edición: 3002 , Viernes, 3 julio 2020
22/06/2016
Financiación pública y privada

Las deudas frenan los planes de `desprivatización´

Nuevos Gobiernos y Consistorios, obligados a mantener fórmulas empresariales de colaboración mixta
Juan José González
Se da por hecho que tras las elecciones se intensifique una ola intervencionista que se detecta desde la primera convocatoria electoral del pasado 20 de diciembre, acentuada con el paso del tiempo. Las ansias contenidas que muestran los discursos políticos, hacen pensar que en breve, el país puede asistir a una especie de tsunami `contraprivatizador´ o ´desprivatizador´ de servicios públicos, algunos convertidos por el paso del tiempo, en empresas sólidas, plantillas asentadas y cuentas saneadas y rentables. El primer paso de esta nueva (que no original) tendencia a la desprivatización ya obra en la realidad en varios de los consistorios locales y algunas Autonomías de reciente constitución. Los movimientos intervencionistas, sin embargo, no podrán resolver los grandes problemas de escasez de recursos públicos, deudas y déficit que pesan como losas sobre sus espaldas. Tarde o temprano se verán obligados a dar por buenas las fórmulas de colaboración público-privados existentes.
La gestión municipal -y también la autonómica- de los servicios públicos, ha sido uno de los reclamos políticos más utilizados en las últimas campañas electorales. Quizá el intento de limpiar el deshonor y los daños producidos por algunos gestores públicos (bastantes, por desgracia) haya revivido el deseo intelectual e ideológico de las nuevas formaciones y apostar por un mayor grado de intervencionismo público. En la práctica, ese deseo se recoge en los programas electorales partidarios de acometer, tras alcanzar el poder, la desprivatización de servicios o incluso de empresas anteriormente públicas.

Ahora bien, si del dicho al hecho se dice que hay un trecho, en el apartado de las actividades que desarrolla una empresa pública, la distancia es aún mayor, casi insuperable para ser acometidas en solitario por el sector público. En solitario significa que le correspondería al Estado en exclusiva la financiación de las autopistas que cruzan por España, así como puentes, construcción de hospitales o centros de educación. Es por tanto, un asunto de compleja dificultad si se desea sustituir al sector privado por el público. Ha sucedido en los primeros Gobiernos locales y Autonómicos que tras tomar posesión del cargo, estos se lanzaron a recuperar servicios públicos que habían sido subcontratados o cedidos en régimen de subcontratación, sin pensar en las cláusulas del contrato ni en las indemnizaciones que conllevaría la rescisión de la concesión.

La desprivatización de servicios públicos puede llegar a encontrarse con barreras insalvables. Es el caso de los servicios hospitalarios, donde se mezclan problemas de financiación, de costes y, finalmente, de reconocimiento del ciudadano. Difícilmente una reprivatización de  hospitales o de centros educativos los convertiría en centros modelo, debido a la gran cantidad de recursos que consumen. La gestión compartida pública y privada es, probablemente, la solución que terminarán por respetar o potenciar, según el caso, las futuras autoridades políticas. La práctica, las cuentas y los números, harán posible que el mayor ímpetu reprivatizador entre en razón.

Se imponen los modelos de colaboración entre empresas y Gobiernos, con ejemplos buenos y también varios muy malos como las autopistas radiales, o como la masificación de algunas prestaciones de asistencia sanitaria o social, servicios básicos que sin el concurso de las dos iniciativas no sería posible ofrecer a la sociedad.

Asunto muy diferente al de la eficacia en la colaboración público y privada es el de la financiación, el origen de los recursos para que la parte pública pueda acompañar a la privada: hoy día no es lo mismo que los recursos provengan de un Gobierno autónomo que del Estado central. Limitados presupuestariamente, las promesas de desprivatizar servicios subcontratados a empresas privadas, bien para mejorar la calidad, extender las prestaciones o ganar en eficacia, no podrán cumplirse por falta de recursos, por el peso de la deuda y el déficit que vienen soportando año tras año.

Seguramente ninguna de las inversiones en grandes infraestructuras viales, marítimas o aéreas, podrían haber sido abordadas en solitario, a cuenta del contribuyente si no hubiera sido por el modelo de colaboración privada que, según parece, quiere ser superado por nuevas fórmulas. Las concesiones de obras y servicios, habitualmente basados en modelos de subcontratación y colaboración de empresas y Gobiernos, no parece que puedan denominarse privatizaciones y, por tanto, difícilmente podrían ser desprivatizados.

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