edición: 2327 , Viernes, 20 octubre 2017
08/01/2013
El documento filtrado a la prensa resalta la irrelevancia de las inspecciones en el sistema financiero

Las críticas de los inspectores del Banco de España sobre la esterilización de su acción refleja un profundo malestar

Carlos Schwartz

Una década de creciente malestar entre el cuerpo de inspectores del Banco de España y su Comisión Ejecutiva ha tomado forma finalmente en un documento que la Asociación de Inspectores  ha hecho llegar al entorno del Gobernador, Luis Linde. El documento en esencia denuncia que la actividad del cuerpo de inspección se ha convertido en irrelevante en la medida que sus recomendaciones, señalamientos y calificaciones no han sido tomados en cuenta antes y durante la crisis bancaria que estalló a partir de 2008. El malestar es de larga data, y está indisolublemente vinculado a lo que califican a puertas cerradas fuentes próximas a los funcionarios de política de `laissez faire´ del banco emisor a lo largo de muchos años. En cualquier caso el problema no es de hoy. Mientras Jaime Caruana, Gobernador de julio de 2000 a julio de 2006, alertaba en sus discursos y documentos publicados por el departamento de estudios del BdE sobre las consecuencias de una burbuja inmobiliaria, los bancos españoles seguían hinchando las velas del crédito hipotecario.

Lo que ha abierto la posibilidad de que las críticas adquieran entidad formal ha sido la presión de la Comisión Europea para obtener del Gobierno español un informe sobre los errores de supervisión del regulador que hayan permitido el desarrollo de una crisis en el sector de la magnitud que se ha registrado. Tanto la Unión Europea (UE), como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han expresado en documentos referidos a la crisis bancaria en España, como en reuniones multilaterales, su preocupación por preservar la independencia del Banco de España respecto del Gobierno, algo que se ha desdibujado de forma significativa a lo largo de los años desde la reforma de finales de la década de 1970 y principios de 1980. La creación del sistema de bancos centrales de la zona euro en torno al Banco Central Europeo (BCE) ha contribuido a desdibujar las labores de regulación de los bancos nacionales. Sin embargo, no parece que sea esta la cuestión central, sino más bien la profunda dependencia del regulador de la opinión de la propia banca sobre los procesos reguladores. Atribuir este problema sólo a las males artes locales no parece totalmente acertado.

Sin embargo, la cuestión nodal respecto de esta polémica es la metodología de resolución de la crisis de Bankia. Este caso se ha convertido en paradigma. La cuestión fue totalmente sustraída al Banco de España y su resolución ha quedado en manos del ministro de Economía, el presidente del Gobierno y  los presidentes de tres grandes bancos.

Este ha sido en los hechos el comité de resolución de la crisis de un banco que las fuentes de la Comisión Europea califican de la “grave crisis de un banco sistémico en España”. Salta a la vista que el modelo de resolución diseñado por el Banco de España bajo su anterior Gobernador para Bankia no era viable. Pero en lugar de encarar esa resolución por la vía de un rectificación de las actuaciones del regulador se prescindió de él. Parte de las tensiones entre el Cuerpo de Inspectores y la Comisión Ejecutiva se concentran en este ejemplo en la medida que los servicios de inspección eran conscientes de la situación real de las cajas que entraron en la fusión que dio origen a Bankia, así como del conglomerado resultante y alertaron oportunamente en sus informes de los problemas que entrañaba este proceso. La cuestión ahora es que los inspectores agrupados en la Asociación que los representa aspiran a una reforma del servicio de inspección que les de más medios y canales específicos para que su actuación no sea esterilizada por los órganos rectores del regulador. Esta es desde luego una batalla en la que no hay un ganador visible.

El domingo seis de enero el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) difundió los requisitos para el coeficiente de liquidez de aplicación a la banca a escala internacional. Los requisitos han supuesto una considerable relajación respecto de los parámetros contenidos en los documentos sometidos a consulta con la banca oportunamente. El coeficiente de liquidez fue pensado por los reguladores del BIS como mecanismo por el cual los bancos puedan hacer frente a la ausencia de liquidez en los mercados durante un lapso de 30 días. Este colchón debería estar compuesto exclusivamente por activos de la máxima calidad especialmente deuda soberana con la máxima calificación. Las idea era sustraer a los bancos centrales del papel de prestamistas de primera instancia en caso de crisis, y dejarlos como prestamistas de último recurso. Finalmente, entre gallos y media noche, la norma se flexibilizó en línea con lo que exigían los bancos estadounidenses que hicieron públicos sus reclamos a mediados de diciembre pasado. Como se verá, en todas partes se cuecen habas.

El argumento de la banca ha sido que  la inmovilización de recursos en deuda soberana para cumplir con el coeficiente de liquidez restaría financiación al sector privado en un momento en el que el crédito es necesario para mantener en marcha las economías atenazadas por la crisis. Sin embargo, no hay indicios serios de que antes de que este coeficiente entrara en vigor el crédito fluía al sector privado. Más bien todo lo contrario. De lo que realmente se trató para la banca internacional era la posibilidad de utilizar para el cómputo del coeficiente activos con los que cuentan en sus carteras de inversión y que suponen un verdadero lastre, porque en caso de venderlos pueden materializar pérdidas. El BIS ha admitido para el coeficiente desde papel con baja calificación hasta activos resultantes de la titulización de créditos hipotecarios residenciales. Los bancos han ganado la partida al BIS. Habrá que ver en que acaba el lance entre el cuerpo de inspectores del Banco de España y su Consejo Ejecutivo.

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