edición: 2350 , Jueves, 23 noviembre 2017
22/02/2012

Las empresas comunitarias con menos de 10 empleados quedarán exentas este año de presentar informes financieros y contables

Javier Ardalán
El Consejo de Europa adoptó este martes oficialmente la Directiva destinada a eximir a las empresas más pequeñas de la obligación de presentar informes financieros y contables. Estas nuevas disposiciones tienen el potencial de reducir significativamente la burocracia administrativa para aquellas empresas que no excedan de los límites de dos de los siguientes criterios: un balance total de 350.000 euros, un volumen de negocios neto de 700.000 euros y un promedio de diez empleados durante el ejercicio.

Por otra parte, la Directiva permitirá que los Estados miembros que puedan eximir a las microempresas de la publicación de las cuentas anuales. Esta normativa se incluye en la estrategia Europa 2020, que tiene como fin que las empresas europeas sean más competitivas a escala mundial.

Se modifican las Directivas sobre contabilidad (78/660/CEE y 83/349/CEE para reducir la carga administrativa de las pequeñas empresas y simplificar la elaboración de estados financieros, lo que los hará más comparables, claros y fáciles de entender. También facilitará a los usuarios de estados financieros, tales como accionistas, bancos y proveedores, entender mejor el rendimiento de la empresa y su situación financiera. El ahorro potencial de costes para las pyme se estima en 1.700 millones de euros al año.

La revisión actual se centra en una serie de objetivos clave, como reducir la carga administrativa para una mayor simplificación; mayor claridad y comparabilidad de los estados financieros para el beneficio de las categorías de negocios en las que estas consideraciones son de gran interés debido al mayor carácter internacional de sus actividades y la participación de un mayor número de partidos externo; la protección de las necesidades básicas de los usuarios y, por esa conservación, de la información contable necesaria para los usuarios; y una mayor transparencia sobre los pagos a los gobiernos de las industrias extractivas y los operadores de los bosques primarios.

Paralelamente a esta aprobación, el Presidente Barroso recibió ayer al Presidente del Grupo de Alto Nivel de Partes Interesadas Independientes sobre Cargas Administrativas, Edmund Stoiber, que hizo entrega del informe del Grupo titulado «Europa puede hacer más» sobre buenas prácticas en los Estados miembros para aplicar la legislación de la UE de la manera menos gravosa.

El informe muestra que existe un amplio margen de mejora en la aplicación de la legislación de la UE. Dado que casi una tercera parte de las cargas administrativas derivadas de la legislación de la UE que recaen sobre las empresas se deben a una ineficiente aplicación nacional de las disposiciones de la UE, reducir esta gravosa aplicación es fundamental para mejorar la vida de las empresas e impulsar la economía de la UE y su competitividad.

Las pequeñas y medianas empresas (PYME) desempeñan un papel clave en la configuración de la economía europea pues suponen el 99 % de las empresas y el 92 % de ellas son microempresas. También proporcionan más de dos tercios del empleo del sector privado y desempeñan un papel clave en el crecimiento económico.

Sin embargo, la crisis financiera repercute de una forma grave en muchas de las empresas más pequeñas de la UE, por lo que es esencial que las microempresas se vean liberadas de esta carga y puedan perseguir sus objetivos empresariales sin normas innecesarias. La Comisión es consciente de que para las empresas más pequeñas resulta más caro respetar la normativa. El cumplimiento de la legislación derivada de los niveles regional, nacional o europeo siempre será más gravoso para las pequeñas empresas.

La Comisión ha tomado dos tipos de medidas destinadas a mejorar la legislación existente. En primer lugar, un gran programa de simplificación destinado a racionalizar, actualizar y consolidar la legislación de la UE: se han adoptado alrededor de 200 propuestas que aportan beneficios sustanciales a las empresas.

En segundo lugar, el Programa de reducción de las cargas administrativas, mediante el cual la Comisión ha presentado propuestas que representan un 33% de reducción, lo que supera al objetivo del 25%. El colegislador ha adoptado propuestas equivalentes a un 22% de reducción. Los Estados miembros han empezado a aplicar algunas de estas medidas.

Una parte no desdeñable del coste corresponde al establecimiento y mantenimiento de registros, a tareas administrativas y a preparar documentos a efectos de inspecciones. Estos costes pueden suprimirse en su totalidad o en parte o reducirse para las pequeñas empresas.

En los casos en que la legislación se centra en los procesos, como la relativa, por ejemplo, a normas sobre higiene, o a disposiciones sobre obligaciones de retirada o similares, la Comisión está trabajando para desarrollar enfoques específicos que sean más simples y eviten a las empresas tener que examinar códigos voluminosos para localizar las partes que les son aplicables.

En ciertos ámbitos los requisitos no deberían ser iguales para las empresas más grandes y las más pequeñas. Por lo tanto, la Comisión, oídos los deseos de las partes interesadas, está preparando una legislación sobre contabilidad que distinguirá claramente las obligaciones de cada categoría de empresas (grandes, medianas, pequeñas y microempresas). Un nuevo ejemplo es la actual reforma de las normas de la UE sobre protección de datos, que está examinando la forma de aliviar a microempresas y pymes de parte de la carga normativa mediante la introducción de menores obligaciones en la medida de lo posible, sin menoscabar la protección de los derechos fundamentales.

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