edición: 2700 , Miércoles, 17 abril 2019
28/12/2011
OBSERVATORIO GLOBAL

Las Concesionarias de Autopistas ante el reto de la nueva adaptación Contable

Manuel Martín Barbón/David Hernanz* (KPMG)
El sector de autopistas de peaje en España emplea aproximadamente a 4.500 personas, tiene una red de unos 3.400 kilómetros y genera unos ingresos anuales por peaje de aproximadamente 1.820 millones de euros. Se trata por tanto de un sector de gran importancia para la economía española que en 2011 se está viendo afectado por la profunda crisis que atravesamos en España y en Europa. Asimismo, afronta la nueva adaptación sectorial contable (Orden EHS/3362/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas) que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2011 por lo que es ahora cuando las sociedades concesionarias españolas cerrarán sus cuentas anuales aplicando por primera vez las nuevas normas contables.

Se trata de un sector habituado a las adaptaciones contables sectoriales, pues no en vano ésta es la tercera desde 1977. La adaptación sectorial surge en respuesta al alineamiento general de la normativa contable española a las normas internacionales de información financiera (NIIF) que caracteriza al vigente Plan General de Contabilidad (PGC) aprobado por RD 1514/2007. Sin embargo, el texto final de la adaptación sectorial para empresas concesionarias de infraestructuras públicas presenta determinadas diferencias con las normas internacionales de información financiera y en concreto con la CINIIF 12 del Comité de Interpretación de las NIIF, que es la interpretación específica que regula la contabilidad de concesiones en el marco NIIF.

La principal diferencia de la adaptación española respecto de la normativa contable internacional es que, como se venía haciendo hasta la fecha, en España se tendrá que seguir difiriendo la carga financiera de la construcción y financiación de la infraestructura pública, acompasando dicho gasto financiero con el ingreso generado por el negocio concesional. Generalmente en una concesión, el ingreso es creciente los primeros años hasta que ésta se convierte en madura con unos tráficos más estables. Por tanto, los Grupos cotizados que publiquen cuentas consolidadas en España bajo NIIF-UE tendrán que seguir utilizando dos contabilidades diferentes, una para las cuentas individuales y otra para las cuentas consolidadas. En definitiva, un tratamiento en el que el resultado contable de la concesión no se ve penalizado por la carga financiera durante los años de construcción y primeros de explotación, hasta que se obtiene el nivel de ingresos “normales” de la misma. Sin embargo, la citada variación del resultado contable se traducirá también en una modificación de los flujos de efectivo de la concesión, pues las concesionarias tendrán que anticipar parte de la carga tributaria principalmente en los años de construcción de infraestructura y primeros años de explotación.

Hay también determinados aspectos en la nueva normativa de concesiones de infraestructuras públicas que tendrán que ir concretándose con su uso, como es el hecho de que los Planes Económico Financieros (PEF) aprobados por la Administración no siempre recogen los cambios de estimaciones que los nuevos datos de la realidad del negocio concesional generan en las proyecciones de las sociedades concesionarias. En los últimos años la realidad de las concesionarias españolas es que los PEF aprobados no han sido adaptados regularmente a las nuevas perspectivas de las concesionarias, sin entrar en la importante problemática asociada a ciertas concesiones en las que, como consecuencia del incremento del coste de las expropiaciones, de la caída de los tráficos, etc., se hace necesario la búsqueda del reequilibrio por parte de las Administraciones para hacer posible la viabilidad de la concesión. Pese a que en la adaptación sectorial parece que es el PEF aprobado el documento de partida que prefiere en las estimaciones, aún así la norma prevé que puedan producirse modificaciones de éste, ahora bien si estas modificaciones no se producen no queda claro si las concesionarias deben regirse por la última estimación realizada por la dirección o cuándo deben sujetarse al PEF aprobado.

Nos encontramos ante una nueva normativa que cuenta con importantes críticas de grandes grupos de interés, que cuestionan las discrepancias entre la nueva norma de adaptación sectorial del PGC y las normas internacionales de información financiera en un entorno económico que persigue la armonización contable y que, por otro lado, presenta aspectos que sólo terminarán de aclararse con la práctica y las posibles consultas a los reguladores que puedan surgir en el futuro.

*Manuel Martín Barbón, Socio Auditoría de KPMG en España
 David Hernanz, Socio Auditoría de KPMG en España

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