edición: 2286 , Martes, 22 agosto 2017
04/12/2009
Desconcierto en el Gobierno por la metedura de pata de la ministra

Las contradicciones de Sinde la dejan sola ante Moncloa y Ferraz, obligados a desautorizarla

Moncloa vuelve a ponerle la ‘mordaza’, hace campaña para neutralizar la rebelión de los internautas y anuncia que incluirá en el desarrollo de la LES la intervención necesaria de la autoridad judicial
Pajín y Zapatero desacreditan a Sinde, que arrastró al ministro de Justicia en su confusión, pero Moncloa insiste en “perseguir las webs de contenidos ilegales”
El mismo Zapatero tuvo que desmentir a Sinde
Ana Zarzuela

Devuelven de nuevo al taller una nave que,  después de dos años de ensayos fallidos, la ministra de Cultura ha querido ultimar en los muelles laterales de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible. Empezaba a enseñar los detalles de su nuevo ‘sheriff’ del P2P, un gendarme administrativo con el que llegar, sin intervención judicial, allá donde los tribunales no han querido hasta ahora, al bloqueo de las webs de enlaces o que alojan “contenidos ilegales” y los proveedores de servicios de internet. González-Sinde coló su ‘criatura’ por la puerta de atrás de la LES, a última hora, sin que en Presidencia (lo confiesan) pudieran revisar dos veces su letra pequeña de la disposición final. Y ahora que han escuchado la ‘rebelión’ de los internautas y el enfado de Bruselas, pagan sus urgencias con el repudio a la bandera antipirata de la ministra.

No sólo son el PP y IU los que amenazan con dejar la ley sin apoyo parlamentario si no cambia. Ni más de 50.000 internautas los que se le rebelan. Sinde se ha quedado sola con sus dudas. Aún no sabía la composición ni las funciones de la Comisión. Para ella, un “policía” de la red; para los documentos oficiales de su Ministerio, sólo un mediador y un denunciante. Ahora, en Moncloa, lo único claro es que quién sabe. Presidencia y Ferraz barajan otra vez los cambios, al menos el viraje de rumbo en las explicaciones. Zapatero promete exigir la intervención judicial para el bloqueo de páginas de internet y no tocar a los usuarios particulares, pero al esquivar la pauta de Sinde choca de nuevo con los muros del colectivo de internautas: augura cortes a las “webs con contenidos ilegales”, aún a riesgo de emprender un viaje a ninguna parte y de topar con los mismos muros jurisdiccionales donde hasta ahora todos los tribunales no han encontrado delito.

Negó la mayor. Juró -e hizo jurar a la CMT- que el susto de la comisaria Vivianne Reding y sus advertencias a España si el Gobierno pretendía cortar internet y bloquear webs sin autorización judicial era sólo un problema de comprensión, cosas del idioma. Ha callado, hasta que las costuras de la Ley de Economía Sostenible (LES) y su disposición final dejaron su silencio fuera de juego. No sentó a su mesa a los colectivos de internautas, ni esperó por un pacto con las operadoras de telefonía. González-Sinde quería castigos ejemplares y empezó a despejarlos -con el ‘laissez faire’ de Moncloa y por la ‘puerta de atrás’ de la Ley de Economía Sostenible (LES), con la disposición final primera que permite -si no se modifica su redacción y consuma la reforma de la Ley de Servicios de la Sociedad de Información y  la Ley de Propiedad Intelectual (LPI)- clausurar, al menos temporalmente, webs de descarga sin autorización judicial, con el nuevo ‘sable’ de la “vulneración de la propiedad intelectual”. Una legislación hecha -como denuncia Ofelia Tejerina,  abogada de la Asociación de Internautas- por "gente que no conoce la realidad de Internet" y que "abren la puerta a la censura política previa sin control judicial". La Coalición le marcó la dirección y el nombre y apellidos a 200 webs de las que según sus cálculos depende un 70% de las descargas ‘ilegales’ en el mercado español. Son ellos además, los que tendrán que encabezar las denuncias a instancia de parte para comenzar la persecución, página a página. Podrá sumar la defensa de “la propiedad intelectual” a los motivos excepcionales -racismo, pornografía infantil, delitos contra el orden público- que permitían hasta ahora el cierre de páginas por orden administrativa.

