edición: 2362 , Martes, 12 diciembre 2017
04/05/2012
Aguirre y Fabra no quiere que nada limite su "influencia" en Bankia

Las declaraciones cruzadas sobre nuevas fusiones y su rechazo ponen al descubierto conflictos políticos larvados

Una solución expeditiva para Bankia, su fusión, ha tropezado con el iceberg de las corrientes internas en el PP y ha desatado un creciente encono de algunos barones con el Gobierno
Es muy probable que los inversores institucionales vean con suspicacia un modelo autofinanciado por la banca porque en ese caso no habría capitalización de las entidades sino quebranto diferido
Esperanza Aguirre y Alberto Fabra, intereses comunes
Carlos Schwartz

La politización, el demonio aquel que mataba cajas con el rabo, ha vuelto a hacer acto de presencia con una intensidad que no por previsible resulta menos inquietante, antes al contrario. Casi sin quererlo, como por ensalmo, la composición del consejo de Bankia  deviene en lo inevitable por la presencia de políticos y asimilados y no faltan observadores que detectan maniobras, en este caso orquestales y orquestadas, para que la entidad siga su camino independiente. Y les adjudican un papel importante en el último rifirrafe gubernamental a cuenta del retraso en las operaciones de concentración pendientes y del latigazo del FMI a cuento del asunto y en referencia poco disimulada a Bankia. Resulta que hay dos barones del PP tan significativos como Esperanza Aguirre y Alberto Fabra que postulan con ahínco ese camino independiente alegando razones no conocidas pero que es de suponer guardan más relación con el mantenimiento de su presencia en el consejo de Bankia que a otra cosa. Rato defiende lo mismo pero seguro que sus razones son otras. Sin embargo, hay que sospechar. La nefanda memoria de la cajas politizadas obliga a ello.

Esta ha sido una semana de gran intensidad declarativa en la que los mensajes se han cruzado dentro de las filas del partido de Gobierno y su entorno poniendo al desnudo la existencia de un circuito de alta tensión alrededor del futuro del sistema financiero. La ronda de declaraciones la inició el lunes 30 de abril en Santiago de Compostela el ministro de Economía Luis de Guindos, quien afirmó refiriéndose a la banca que "en los próximos días se materializarán nuevas fusiones y adquisiciones y se anunciarán esfuerzos adicionales". También defendió el modelo de separación de activos inmobiliarios problemáticos de los balances de las entidades de crédito con el ya difundido argumento de que esa operación permitiría a los bancos dedicarse a “su negocio”, se supone que el de prestar dinero a interés. Pero al mismo tiempo reconoció que en el caso de España existe "un problema notable y diferencial por el riesgo inmobiliario de la banca". No podía dejar de mencionar el tema tras la rebaja de la calificación hecha por Standard & Poors a un número significativo de entidades. Habrá que ver si el consejo de ministros de este viernes hace algún anuncio al respecto. El jueves a las 10 de la mañana Mariano Rajoy presidió una reunión de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos por espacio de casi dos horas. Nada ha trascendido del contenido de esa reunión. Aunque no son pocos los temas que estaban sobre la mesa.

Por su parte el presidente de Bankia, Rodrigo Rato, reiteró en vísperas del consejo de ministros que la entidad que preside ya ha hecho su elección en materia de fusiones y que ahora se trata de reforzar el proceso de cohesión de las entidades que componen la nueva entidad. Está claro que Rato se ha dado por aludido y ha rechazado las especulaciones. Las declaraciones, hechas en una escuela de negocios en Barcelona el mismo día que se reunía en esa ciudad el consejo ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), son una respuesta a los intensos rumores que la semana pasada daban por hecho que el Gobierno había dado un ultimátum a Bankia para que se fusionara con otra entidad de dimensión similar o que de lo contrario se vería sujeta a una intervención.

