edición: 2346 , Viernes, 17 noviembre 2017
17/12/2010
Los tipos impositivos aplicables van desde el 10% al 35% en el borrador de la Ley

Las empresas del juego desarrollarán políticas obligatorias de responsabilidad social por los efectos perjudiciales de la actividad

Xavier Gil Pecharromán

Los operadores de juego estarán obligados a desarrollar una política integral de responsabilidad social corporativa que incluya acciones preventivas, de sensibilización, intervención y de control, así como de reparación de los efectos producidos en la sociedad y las personas. Estas acciones preventivas están dirigidas a la sensibilización, información y difusión de las buenas prácticas de juego, así como de los posibles efectos que una práctica no adecuada del juego puede producir, por lo que los operadores habrán de elaborar un plan de medidas sobre la mitigación de los posibles efectos perjudiciales. Estas medidas se han incluido en el borrador del anteproyecto de la Ley del Juego, que esta semana debaten los representantes del Estado y de las Administraciones públicas y que incluye un impuesto sobre el Juego, que tendrá carácter estatal, aunque se repartirán los ingresos en un 50% con las comunidades autónomas, y será compatible con la Tasa por la Gestión Administrativa del Juego.

Las Administraciones autonómicas podrán imponer un recargo sobre tipo impositivo general de las actividades ejercidas por los operadores desde su territorio de hasta un 20% sobre el tipo estatal. La atribución de los importes se hará en función de la cuantía jugada en el lugar de residencia de los jugadores y la parte establecida como recargo por cada autonomía le corresponderá en exclusiva.

El nuevo borrador tiene alarmado a los operadores del sector porque se ha mantenido la elevada cuantía de los tipos del nuevo Impuesto, a pesar de las protestas, que consideran que los jugadores se irán a jugar en operadores de otros países y será un escollo insalvable para el sector español.

Los tipos aplicables serán:

1. Apuestas deportivas mutuas: 20 por ciento sobre la base imponible bruta.
2. Apuestas deportivas de contrapartida: 10 por ciento sobre la base imponible bruta.
3. Apuestas deportivas cruzadas: 20 por ciento sobre la base imponible neta.
4. Apuestas hípicas mutuas: 15 por ciento sobre la base imponible.
5. Apuestas hípicas de contrapartida: 10 por ciento sobre la base imponible bruta.
6. Otras apuestas mutuas: 15 por ciento sobre la base imponible bruta.
7. Otras apuestas de contrapartida: 10 por ciento sobre la base imponible bruta.
8. Rifas: 30 por ciento sobre la base imponible bruta.
9. Concursos: 20 por ciento sobre la base imponible bruta.
10. Otros Juegos: 20 por ciento sobre la base imponible neta.
11. Combinaciones aleatorias, 35 por ciento sobre la base imponible del importe total del valor de mercado de los premios efectivamente satisfechos.

La Tasa de Gestión se pagará por la gestión administrativa de tipo general de las actividades de juego, inscripción y emisión de certificaciones registrales, actuaciones inspectoras con carácter obligatorio y la tramitación de licencias.

Las Tasas se actualizarán en los Presupuestos del Estado cada año. El control de los jugadores y apostantes conllevará un control sobre las declaraciones por el Impuesto sobre la Renta (IRPF).

Como el Gobierno no tiene habilitación suficiente para legislar sobre las exenciones de IVA, éstas se limitarán a los premios, loterías y apuestas organizados por el Estado y las autonomías.

El borrador de la Ley de Regulación del Juego introduce medidas de control para que el Estado pueda controlar el blanqueo de capitales y el juego ilegal. No obstante, del último borrador de anteproyecto de Ley del Juego ha desaparecido la prohibición de que para ejercer como operador de juego no se puede residir en un paraíso fiscal, que constaba en los anteriores borradores en el artículo 13.

La futura Comisión Nacional del Juego (CNJ) será la encargada de verificar el cumplimiento por los operadores de esta obligación y del desarrollo de las prácticas adecuadas en todos los aspectos de sus actividades de su red de ventas, sin perjuicio del control del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones monetarias (Sepblac).

Loterías del Estado y la Organización Nacional de Ciegos (Once) seguirán teniendo la exclusiva para gestionar y comercializar las loterías, salvo en casos excepcionales, en que la Comisión Nacional del Juego autorice algún sorteo como actualmente ocurre con el del Oro de la Cruz Roja. Además, la Once quedará fuera de la regulación de la Ley del Juego hasta que se cumpla un año desde la entrada en vigor de la Ley.

Las entidades tendrán que contar con dos licencias distintas, una de carácter general válida para cada categoría (juego, loterías, apuestas, rifas, concursos, juegos por canales y soportes tradicionales; juego por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, etc.) y otra singular (apuestas por cada tipo de juego perteneciente a cada categoría -hípicas, deportivas, etc.-).

Además, las licencias otorgadas por otros Estados no serán válidas en España, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea.

Las entidades de crédito que realicen transacciones financieras relacionadas con la organización de juegos electrónicos serán responsables de las sanciones, en los casos en que debieran conocer que alguna de las entidades, ordenante o beneficiaria, carezca de autorización.

Las entidades deberán comprobar en el Registro de Licencias si el operador con el que van a trabajar está autorizado. También serán infractores los medios de comunicación que difundan publicidad, patrocinio o promoción, cuando quienes los realicen carezcan de licencia.

El acceso al Registro se regulará a través de un Reglamento aún pendiente de elaborar. Finalmente, la futura normativa prohíbe que los operadores de juegos y apuestas puedan dar créditos a los jugadores.

Otra de las modificaciones importantes que se han introducido en el último borrador es la desaparición de la capacidad de que se dotaba a la Comisión Nacional del Juego para que cuando la actuación de un operador sin título habilitante ésta pudiera ser constitutiva de una responsabilidad penal, pudiese ordenar el comiso de los beneficios ilícitos obtenidos, cuyo importe se debería ingresar, provisionalmente, en el Tesoro Público.

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