edición: 3102 , Viernes, 4 diciembre 2020
11/09/2012
La omisión de las ventanas de financiación por parte del FADE despiertan suspicacias

Las eléctricas viven con incertidumbre el retraso en la titulización del déficit de tarifa

Carlos Schwartz

Tanto las empresas no financieras como los bancos y el propio Tesoro han aprovechado desde junio de 2011 los momentos de calma en los mercados financieros, y sobre todo aquellos momentos en que la prima de riesgo de España se reducía, para acudir a los mercados para colocar emisiones en condiciones más favorables. A estos breves espacios de tiempo se los denomina ventanas de financiación. Un ejemplo es lo que viene ocurriendo estos días con la salida al mercado de Telefónica, Santander, ICO, Banesto y BBVA. Sin embargo, el Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), que es el encargado de la titulización de los activos que reflejan los derechos de cobro cedidos por las compañías eléctricas al mismo, hace ya muchos meses que no sale al mercado.

De acuerdo con la información disponible, la última emisión a “precio convenido” data de septiembre del año pasado y su colocación de octubre de 2011. En cuanto a las emisiones de venta simple, que en general han sido ampliaciones de las mencionadas anteriormente, se han extendido hasta febrero de 2012. El largo periodo de inactividad en estas emisiones, a pesar de las escasas oportunidades de salir al mercado a precios razonables, ha hecho que el volumen titulizado del déficit de tarifa se mantenga, tal como anunció hace una semana el ministro de Industria José Manuel Soria, en 14.000 millones de euros, contra un volumen total a 31 de diciembre de 2011 de 24.000 millones de euros.

La afirmación de que el déficit puede verse incrementado este año en 6.000 millones de euros más y la falta de actividad en el mercado de la titulización eléctrica hace temer a las empresas representadas por UNESA que el Gobierno no haya abandonado una idea que se filtró a lo largo del año de manera inespecífica según la cual se pretendía negociar con las compañías generadoras que estas asumieran un porcentaje de ese déficit. “A estas alturas podría estar titulizado todo el déficit acumulado a diciembre de 2011”, afirmó una fuente del sector que se preguntaba en voz alta qué suponía la lentitud en este proceso. El asunto ha generado nuevos comentarios a raíz de la afirmación del ministro de Industria de que en el ajuste trimestral del recibo de la luz el Gobierno ha renunciado a un incremento de los peajes de acceso. De tal suerte que el incremento en el recibo de la luz será el resultado de los precios que se fijen en la próxima subasta de energía eléctrica (CESUR).

Ahora que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha difundido su investigación sobre las subastas 15 y 16 (CESUR) tanto en el mercado OMIP como en el OTC, en la que concluye que no se ha registrado manipulación de precios, queda poco margen oficial para acusar de mala fe a las generadoras. La decisión de no incrementar los peajes de acceso destinados a compensar precisamente el déficit de tarifa, parece obedecer a la decisión del Gobierno de aplicar los frenos al incremento del índice de precios al consumo (IPC). Algo que también se ha reflejado en la fuerte reacción de Soria a los incrementos en el precio de los combustibles que el Ministerio atribuye a los altos márgenes de las empresas.

Algo por cierto que las empresas del sector niegan de forma tajante. Todo parece indicar que el problema de fondo es la cláusula de revisión de las pensiones que en el caso de que el IPC a noviembre de 2012 acabe en el 3% pueden ser revisadas en dos puntos ya que la previsión fue del 1% de incremento. La subida del coste de medicamentos por el copago, el incremento del IVA, los combustibles y la energía motorizan el IPC. Algo que además resta margen al Ministerio de Hacienda a quien priva de la posibilidad de cargar la mano sobre la fiscalidad de los combustibles. En cualquier caso, el Real decreto Ley 6/2009 en el que se fijó el mecanismo de eliminación del déficit de tarifa mediante los peajes de acceso establecía que el déficit debería ser de 3.500 millones de euros en el 2009, de 3.000 millones en el 2010, de 2.000 millones en el 2011 y de 1.000 millones en el 2.012. El decreto afirma al mismo tiempo que los desfases entre estas cifras y el déficit real sería reconocido por la Administración y que el mismo sería amortizado de forma paulatina mediante los peajes de acceso en años sucesivos. La eliminación del déficit a enero de 2013, tal como propone ese Real Decreto Ley vigente, ya no es posible.

Lo cierto es que esa pieza legislativa pensada como una piedra filosofal que convertiría el déficit remanente en activos comercializados mientras el incremento de la tarifa eliminaba el desajuste entre costes y precios ha chocado con la realidad. Es decir que en definitiva los alquimistas a cargo de usarla han fracasado, al igual que en la antigüedad, en transmutar en oro metales viles. El argumento de que el aval del Estado a esta deuda tiene un peso hipotético sobre el endeudamiento público es falso. Entre otras cosas porque a cambio del aval las compañías cuyo déficit se tituliza han cedido los derechos de cobro al FADE, lo cual hace que al final del recorrido los deudores, es decir los consumidores, en lugar de pagar el déficit a las generadoras se lo pagarían al Estado en caso de insolvencia de una empresa.

Muy por el contrario, el déficit que las sociedades mercantiles que se dedican al negocio eléctrico anotan en sus balances queda reflejado como un derecho de cobro en el tiempo. Si la Administración tomara la decisión de reducir ese déficit endosando una parte a las compañías, la operación tendría el efecto de obligar a convertir los derechos de cobro en pérdidas netas. Como es lógico de suponer el sector reacciona con creciente beligerancia entre otras cosas por lo que representa un verdadero trato discriminatorio por relación al que se dispensa a la banca, por dar solo un ejemplo. Bajando un poco más al detalle del sector hay otros agravios comparativos que hacen más compleja la situación.

Que las empresas de generación tradicional paguen 350 euros por KW a las generadores termosolares para revenderlo al consumidor final en 50 euros hace que el desequilibrio sea excesivo. El sector termosolar se defiende señalando que sólo se lleva el 2% de las primas repartidas en el Régimen Especial que representa en total una generación de 35.000 MW. De este total las termosolares son responsables de 1.581 MW de acuerdo con fuentes del sector. Pero lo cierto es que el Régimen Especial representa a estas alturas una parte sustancial de la generación en España. Mientras la capacidad instalada de las termosolares en España supera con creces a la estadounidense, para dar una idea. Las previsiones del sector son la de una capacidad termosolar instalada en 2013 de 60 centrales con 2.425 MW contra 1.812 en Estados Unidos.

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