González-Sinde rompía de nuevo, por su cuenta y riesgo, la bitácora del bajo perfil que Zapatero y la Comisión Interministerial le habían marcado: silencio, nada de hacer olas hasta que el 12 de diciembre presentaran los detalles de un plan apadrinado por ocho ministerios bajo la batuta de Industria para regular las descargas, los contenidos digitales y el intercambio de archivos. La ‘rebelión’ de internet, las protestas contra los planes para la red de redes han pillado más por sorpresa a Zapatero y De la Vega que a la titular de Cultura. “Cuestión de detalles”, decía la ministra. La primera en reconocer al colectivo de internautas, blogeros y directores de medios digitales a los que llamó a Moncloa que la regulación va dos pasos por detrás de las tecnologías. Sinde no sabe, no contesta, no tiene ni una pista de quién formará la llamada Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura encargada de supervisar las páginas web susceptibles de bloqueo, que existe desde 1987 pero ahora se redimensiona, desdoblándose en dos secciones. Sólo ha podido concretarles al grupo de promotores de interrnet y blogeros que "serán reconocidos expertos". En la Plaza del Rey, 1 aún no se aclaran de si los enlaces se considerarán propiedad intelectual, el quid de la cuestión que en algún momento de la tramitación de la ley tendrá que despejarse: hasta ahora, la totalidad de los jueces ha coincidido en considerar la mayoría de las páginas P2P denunciadas ante los tribunales, se trata de simples vínculos sin responsabilidad sobre el material al que enlazan, como hace Google.

NO SABE, NO CONTESTA

A Sinde le bailan las líneas maestras de su ‘creación antipirata’: mientras reconocía en persona que la Comisión “decidirá qué medidas adoptar contra aquellos que se apropien de los contenidos de otros en Internet” y reestablecerá "la legalidad mediante la retirada del contenido difundido sin autorización pero no llevará a cabo inspecciones preventivas ni solicitará a las operadoras datos personales de los abonados”, un comunicado oficial  de su Ministerio aclaraba que “no se erigiría en órgano de vigilancia de la red". Es el propio Ministro de Justicia, el que sumaba su voz al concierto desafinado y cerraba filas con Sinde. Si por Francisco Caamaño fuera, no habrá problema en que un organismo administrativo como la comisión que quiere crear Cultura pueda cerrar páginas webs. Le ha puesto nombre a su ‘capotazo’ a González-Sinde: “sería similar al de la Policía "cuando detecta una web donde se hacen bombas". Eso era antes de que Zapatero ordenara comenzar a plegar la vela mayor’ de la nave ‘antipirata’ de la ministra. Son sus propios compañeros de partido y del Consejo de Ministros los que han empezado a enmendarle la plana. No sólo las promesas de Leire Pajín -“no se cortará nada que un juez no tenga encima de la mesa”- dejan a la ‘ministra de culturas’ en fuera de juego y la sacan todos los colores. La secretaria de Organización del PSOE le ha puesto nombre y apellidos al epicentro de la ‘ciberguerra’: ha habido “errores de comunicación” sobre los planes del gobierno para los contenidos digitales y el intercambio de archivos.  “No se ha explicado bien”, denunciaba con la sospecha sobre la ministra de Cultura. Nada que no hayan advertido, bajo la mesa de Presidencia, diputados socialistas y más de un miembro de la ‘guardia pretoriana’ de Zapatero.

“Es una barbaridad”, reconocían en declaraciones a la Cadena Ser. Las primeras reuniones ya han comenzado: en Moncloa buscan una fórmula, de espaldas a la ministra, que deje claro que no se podrán bloquear sin autorización judicial las páginas de internet con contenidos ‘pirateados’. Dos horas después de que González-Sinde y Guillermo Corral, director de política cultural, juraran que “no se puede retirar” la disposición final primera de la LES, ha empezado la carrera para al menos ‘maquillar’ sus aristas más dolorosas. Es la propia González-Sinde la que empieza a buscar puntos de fuga: será un proceso largo que "podría sufrir modificaciones" antes de llegar al parlamento. Eso es todo lo que les ha podido prometer al grupo de 'bloggeros' y especialistas en Internet a los que ‘llamó a su presencia’.

