 2011 para lo percibido de más en 2008 y en 2012 para los correspondientes a este año.

Esta deuda obedece a una caída de los ingresos por los impuestos que recaudan las autonomías como consecuencia de la crisis. Es un dato preocupante que debe obligar a los Ejecutivos regionales a diseñar presupuestos basados en la austeridad y la contención del gasto.

La cifra ha causado malestar entre las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que aunque reconocen que deben saldar sus cuentas con el Estado, achacan la elevada cuantía a una mala gestión económica del Gobierno.

Desde el Gobierno de Zapatero se les ha anunciado que pueden dar por descartado que sea posible que recuperen la recaudación del Impuesto sobre el Patrimonio, que es un tributo cedido. También dan por irrecuperable el Impuesto sobre Sucesiones en aquellas comunidades que lo han reducido a mínimos,

Los Ayuntamientos, por su parte, tal y como ya hemos comentado en ICNr, están aumentando masivamente las bases imponibles del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), han comenzado a dar facilidades en muchos casos a sus vecinos para que paguen en cómodos plazos de dos años la subida impositiva, a la que se ha sumado, en multitud de municipios una actualización.

Mientras, la caída de ingresos ahoga a la mayoría de los 8.000 consistorios de España, que a diferencia del Gobierno central y las comunidades autónomas no pueden recurrir a la emisión de deuda pública para mantener sus compromisos de gasto, ha llevado a que algunos de ellos estén al borde de la quiebra y muchos más a la sombra de los expedientes de regulación de empleo (ERE), cuentan con la exigua mejora de 5.000 millones del Plan E, siguen solicitando créditos presupuestarios por los servicios que se traspase, así como fondos incondicionados desde las comunidades autónomas para distribuirlos libremente. Los primeros que han iniciado despidos en sus plantillas has sido Roda de Bará (Tarragona), Gáldar (Canaria) o Valencia de la Concepción (Sevilla).

La lucha contra el paro, que pretende el Gobierno Zapatero con el Plan E, en muchas pequeñas y medianas corporaciones no está teniendo efecto ninguno entre sus propias plantillas. Según datos de Economía, los ayuntamientos españoles se gastaron en 2008 un total de 17.082 millones de euros en personal. Y es que este capítulo de gastos ha sido uno de los que más han crecido en los últimos años.

Además de las superposiciones de plantillas de personal de ‘confianza’ soportadas en cada cambio de corporación, los municipios han creado toda una maraña de entidades y sociedades municipales y de comarcales para mejorar la gestión de sus servicios municipales y sociales.

Estos organismos se han convertido, tras la disminución en el número de licencias de construcción, los cambios en la calificación de suelos, las cargas urbanísticas, tras el inicio de la crisis de la construcción y del turismo, en cargas de personal contratado. Además, muchos concejales ocupan también puestos de dirección en estas empresas públicas, lo que aumenta sus retribuciones y, por tanto, el gasto de personal.

La solución a estos problemas económicos que ha planteado el presidente de la FEMP, Pedro Castro, muestra la desesperación de los ayuntamientos: subir la presión fiscal a cada contribuyente del 30% al 50%. Un esfuerzo que pondría en peligro el consumo y el empleo, por mucho que haya otros países en la Unión Europea que lo hayan alcanzado.

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