edición: 2852 , Viernes, 22 noviembre 2019
26/02/2009

Las ayudas del Gobierno están atascadas por la burocracia

La Administración externaliza en empresas privadas la gestión de pago
Juan José González

Rigidez en la forma, formalidades superfluas, ineficacia, y más ineficacia en la gestión administrativa. Todas estas características parecen haberse unido con el fin de estrangular ayudas, créditos y subvenciones que no llegan a su destinatario. Pero al final se ha impuesto la solución más práctica y rápida; subcontratar (externalizar) a empresas de factoring, confirming y gestión administrativa para que todas estas ayudas, subvenciones, avales y pagos alcancen, al fin, su destino y con el tiempo suficiente como para que la sangre no llegue al río, que a punto estuvo de llegar la semana pasada tras conocerse varios incidentes en oficinas bancarias de Madrid, Barcelona y Sevilla. El motivo que les empujaba a la acción no era otro que solicitar la moratoria del pago de la hipoteca a los parados, trámite para el que los bancos carecían aún de las claves y comandos técnicos precisos para que se pudiera llevar a cabo la solicitud del aplazamiento. Y así, ni los bancos podían pagar ni los parados con hipoteca aplazar.

Pero el Ministerio de Economía, a través de la secretaría de Estado de Hacienda, ya ha puesto en marcha soluciones alternativas que pasan por delegar mediante subcontratación las gestiones administrativas de pago, única vía, aunque sea de forma transitoria, para que parados, autónomos, pymes y ayuntamientos reciban los fondos y avales que les corresponden. “Cualquier vía será útil si se consigue que la Administración pague antes” afirma un edil de un pequeño ayuntamiento de la sierra madrileña que añade, “hace 20 ó 25 años no sucedía esto porque contábamos con una oficina de correos a través de la que recibíamos todo tipo de pagos”. ¡Si Larra levantara la cabeza!

Y no hay ninguna compañía del sector que se niegue a practicar factoring en ciertas condiciones, es decir, siempre y cuando las pymes a las que adelanten los pagos cuenten con un aval público, y además que la Administración les garantice el pago del servicio a 90 días como mucho. Pero, claro, muchas pymes se encuentran con que el aval para solicitar ayudas tampoco les llega. En el Ministerio de Economía ya cuentan con los informes técnicos que califican a las primeras compañías de factoring, pertenecientes a grupos bancarios, españoles y extranjeros, las cuales cuentan ya con unos precios que la Administración esta dispuesta a pagar por el trabajo de intermediación financiera. Es decir, los trámites habituales de una licitación, se encuentran, en este caso, en estado avanzado.

De la eficacia y resultados de estas sociedades especializadas parece que no hay duda, como lo demuestra el crecimiento del 21% de su actividad en el último año, precisamente, con la coyuntura más favorable para su actividad. Aunque tampoco se quedan cortos a la hora de pasarle factura por servicios a quien les contrata, en este caso, la Administración del Estado.

El mal de las trabas burocráticas se extiende como la mecánica del dominó; los trámites del Estado se hacen eternos por la ausencia de plazos en la mayoría de las gestiones administrativas, lo que se transmite en demora a la Administración autonómica o a la local –según se trate de una competencia transferida o no- y ésta su vez, se toma su tiempo para hacer llegar a sus proveedores o beneficiarios los recursos públicos. En todo caso, demoras que en situación de apuros se hacen eternas y llevan a particulares y a empresas al límite, como afirmaba hace unos días el presidente de CEPYME.

Sin embargo, la alternativa genérica puesta en marcha por la Administración no es válida, como se suele decir, para todo tiempo y lugar. Si en el caso de las ayudas a desempleados y a empresas el método parece que se demostrará eficaz, no sucede lo mismo con todas las Comunidades Autónomas ni Ayuntamientos. Aquí el problema es diferente, ya que no se tiene la certeza de que todas las Comunidades ni todos los Ayuntamientos, vayan a comportarse de la misma forma, es decir, se desconoce quién devolverá el aval y quién no. Es una cuestión de conocer la solvencia de la Administración en concreto, su grado de eficacia en la gestión de ayudas y recursos, el endeudamiento e, incluso, se quiere comprobar si el destinatario es o ha sido objeto de investigación o implicación en episodios de corrupción, últimamente tan frecuentes.

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