Las versiones sobre esta presunta posición de fuerza por parte del Gobierno -en realidad en esta película el malo era el ministro de Economía- rodaban con intensidad el jueves y viernes de la semana pasada por los pasillos de las grandes entidades financieras españolas. Buena parte de los rumores fueron alimentados por la generalizada interpretación que los medios periodísticos extranjeros han hecho del informe preliminar que el equipo responsable del programa Evaluación del Sector Financiero del Fondo Monetario Internacional (FMI), hizo sobre España. En dicho informe preliminar se habla de 10 entidades de crédito con problemas de capitalización y se dice que es necesario tomar decisiones rápidas en particular en la entidad más grande. Los principales medios económicos internacionales han interpretado este mensaje como una alusión a Bankia. Ayer, ante las preguntas de un periodista, el portavoz del FMI Gerry Rice volvió sobre el tema con otro matiz. Refiriéndose al informe preliminar señaló que en el se sugiere la necesidad de que el sistema bancario español encuentre fórmulas para deshacerse de los “activos heredados”. Sin embargo puntualizó que mientras se encuentra una fórmula para disponer de ellos se debería hacer un análisis pormenorizado de esos activos, y que en el desarrollo del proceso la banca afectada debería limpiar sus balances todo lo posible.

El comentario sugiere que para el FMI la estructuración de una salida colectiva a los denominados “legacy assets” no será rápida y es en todo caso una salida extrema. Mientras, el asunto sufre una creciente politización. Ahora el líder de la oposición socialista se ha tomado la libertad de advertir al Gobierno de que el saneamiento de la banca no se debe hacer a expensas de los fondos públicos. La idea central del Gobierno en las dos últimas semanas respecto a este asunto pasa por un mecanismo de ingeniería financiera por el cual los bancos puedan participar en sociedades que no consoliden con sus balances y en las que puedan aparcar los activos inmobiliarios deteriorados. Como bien señaló el presidente de Bankia, el problema sin resolver de esa operación es quién adelanta los recursos para la formación de las sociedades no financieras tenedoras de activos inmobiliarios. Es muy probable que los inversores institucionales vean con suspicacia un modelo autofinanciado por la banca porque en ese caso no habría capitalización de las entidades sino quebranto diferido.

Hete aquí que el Gobierno ha topado con un obstáculo en su camino con el que no logra hacer lo debido, y tampoco parece que sepa qué es lo que tiene que hacer, y que por añadidura amenaza con una creciente politización. A estas alturas España padece por esta tarea postergada un castigo creciente de los inversores a la renta variable y a la deuda soberana. Los fondos de alto riesgo se están poniendo las botas mediante posiciones cortas contra lo bancos y la deuda tiene que subir rentabilidad para que las emisiones se coloquen. Una de las teorías que circulan entre los medios financieros es que la posibilidad de una solución expeditiva para Bankia, su fusión, ha tropezado con el iceberg de las corrientes internas en el Partido Popular y ha desatado un creciente encono de algunos barones con el Gobierno y sus figuras más destacadas. En esta batalla estarían embarcadas personalidades como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y algunos barones valencianos.

En definitiva que Rodrigo Rato contaría con el respaldo de las comunidades de Madrid y Valencia para que la fusión de las siete entidades de ahorro continúe con su camino en solitario. Despejar este atolladero no será tarea sencilla para el presidente de Gobierno. Lo malo del caso es que mientras este asunto no se despeje es probable que el castigo siga.

La idea de uno o varios vehículos destinados a aparcar los activos inmobiliarios que obligan a los bancos a distraer capital para dotar las provisiones que aquellos requieren, por más ingenio que se le ponga, es una operación extrema que aparece de forma tardía y que es expresión de la impotencia de la Administración y del propio sector por liberar a los bancos de esta “peculiaridad” que tan sagazmente ha detectado el ministro de Economía. La fórmula la aplicó ya la Reserva Federal con su programa de Troubled Assets Relieff Programme (TARP) y ha servido para recapitalizar a la banca estadounidense. La diferencia es que el programa se puso en marcha en octubre de 2008, días después de la crisis de Lehman Brothers y que los fondos en Estados Unidos los adelantaron el Tesoro y la Reserva Federal. La idea en España por su parte no cuenta con la simpatía de los grandes bancos. El Gobierno deberá encontrar una salida a este laberinto más pronto que tarde.

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