Si el PP, IU, IPV, la rebelión de los internautas y los recelos de las telecos (obviadas en el proceso) le dejaron claro a Moncloa y Ferraz que pueden quedarse solos con la industria de contenidos en su ‘barco antipirata’ y sus planes para el P2P, las críticas de sus propios compañeros de escaño y de mesa ministerial le han recordado a Sinde que si enarbola la bandera de los cortes y bloqueos a webs sin intervención judicial será también a solas. Enfrentará en solitario la primera gran ‘rebelión digital’ en España: el “Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet” ya se puede leer en más de 100.000 webs, sus promotores esperan reunir un millón de manifestantes el 11 de diciembre y sus páginas, blogs y redes sociales echan humo contra los planes de González-Sinde. Promete que su ministerio seguirá “abierto a escuchar”, pero es Moncloa la que ya no tiene muchos más oídos para las explicaciones de la ministra.  Cuando después de Navidad vuelva a reunirse con el colectivo de blogeros e internautas, habrá una nueva hoja de ruta o al menos un nuevo manual de explicaciones. Por ahora, la ‘última palabra’ de Zapatero es el “no a todo”, la vuelta de tuerca definitiva a su ceremonia de la confusión. Si fuera por el presidente, "no se va a cerrar ningún blog ni ninguna web".

El ‘demonio’ está en los detalles, también para él. Trata de extender la calma con el mismo pronóstico que le pele a Sinde: “sólo se perseguirán las páginas que hacen negocio con contenidos ilegales”. Y vuelta a empezar. Aún a riesgo de embarcarse en el ‘viaje a ninguna parte’. Más allá de la tormenta a las puertas de Moncloa, los derechos y las garantías del ‘paquete telecom’ de la UE le desvelan que cerrar las páginas españolas de descargas definitivamente no será tan fácil. Si las webs recurren a la autoridad judicial -como avala la Comisión Europea- los bloqueos y cortes toparán con los tribunales en los que, hasta ahora, las causas contra las descargas han fracasado. El efecto hidra del Pirate Bay -la página de descargas más perseguida del mundo- , su capacidad de resurrección y los nuevos atajos de las webs de descargas descentralizadas, el éxito del streaming -que ha reemplazado al P2P y se ha hecho con dos tercios del consumo audiovisual de la red- , las empresas de VPN- que usa un 10% de los internautas-, las técnicas de identidad oculta, la movilidad de las webs y el retorno a los mismos niveles de las descargas en el mercado sueco les recuerdan que no será tan fácil la ‘caza de brujas'. Y que, a lo peor, queda reducida a poco más que una carrera de sombras. Y el ‘efecto Spotify’ le advierte que, a lo peor, toda su guerra no sirve para nada: el mar de los contenidos digitales ya se rige sólo por la oferta, la calidad, la diversidad y el precio. La realidad -se lo dimensiona la Fundación Orange- es que sólo un 8% de los usuarios que ha visto contenidos online ha pagado por ellos y que un 57%  de los internautas visita al menos una vez a la semana webs donde particulares comparten vídeos.

A la Coalición le falla además la ‘geografía pirata’ para su caza de brujas: sólo un 30% de las 200 páginas de enlaces más conocidas están en España y pueden desalojarse como medida preventiva ante la reforma de la LES. Sólo tiene que mirar al antecedente nórdico. En Suecia, el mercado pionero, tras la entrada en vigor de la legislación anti P2P en abril, el intercambio de archivos bajó un tercio frente al mes anterior. Hoy, las cifras se han recuperado. Nada que no le haya advertido el creador del www, o la mismísima Organización Mundial de Propiedad Intelectual (WIPO) Naciones Unidas: los castigos penales y la persecución administrativa no sólo no contienen, sino que estimulan a los ‘piratas’ cibernéticos. Lo saben hasta la propia Coalición y Promusicae, no se resisten a entonar el canto de sirenas a los piratas, a hacer de ellos su objeto de deseo y a buscar la tercera vía, la de la competencia, financiada al 80% con las subvenciones del Ministerio de Industria. Nada que no le haya recordado ahora, al calor de la tormenta, Alex de la Iglesia, el presidente de la Academia de Cine: para evitar la ‘piratería’ “hay que ofrecer a los internautas alternativas de pago para poder 'bajar' cine o música de la Red, antes de cerrar una puerta, que ya forma parte de la vida de mucha gente”. Por eso la industria de contenidos y las asociaciones de derechos reman a dos manos, combinan el ‘palo’ a los prestadores de servicios con la ‘zanahoria’ a los internautas y en lugar de pedir su cabeza de entrada, busca hasta el ‘bolsillo’ de los ‘piratas’, ahora que ha descubierto que consumen un 75% más de contenidos audiovisuales de pago que el resto de los internautas. Y Promusicae reclama ahora un plan de “reeducación” o “sensibilización” para “dejar claro que descargar archivos es ilegal”, así como un sistema de avisos previo al corte del servicio para advertir a aquellos usuarios que descarguen contenidos.

