edición: 2363 , Miércoles, 13 diciembre 2017
09/02/2010

Las cartas nucleares de Zapatero están ‘marcadas’ por Sebastián y le dejan el almacén de residuos en la mesa a Montilla y Barreda

Sólo Ascó y Yebra tienen apoyo de AMAC, sintonía previa con Enresa, experiencia y proximidad nuclear y cumplen con los criterios preferenciales de la Orden de Industria
La Generalitat empieza a asumir que el tren, los antecedentes atómicos, la construcción de un ATC desde 2012 y el precedente de incentivos financieros por los residuos favorecen la candidatura de Ascó
Javier Aldecoa

Quería “codazos” municipales para ponerle apellidos a los 700 millones de inversión del Almacén Nuclear Centralizado de Residuos. A cambio de sacar de la ‘nevera’ su convocatoria, con casi cuatro años de retraso, Sebastián había aceptado ante Zapatero ‘ponerle líneas rojas’ a su licitación, a medida de las CCAA, ya sabía que Extremadura ni Castilla la Mancha ni Cataluña aceptaban apadrinar el primer cementerio atómico nacional, pero Industria no quería ponerlo difícil. Se saltó los antecedentes del Plan de Residuos, abrió la mano y se la jugó a Ferraz y Moncloa: sólo exige el visto bueno del municipio. Pero ahora que la carrera del ATC ya ha dejado fuera de juego a cinco ayuntamientos, Zapatero vislumbra que no es la última de las sorpresas nucleares de Sebastián: de los ocho candidatos restantes, sólo Yebra y Ascó cumplen con la letra pequeña de la convocatoria de Industria: su perfil nuclear, su acceso a infraestructuras y sus antecedentes de incentivos de gestión de residuos. Si Montilla, Barreda y Zapatero esperaban hacer de la ‘tercera vía’ castellano-leonesa en manos de alguno de los tres municipios de esa región la solución a la guerra del ATC, Sebastián no se lo pondrá tan fácil. 

Antes de agosto será el Consejo de Ministros el que decida. Si quiere, sin consenso social. Zapatero buscaba guardarse la última palabra, es el conjunto del Consejo de Ministros el que tienen que ponerle nombre a la ubicación del ATC. Pero ahora sabe que topará con un último informe del Consejo de Seguridad Nuclear. Sus perfiles apuntan también a Yebra y Ascó. Colocará de nuevo a Zapatero -como ya sucedió con el ‘affaire Garoña- entre la 'espada' de los criterios técnicos del CSN y Enresa y la 'pared' de sus desencuentros políticos con los barones de Ferraz.

Se lo pone fácil. Industria les abrió una puerta suficientemente amplia como para que al ATC se pudieran haber postulado casi 6.000 municipios españoles. Quería “carreras”. El Organismo Internacional de la Energía Atómica ya recomendaba a España en 2008 que aligerase un emplazamiento para almacenar residuos nucleares. Nada de aprobación previa de un diseño genérico, como sugería el Sexto Plan General de Residuos Radiactivos (aprobado por el Consejo de Ministros del 23 de junio de 2006 sobre la base de una propuesta de Enresa), No ha hecho falta esperar a procesos de concertación y potenciales mecanismos de participación ciudadana, o a que ENRESA elaborara un informe que recoja las experiencias que -sobre los procesos de toma de decisiones con relación a la gestión definitiva de CG -combustible gastado- y de RAA -residuos de alta actividad- hayan tenido lugar en países con una problemática similar a la de España. La convocatoria de 23 de diciembre opta por “una apreciación favorable del 29 de junio de 2006 por parte del Consejo de Seguridad Nuclear”.

Ascó y Yebra ya tenían los ‘deberes’ hechos desde hace meses, rompieron un hielo al que luego se han lanzado una quincena de ayuntamientos, pero la eliminación de seis en la primera ronda y los descartes de cuatro de ellos por convicción propia les ha dejado claro que el billete al ATC tiene ya apellidos tatuados y puede ser de ida y vuelta para los demás autoinvitados. Se lo pensaron un par de días, se presentaron a última hora y la mayoría de los catorce municipios que se postularon para albergar el silo nuclear apenas reúnen las condiciones necesarias para optar a los seis millones de euros anuales que les tentaron. Ya han dado en los muros del rechazo de Industria las candidaturas de Campos de San Pedro, Congosto de Valdavia y Lomas de Campos (Palencia), Villar de Pozo (Ciudad Real) y Granja de Torrehermosa (Badajoz). Este último -desconocido hasta el último minuto- ni siquiera presentó en plazo la admisión al concurso público, ni pudo hacerlo con acuerdo en Pleno municipal. La segoviana Santiuste de San Juan Bautista ya se retiró a los dos días después de pensárselo mejor. 

