edición: 3050 , Lunes, 21 septiembre 2020
21/12/2009

Las comunidades autónomas se enteran, por fin, del dinero que les toca para 2010

Javier Ardalán
El Gobierno escenificará hoy la ruptura en el trato financiero a las comunidades autónomas en sus reuniones con las comisiones mixtas para decirles que parte del pastel presupuestario les corresponde para el año que viene y, seguramente, cuánto de los fondos adicionales. No sólo porque cada una recibirá unas cantidades de dinero distinta, sino porque las que aprobaron en sus Estatutos un tratamiento distinto a las demás, lo van a recibir.

Cataluña, Andalucía, Baleares y Aragón no están citadas hoy para reunirse con el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías. Cataluña porque ya tiene aprobada su financiación, aunque el Estatut siga a la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional. Las otras tres porque en sus Estatutos han eliminado intermediarios y deben reunirse directamente con los altos cargos del Ministerio de Economía y Hacienda que es, en definitiva, quien tiene capacidad de decisión sobre las partidas presupuestarias destinadas a las autonomías.

Sin embargo, la tanda de reuniones no tiene mayor trascendencia que la de un acto protocolario de confirmación de lo que cada una de las delegaciones se sospecha ya de antemano. Zarrías les recibirá con el reloj en la mano porque sólo tiene media hora para dedicarle a cada equipo de representantes.

Por eso, poco importa ya que Castilla y León, que Castilla y León, que tiene la cuarta parte de los municipios de España, 2.200 localidades, se proponga  rechazar el nuevo modelo si no se concretan en la reunión los fondos adicionales. Únicamente será una repetición de los ocurrido el año pasado donde las comunidades que más se quejaban terminaron aceptando, aunque fuese a regañadientes, su partida presupuestaria con la voluntad de esperar tiempos.

Además, tampoco podrá el PP repetir su enfrentamiento mediático con el Gobierno, porque algunos de sus baluartes, como es el caso de Baleares, ya se han mostrado abiertamente favorables al nuevo sistema y lo que quieren es que les lleguen las mejoras presupuestarias para poder cerrar sus cuentas para 2010.

El nuevo modelo de financiación autonómica es considerado por los Gobiernos autonómicos del PSOE e, incluso por el balear como un sistema más equitativo que el anterior, pero con el actual déficit público que todos y cada uno de ellos ha ido acumulando en los dos últimos ejercicios, está muy claro que entre 2010 y 2011 deberán apretarse el cinturón si no quieren ser sancionadas por la Unión Europea, ya que en 2012 el déficit de las Administraciones Públicas no podrá superar el 3% y el Gobierno de Zapatero está dispuesto a que quien lo incumpla lo pague.

No obstante, el Congreso incluyó una enmienda de última hora antes de dar su visto bueno a la ley de financiación, que permite a las comunidades solicitar créditos superiores a un ejercicio e inferiores a un lustro  que cubran con cargo a nuevas emisiones de deuda sus gastos corrientes y no sólo sobre las inversiones productivas, tal y como venía ocurriendo hasta ahora. Un respiro para las más entrampadas, pero una bomba de relojería para el cumplimiento de la convergencia de déficits en 2012.

No es muy arriesgado pensar que el déficit de las autonomías seguirá creciendo, máxime si tenemos en cuenta las últimas cifras facilitadas por el Banco de España, Según los cuales la deuda en circulación emitida por Gobiernos autónomos llega ya al 7,9% del PIB, un nivel que nunca se había alcanzado.

Los Gobiernos autonómicos terminarán 2009 habiendo triplicado su endeudamiento, al dispararse un 33,2% en tasa interanual, mientras que la de las entidades locales  creció en un 13,2% en el mismo período, hasta alcanzar los 34.456 millones de euros, lo que supone ya el 3,3% del Producto Interior Bruto (PIB) español.

En el próximo ejercicio las comunidades tendrán que seguir soportando el brusco descenso en sus ingresos tributarios, puesto que en su mayoría provenían de los inánimes sectores de la construcción y la inmobiliaria. Además, tampoco van a contar con los ingresos del Impuesto del Patrimonio y buena parte de los 11.700 millones del fondo creado por la ley de financiación ya se distribuyeron a lo largo de este ejercicio que acaba.

No es de extrañar, por tanto, que las agencias calificadoras, al igual que han hecho con el Reino de España, hayan rebajado los ‘ratings’ de solvencia de sus respectivas deudas, lo que les supondrá un mayor pago de intereses en los próximos endeudamientos y en las emisiones de deuda. Estas compañías consideran que el impacto de la crisis en 2009 y 2010 será superior al experimentado en 2008 y, por tanto, el deterioro presupuestario que van a sufrir.

En definitiva, que los Gobiernos regionales se enteran hoy de cuánto dinero les corresponde y de qué nivel de endeudamiento tendrán que concertar.

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