OTRA VEZ A DESTIEMPO Y SIN GUIÓN

Sinde se zafó de la ‘mordaza’ que Moncloa y la SETSI le impusieron, esa con la que Industria le impidió tocar los contenciosos de internet’ desde la polémica de septiembre. La ministra se ‘viene arriba’ una y otra vez arriba. La neutralizaron con la nueva Comisión Interministerial con varios ‘pilotos’, pero la ministra no quiso que ‘internet’ siguiera siendo un tabú en sus discursos, regresó a la retórica contra las descargas de archivos a contrapié de las consignas de Francisco Ros, con su propio guión. Sacudió las aguas que Moncloa no quería agitar para no ahogar en ellas las expectativas de un acuerdo de última hora entre la Coalición de Creadores y Redtel. Y se ha atrevido a entreabrir de nuevo la ‘caja de Pandora’ del canon digital, a prometer la persecución de 200 webs de descargas y a hacer suya la sugerencia de la industria de creadores de buscar sitio para una tasa a la banda ancha. Aún recuerdan en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y la CMT su último ‘delsliz’ (antes de éste), su promesa de rebajar los precios del adsl español, con propuestas de apellidos prestados y facturas ajenas. Sin saberlo, la titular de Cultura hizo sangre en una de las aristas del desencuentro entre la CMT, la Secretaría de Estado y el Ministerio de Industria.

Se hace sus propios guiones y no da una tampoco con la UE. Los desencuentros de Ángeles González-Sinde con Bruselas la han colocado ya en la galería de la Comisión de las ‘bestias negras’ de la regulación de internet que Vivianne Reding le deja de herencia a Kroes. Sus promesas de que no habría ya cortes ni rebajas de velocidad a los usuarios particulares llegaron tarde a los oídos de Reding y le manchan a Zapatero sus expectativas como capitán ‘antipirata’ de la UE y la sintonía que prometía con Obama. Esperará a la presidencia española de la UE y mira de reojo a los vecinos, no quiere pasarse de frenada, pero ya se ha quedado en fuera de juego con las líneas rojas de Reding y Kroes en la regulación de las descargas y sus recelos a la industria de contenidos digitales.

Todavía resuena en los oídos de Zapatero y de Vivianne Reding el “asustante” con el que la ministra resumió la circulación de los libros en la red. Al calor de la Feria Líber y el boom del e-book en el mercado español, en el tándem del Ministerio y la Biblioteca Nacional dejaron paso a los técnicos en la nueva planificación que despeja el camino al libro electrónico en España. Las editoriales especializadas han comenzado a tender la mano al Ministerio, con la vista puesta en Bruselas, por detrás de las espaldas de Sinde. Quieren una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, todo con tal de no repetir la demonización de las descargas en internet, pero tampoco las zozobras de su mercado. Saben que los recelos oficiales, la orfandad de oferta digital real sería el mejor jardín para la piratería y que la oferta también jugará un papel clave en la consolidación de un mercado que ya ha incrementado su volumen de negocio en un 134% en apenas un año en EEUU. Intentan volver la cara de Moncloa a los muros de Goooglebooks -con una ventaja de 10 millones de ejemplares en 400 lenguas- y su acuerdo con los editores y escritores norteamericanos.

Le pisa los talones la Asociación de Internautas. La Oficina de Conflictos de Intereses archivó en julio una denuncia contra ella por ser conflicto de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado en el cine. Pero ahora la Asociación de Internautas llevará a Angeles González Sinde a los tribunales ordinarios para que explique los 10 millones de euros en subvenciones recibidos como cineasta y guionista -incluyendo casos como el de Recóndita Armonía, que no llegó a realizarse- y también las ayudas concedidas al sector desde que Zapatero la nombró ministra en abril. Lo harán ante el silencio de Moncloa, que no conjuga ya ninguno de los verbos de la ministra.

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