edición: 2362 , Martes, 12 diciembre 2017
19/07/2010
El Banco de España fijará qué entidades deberán capitalizarse tras las pruebas de estrés

Las cajas que rechacen el FROB II serán liquidadas en tres meses

El supervisor evitó la liquidación de al menos cinco cajas por ‘insolvencia insuperable’
Juan José González

Salvo que las comunicaciones de Banco de España, Cajasur y BBK hayan omitido algún detalle al público, es difícil comprender cómo la caja más solvente del sistema financiero español, la BBK, absorbe –activos y pasivos- a la más desequilibrada, Cajasur, cuyo valor es a la fecha inferior a los 500 millones de euros, perdió unos 600 millones en el pasado ejercicio, pierde a ritmo de 104 millones en el primer trimestre de 2010 y mantiene una cartera de créditos de 12.800 millones. No se entiende, ni siquiera contando con todas las ayudas públicas –FROB y demás-. Sin embargo, no es la ecuación de compra –absorción en este caso- la causa del desconcierto entre las entidades financieras –cajas y también algún banco-, sino la persistencia de la duda respecto al criterio que tiene el Banco de España a la hora de propiciar, dirigir, orientar o sentenciar el resultado final de cualquiera de las operaciones  de reordenación del sector financiero.

En realidad, lo que se dicen dudas, si se hacen las cuentas, no hay muchas puesto que desde hace 18 meses el criterio, o para ser precisos, la ruta que ha marcado, e incluso, en varios casos, obligado, el Banco de España, ha sido la ruta del fondo de reordenación, la ayuda pública, los fondos de contribuyentes, fondos públicos para sanear, salvar o librar de la liquidación entidades privadas con acreedores privados y públicos. Sin querer ahora hacer un balance del FROB, se puede afirmar que parece ser el método más eficaz, al que la mayoría mayoritaria de las entidades con problemas en los últimos tiempos no han dudado en llamar a sus puertas.

Tal ha sido el éxito de la fórmula ‘frob’ que la UE no ha tenido inconveniente alguno en conceder todas las ayudas precisas para una segunda versión del fondo o, como se ha presentado públicamente desde el Ministerio de Economía, una ampliación del primero. El caso es que las ayudas públicas a la recuperación financiera continúan vigentes y que el criterio sigue siendo el mismo: que el Banco de España obliga, por activa y por pasiva, a pasar por el fondo de reordenación.

Cualquier salida, se pensó en el banco oficial, sería buena con tal de evitar la liquidación de una caja, cuyos elevados costes de personal y, sobre todo de imagen, habrían golpeado como un martillo la confianza, credibilidad y riesgo del sistema financiero español. Para ello bastaría con recordar algunos detalles de los episodios recientes que tuvieron lugar en la Caja de Castilla La Mancha, y días atrás en Cajasur. Si hay algún criterio que los inversores institucionales y los Estados que invierten en otros países entienden bien pero toleran mal, es esa actitud de las autoridades financieras y económicas, en este caso, financieras vía Banco de España, en resolver cualquier problema de una entidad privada aplicando el recurso público.

Es decir, los acreedores de las entidades financieras, ante un fiasco de unos gestores privados de una entidad privada con un consejo privado, no tendrán problema alguno en recuperar sus deudas, puesto que el Estado, con los fondos del contribuyente, hará frente a los compromisos de pago de aquellos. Y más concretamente, en el caso de Cajasur, se desconoce si los acreedores de la entidad han cobrado o dejado de cobrar las preferentes de las que eran titulares. Si las han cobrado, parece que habría material suficiente para el escándalo, si no, parece que lo más correcto es que se hayan apuntado, como cuando algo sale mal, las pérdidas.

Al final, habrá que admitir que esa segunda versión del fondo de reordenación tenga mayores efectos benéficos para evitar hoy mayores quiebras futuras, aunque los fondos públicos –del contribuyente- vayan hoy destinados a resolver situaciones de entidades sin riesgo sistémico. Cosa distinta será cuando, tras la publicación el viernes de esta semana de las pruebas de esfuerzo se pueda comprobar qué entidades merecen la pena recapitalizar y cuáles no tengan posibilidades de sobrevivir.

Se entiende que las primeras sean objeto de una solución financiera por parte del Banco de España –incluso recurriendo a fórmulas distintas a la ayuda pública- y las segundas sean liquidadas por insolvencia insuperable, de las que la historia financiera española cuenta con antecedentes sobrados. Será entonces cuando el Banco de España deba fijar –y dar a conocer- definitivamente, los requisitos –criterios- de salvamento de cajas y bancos.

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