edición: 2351 , Viernes, 24 noviembre 2017
22/05/2012
OBSERVATORIO INMOBILIARIO

Las CCAA prevén ingresar 1.600 millones por la venta de bienes inmuebles para reducir el déficit

Cataluña busca 888 millones hasta 2014 con la venta de edificios y la concesión de activos
Juan Carlos Martínez

Las entidades financieras no son las únicas que buscan menguar los activos inmobiliarios para sanear sus balances. En los planes económico-financieros presentados por las Comunidades Autónomas para reducir el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas impuesto desde Bruselas, la enajenación de bienes inmuebles patrimoniales es una de las partidas a través de la que se busca aumentar los ingresos extraordinarios. Son más de 1.600 millones de euros los que, entre 2012 y 2014, pretenden obtener por la venta de terrenos, edificios, viviendas, locales comerciales o plazas de garaje. Una previsión que se antoja harto complicado de alcanzar a tenor de la delicada situación del mercado inmobiliario y la competencia que supone la presencia de la banca buscando el mismo objetivo.

Ante este panorama, algunas comunidades se curan en salud ante lo que pueda pasar. “En previsión de que la venta no sea posible por la valoración realizada, la Comunidad procedería a una baja en los precios de venta y por ello se han valorado los ingresos únicamente en el 35% de la valoración”, se especifica en el plan de Aragón.
 
La mayoría de las comunidades han echado sus cuentas. Madrid, por ejemplo, en su plan económico-financiero 2012-2014 remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas incluye un Plan de Optimización del Patrimonio Inmobiliario, que busca reducir a dimensión del parque inmobiliario disponible, mediante la enajenación de los bienes que resulten innecesarios, medida con la que espera recaudar 30 millones de euros, la mitad en 2013 y, el resto, repartido entre 2012 y 2014. 
 
Optimización en la que, además de la venta de inmuebles, entraría la reducción de costes por el arrendamiento de edificios con renegociación a la baja de los contratos y un número menor de inmuebles alquilados. De la aplicación conjunta del Plan de Optimización, la Comunidad de Madrid espera ahorrarse 12,5 millones de euros.
 
Tras los trabajos preparatorios llevados a cabo en 2011, la Generalitat de Cataluña busca, en el presente ejercicio, iniciar la venta de inmuebles y la concesión de activos, por los que hasta 2014 se estima ingresar 888 millones de euros. El primer paso lo ha dado el Ejecutivo presidido por Artur Mas al autorizar a la Dirección General del Patrimonio para que efectúe la selección de compradores de diferentes inmuebles de la Generalitat por un valor mínimo de venta de 360 millones de euros. En los ejercicios precedentes, los ingresos estimados son de 194 millones en 2013 y de  281 millones en 2014.
 
En Andalucía se está demorando más de lo previsto –mediante una operación de ‘sale and leaseback’, venta y posterior permanencia en el inmueble de la Junta de Andalucía como inquilino– la enajenación de 94 inmuebles. Problemas financieros han ido demorando el acuerdo definitivo. Ahora, tras un exhaustivo proceso de depuración jurídica por parte de la Dirección General de Patrimonio, el lote se ha reducido a 76 inmuebles, que han sido tasados y puestos en el mercado en busca del mejor postor.
 
Caso de que la venta no pudiera ser ejecutada en su totalidad, los inmuebles se han dividido lotes. Lo que sea con tal de obtener ingresos de entre 330 y 350 millones de euros, a los que hay que añadir el ingreso derivado de la recaudación por el Impuesto de Transmisiones patrimoniales que grava la operación.
 
Asturias también confía en obtener unos 27 millones de euros por la venta de inmuebles y viviendas, aunque le está costando más de lo previsto. Tras suprimir el pasado año sus delegaciones permanentes en Madrid y Bruselas, las subastas respectivas quedaron desiertas, con lo que ambos procedimientos de venta pública siguen abiertos.
 
En Murcia, su Plan de Ordenación de Activos Inmobiliarios (POAI) contempla dos vías de ingresos. El de los amarres y el de los inmuebles propiamente dichos. En esta región existe un parque de 5.746 puntos de amarre en puertos de titularidad autonómica, de los que aproximadamente el 20% finaliza la concesión este año.
 
Considerando que no existen proyectos a corto y medio plazo para incrementar el número de puntos de amarre, y que existe una lista de espera de más de 3.500 usuarios, el precio unitario de estos puntos de amarre podría superar los 60.000 euros, con lo que el valor total estaría por encima de los 100 millones de euros. La segunda línea afecta a la enajenación de diversas parcelas, inmuebles singulares y oficinas del Gobierno de Murcia. En conjunto, la valoración de la ejecución del POAI en 2012 asciende a casi 151 millones de euros.
 
Castilla-La Mancha cuenta con 739 bienes inmuebles inventariados. De momento se han sacado a subasta 34 inmuebles, inicialmente tasados en 31 millones, aunque, dada la situación actual del mercado inmobiliario, su venta podría cerrarse por la mitad. Además, desde la Consejería de Fomento se va a poner en marcha un plan para vender, entre 2012 y 2013, 144 locales y 156 plazas de garajes por unos tres millones de euros.

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