Sólo ocho candidaturas han pasado el primer corte: Albalá (Cáceres), Ascó (Tarragona), Melgar de Arriba (Valladolid), Santervás de Campos (Valladolid), Torrubia de Soria (Soria), Yebra (Guadalajara), Villar de Cañas (Cuenca) y Zarra (Valencia). Pero salvo los candidatos de la AMC, todos los demás se pierden en la ‘letra pequeña’ de Sebastián. Torrubio de Soria tiene todo su término municipal en una zona de especial protección de aves (zepa). El mismo problema de Santervás de Campos (Valladolid), donde el 60% del término municipal está en una zepa. De hecho, tanto este pueblo en la frontera con León como el vecino Melgar de Arriba, a solo seis kilómetros, se encuentran rodeados de zonas de protección naturales. La cercanía de parques naturales es el argumento que esgrimen los ecologistas también en su oposición a otras candidaturas: Villar de Cañas (Cuenca) linda con la reserva natural Laguna del Hito, y Zarra (Valencia), a cinco kilómetros de la reserva nacional Muela de Cortes. En este caso, además, hay poco terreno llano para acoger las 13 hectáreas que Industria pide para el ATC y 12 para el centro tecnológico asociado. Y Villar del Pozo tiene a sólo un kilómetro de distancia el aeropuerto Don Quijote de Ciudad Real.

Sebastián le ha recordado a Rodríguez Zapatero que para sus órdenes, “el diablo puede estar en los detalles”. Nada de consenso a las CCAA; nada de alfombra roja a las Merindades burgalesas -para cerrar con el ATC el affaire Garoña como De la vega y Zapatero hubieran preferido- y ahora unas condiciones que dejan en manos de Industria los detalles, la última palabra de nuevo en boca del CSN pero la decisión final sobre la mesa de Zapatero. Nada que en la Generalitat no hayan empezado ya a digerir. Yebra y Ascó son las dos únicas que cuentan no sólo con los apellidos atómicos, con experiencia y proximidad a centrales y almacenes individuales, sino con el respaldo expreso de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) para este proceso. Y con las bendiciones del Ministerio de Industria. Se las otorgaba en exclusividad nada menos que el Secretario de Estado de Energía, Pedro Marín. Dos candidatos -al igual que en el modelo holandés -le parecían más que suficientes -“un buen número”- cuando sólo Ascó y Yebra habían enseñado sus cartas en las primeras semanas de la licitación.

Según las condiciones expuestas en la convocatoria pública del 23 de diciembre del 2009 para albergar el (ATC) de residuos nucleares, varios municipios ya pueden despedirse de sus expectativas. Ni su presencia en la lista de preselección de diez candidatos ni el silencio de Miguel Sebastián les garantiza sitio. El Consejo de Ministros tendrá la última palabra en la designación del lugar, pero será después de que una Comisión Interministerial haya sopesado que existan infraestructuras adecuadas de acceso por ferrocarril (o carretera en su defecto), la distancia a núcleos de población, a espacios naturales y hábitats en peligro de extinción o las posibles colaboraciones de los ayuntamientos, entre otros aspectos. Sebastián no se quiere arriesgar a saltarse las líneas rojas de la definición de las condiciones del emplazamiento del ATC y el procedimiento para su designación amparados por los artículos 6 y 8 del Convenio de Aarhus e incorporados a la Ley estatal 27/2006 de 18 de julio. Ya sabe que los ecologistas en el Parlamento Europeo tratarán de obstaculizar con esa bandera el procedimiento, ahora que España capitanea una Directiva conjunta de gestión de residuos nucleares para los Veintisiete.

