edición: 2808 , Viernes, 20 septiembre 2019
22/01/2009
BELVEDERE

Las cajas claman por su independencia y piden quedar bajo una autoridad única nacional

El escándalo de Caja Madrid pone a las cajas en estado de alarma y reclaman que se reduzca el intervencionismo político
El debate es si limitar más la presencia de políticos soluciona algo
Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid
Alfonso Pajuelo

Por una vez, las Cajas han reaccionado con rapidez, un síntoma más de que la situación ha alcanzado el grado de alarma y el daño que se está infringiendo a estas entidades financieras es colosal, hasta el punto generar desconfianza en algunos casos, un mal especialmente dañino en estos momentos. Y todo por Caja Madrid y lo que allí ocurre, aunque la CECA aprovecha -y con razón- para recordar lo acontecido en la fallida fusión de las cajas vascas y la influencia de la política y los políticos en ellas. El esperpento de Caja Madrid ha sido la puntilla para lo que representa la mitad del sistema bancario español y no es de extrañar que clamen por limitar la influencia política en las cajas, lo consideran pertentorio. La cuestión es si establecer mayores salvaguardas puede evitar que situaciones como la de Caja Madrid se repitan. Limitar la presencia política de las cajas a un 25% máximo es poco más que un parche. La cuestión, ahora, es cómo evitar que exista la más mínima intervención política en las Cajas. Y parece que caminamos a su transformación en bancos con algunas peculiaridades como única salida posible y efectiva. Se conocería como la Reforma Aguire porque a ella habría que agradecer que desparecieran estas centenarias instituciones de gran repercusión social. La realidad es que los tiempos cambian y lo de Aguirre sólo ha sido el catalizador, o ni eso, solo la puntilla.

La Confederación Española de Cajas de Ahorros se puso ayer muy seria, tanto que emitió una declaración institucional y se dirige al Ejecutivo para que cambie la Ley Orgánica de Cajas de Ahorros (LORCA). Entre las consideraciones que hacen hay una trascendente y que acierta en la diana del problema. Quieren las cajas que se unifique el control y la supervisión, es decir que queden bajo el control de una autoridad única, igual que la banca. Quieren, en definitiva, que las controle y supervise, en todos los aspectos, el Banco de España.

Esa sería la única forma de escapar a la tiranía de los gobiernos autonómicos y de las corporaciones locales. Aunque básicamente sería de los primeros junto a los parlamentos correspondientes por su capacidad legislativa.

Este ha sido uno de los movimientos descentralizadores excedidos y que ha provocado que cada autonomía tenga su propia ley de cajas, un sinsentido que puede llegar a afectar hasta a la unidad de mercado. La fuente del intervencionismo local es esa competencia, pero no es menos cierto que emana de una ley nacional, la LORCA, que establece la presencia de políticos en los órganos de dirección de las cajas y lo regula. Establece que la representación puede alcanzar un máximo del 50%.

Una barbaridad, como se ha demostrado. Pero ya se sabía porque las tentaciones intervencionistas han aparecido por doquier y que ese límite, sea cual sea su cuantía, no cierra las puertas al intervencionismo político. Es el propio intervencionismo el que está en cuestión. Hay que desterrarlo. Mientras alguien tenga en su mano los correspondientes “Boletines Oficiales” no se podrá desterrar el peligro.

Ya comentábamos la situación en estas páginas (Las cajas, en estado de alarma) a raíz de los sucesos en Caja Madrid. Y ahora es la CECA la que propone un paso intermedio para evitar la desaparición de las cajas como tales, una postra lógica porque es una asociación de cajas.

Pero la eliminación del intervencionismo político sólo es posible si se somete a las cajas a una refundación como sociedades anónimas aunque buscando la fórmula para que no desaparezca la Obra Social, que eso si sería una lástima. Además, se abriría definitivamente el corsé geográfico y eso justificaría estar bajo una autoridad única.

El asunto tiene suma importancia porque el inevitable y necesario proceso de concentración se está retrasando, cuando no limitando, por los poderes locales. Otro hecho que causa un daño claro a estas entidades.

Pero volviendo por un momento a Caja Madrid, hay que ver en el comunicado institucional de la CECA un apoyo a Blesa y una crítica a Aguirre. Asegura -y de paso recuerda- que la composición de los órganos de gobierno está determinada por ley y por los estatutos de cada entidad, por lo que 'una vez los miembros de dichos órganos han sido nombrados y han tomado posesión de sus cargos, el mandato es irrevocable'. Con ello, las cajas llaman la atención sobre el comportamiento del consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, que el pasado viernes suspendió como miembro de la comisión de control de Caja Madrid al gallardonista Fernando Serrano y el martes al representante de la coalición mixta IU-CC OO, Juan Gómez de Castañeda, algo que desde su punto de vista no tiene ninguna validez.

La CECA señala que estos cargos 'están legalmente obligados a defender los intereses de su entidad, por encima de cualesquiera otros (incluidos los de la entidad pública o privada que los designó)'. Esta autonomía es 'una de las piedras angulares del modelo corporativo de las cajas', que debe ser 'escrupulosamente respetado'.

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