La letra pequeña de los anexos de la Convocatoria del 23 de diciembre -en sintonía con los criterios históricos de Enresa-, obligará al comité técnico del Ministerio a primar la experiencia nuclear. La misma bitácora prevista en el Sexto Plan General de Residuos Radioactivos, aprobado el 23 de junio de 2006  que los recelos de Moncloa le paralizaron durante casi cuatro años a Industria y Enresa, a pesar de la urgencia del proyecto. La idea es que se pueda conocer el emplazamiento en junio, quizá la segunda quincena de julio. Pero una vez tomada la decisión definitiva, hasta que comience la construcción del futuro almacén, el aún candidato deberá someterse a otros trámites, como una declaración de impacto ambiental, que le corresponde realizar al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) o un informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

VENTAJAS DE ASCÓ

No es el profesor del Departamento de Ingeniería Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid, Eduardo Gallego, el único que propone que, a la hora de decidir la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC), se prime y se aproveche la cercanía con centrales nucleares para reducir el número de transportes y mejorar la comodidad de los traslados. Enresa se encarga de garantizar que el riesgo de transporte sea “prácticamente nulo”,  además el riesgo asociado a los transportes es menor que el derivado de una gestión individual de los residuos en cada una de las centrales, pero no son sólo los técnicos de Industria los que han empezado a calcular que el número de viajes y los 650 camiones cargados de residuos nucleares que debería recibir el ATC sólo en los primeros veinte años de vida se podrían reducir a la quinta parte si el traslado de las 6.700 toneladas se hiciera por ferrocarril. Una opción que hoy por hoy sólo Ascó tiene a mano. Y que evitaría circunvalar núcleos de población y neutralizaría parte de las reservas de los grupos ecologistas.

Incluso en el caso de que el ATC se construyera en la localidad de Ascó, los materiales siempre harían una parte del viaje por carretera, pero solo Ascó tiene estación propia de tren, mientras que siete de los otros nueve municipios distan entre 30 y 60 kilómetros (como es el caso de Yebra) de una vía férrea. Además, en varios de ellos no hay una carretera principal en un radio de 40 kilómetros; sus sinuosas y estrechas vías de acceso apenas podrían acoger a los camiones con remolques largos de 10 ejes y una carga de más de 25 toneladas. Ascó está más cerca del mar, por lo que sería más accesible para transportes desde el extranjero. La propuesta catalana tiene, además, cuatro centrales a su vera (tres activas y una en proceso de desmantelamiento), mientras que la castellano-manchega solo tiene dos (una activa y una pendiente de iniciar el desmantelamiento). De otro lado, Yebra es más céntrica en España, por lo que los desplazamientos desde Garoña (Burgos) o Almaraz (Cáceres), las principales fuentes de residuos en los próximos años serían más cortos.

Los habitantes más beneficiados económicamente serían los de Lomas de Campos (Palencia). Este municipio castellano-leonés cuenta únicamente con 56 habitantes, según figura en la información del Ayuntamiento que aporta la Diputación de Palencia, por lo que la subvención per cápita superaría los 40.000 euros, en concreto recibirían 42.857 euros al año. Una cifra 28 veces superior a otro de los que aspiran a albergar el ATC, Ascó. Esta localidad tarraconense es la más poblada de las que figuran en la lista y, por lo tanto, sus vecinos serían los que menos notarían la inyección de dinero que supone la construcción del cementerio. Si los 2,4 millones se repartieran entre los 1.608 habitantes del municipio, les tocarían 1.492 euros per cápita. Una cantidad que está muy lejos de la que percibirían en Torrubia de Soria, 30.379 euros; de la de Villar del Pozo (Ciudad Real), 22.222 euros, o Santervás de Campos (Valladolid), 17.518 euros.

Pese al silencio del gobierno, la AMAC –que en el 2006 se comprometió con el Estado para colaborar en el proceso– ha organizado desde el 2006 –y siguiendo el programa europeo COWAM para la toma de decisiones en la búsqueda de emplazamientos de residuos radiactivos– numerosas visitas con alcaldes y vecinos al Habog holandés.  Pero es Enresa, que gestionará las instalaciones, la primera en avalar las condiciones de los candidatos catalán y castellano-manchego: ninguno de los dos está en una isla, ni en un área protegida ambientalmente, ni en una zona sísmica. Tanto Yebra como Ascó han decidido ya qué terrenos ofrecerán. Ascó, donde viven unos mil habitantes y una cuarta parte trabaja en la central -igual que cientos de vecinos de Flix, Mora y de las poblaciones vecinas- ya compró terrenos con su anterior gobierno municipal. Y a diferencia de Vandellòs, que aprobó una moción contraria al ATC, nunca se había manifestado antes en contra de esta instalación nuclear.

Se verá favorecida además por las ratios de compensación por criterios demográficos: si le pone sus apellidos al almacén percibiría al año 3,6 millones. Flix, 600.000; Vinebre, 387.000 y diez municipios más - todos de la Asociación de Municipios en ÁreasNucleares (AMAC)-entre 280.000 y 14.400 euros anuales. Para Ascó, Trillo y los municipios de entornos nucleares no sólo se trata de sumar incentivos, sino de no perder las compensaciones de Enresa que ya tienen a mano: sin ATC se les pueden escapar no sólo los seis millones de euros anuales -en función de la distancia y los habitantes y el monto en torno a 1,8 millones de la cofinanciación con la administración local para proyectos de desarrollo económico y medioambientales, aún por definir- por alojar el nuevo almacén, sino los ingresos por los residuos que ya albergan: Enresa ingresó desde 1990 hasta el 2008 en la zona de Ascó 49,3 millones por ellos. Una inyección que sólo se mantendrá en las zonas con nucleares mientras estas estén en funcionamiento: los residuos radiactivos de alta actividad permanecerán unos cinco años en las piscinas hasta ser trasladados al ATC.

Uno de los aspectos que negoció la AMAC con el Ministerio de Industria es una compensación mínima de 100.000 euros anuales para todos sus municipios (casi 70 en toda España) si se construía un ATC en zona AMAC.  No es casualidad que llegara de la mano de la misma Orden Ministerial que abría la puerta a la modificación de los criterios de reparto de fondos por ENRESA a los municipios situados en el entorno de instalaciones nucleares que almacenan combustible gastado o residuos radiactivos. La nueva normativa crea un mecanismo de cofinanciación que amplía en un máximo de 7,55 millones de euros anuales la asignación total que actualmente reciben todos los municipios.

Le han puesto apellidos tarraconenses al ATC hasta las Cámaras de Comercio de Castilla la Mancha -uno de los colectivos que ha impulsado las candidaturas de municipios castellanos- : si el Gobierno se basa en criterios técnicos, la candidatura elegida tendría que ser Ascó, reconocía el presidente de Cecam, Ángel Nicolás. Una sospecha que empieza a pesar sobre la mesa de José Montilla, ahora que Sebastián le ha devuelto el peso del proceso que el propio President abrió cuando era ministro de Industria en 2006. Montilla ha rechazado por escrito ante Industria la candidatura de Ascó, pide que se ubique fuera de Cataluña (ya acoge tres reactores) pero ni la Generalitat ni CiU sancionarán directamente a los alcaldes catalanes que se han lanzado en la carrera nuclear y al concejal de Ascó que votó a favor de la candidatura del municipio. Y el Delegado del Gobierno catalán en Tarragona, Xavier Sabaté (PSC) - natural Flix, municipio próximo a Ascó-, le ha puesto ya la alfombra roja a la opción tarraconense, sin renunciar a un calendario de cierre de centrales.

Zapatero se resguarda en el plazo de alegaciones: Moncloa busca de nuevo echarle el telón al debate nuclear, al menos hasta que en junio la comisión interministerial proponga al Gobierno la ubicación definitiva del silo para que sea aprobado por el Consejo de Ministros. No lo tendrá tan fácil. Las Comunidades Autónomas no tendrán voz ni voto, aunque la propia ley que regula los pagos a los municipios cercanos a las instalaciones nucleares establece compensaciones para los pueblos situados en un radio de diez kilómetros de la instalación nuclear por estar próximos a un lugar donde se depositan residuos de alta radiactividad. Y luego pueden actuar en el trámite urbanístico o declarar alguna zona protegida. La Junta andaluza puso un impuesto al almacén de residuos radiactivos de baja y media actividad y Castilla-La Mancha toma nota. Ahora, ni Barreda se conformará con el respaldo del Congreso regional a su negativa a ubicar el almacén en Castilla la Mancha, ni Montilla con la petición formal a su sucesor en Industria para que el ATC no enraice en latitudes catalanas. Y aunque -como adelantaba Cinco Días- el Gobierno estudia declarar el ATC como proyecto de interés general -o incluso de urgente ejecución- para eludir los obstáculos de Barreda, Fernández Vara y Montilla, el almacén requiere de de los correspondientes permisos de impacto medioambiental y urbanístico, estos últimos en manos de las Comunidades Autónomas. No sería hasta dentro de un año y medio, una vez que se conozca el pueblo nominado y el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), cuando Moncloa conocerá el alcance de las reticencias comunitarias y las armas que tendrá que desplegar.

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