edición: 2493 , Jueves, 21 junio 2018
27/01/2012

Las empresas europeas cotizadas estarán obligadas a cambiar de forma periódica de agencia de calificación

Javier Ardalán
Tras la reciente degradación de la deuda de varios países, eurodiputados y expertos debatieron cómo reducir la influencia de las agencias de calificación crediticia, mejorando la transparencia, y analizaron la propuesta de rotación realizada por la Comisión Europea. El debate tuvo lugar el pasado martes, durante una audiencia pública de la comisión de asuntos Económicos y Monetarios del PE presidida por el eurodiputado popular español Pablo Zalba.

La Comisión Europea propone un sistema de "rotación" según el cual las empresas estén obligadas a alternar las distintas agencias de calificación crediticias, cuando recurran a ellas. Con el sobrenombre de "las tres grandes", las agencias americanas Standard and Poors, Moody`s Investor Service y Fitch Ratings abarcan aproximadamente el 95% del mercado mundial. Los eurodiputados y expertos que participaron en la audiencia pública se plantearon si es posible romper el monopolio y diversificar el mercado.

Las agencias de calificación están actuando "casi como reguladores" en el sentido de que determinan las condiciones del mercado "y se benefician" de ello, sentenció el eurodiputado portugués Miguel Portas, de la Izquierda Unitaria Europea/ Izquierda Verde Nórdica.

El primer objetivo del presente informe es eliminar la dependencia del conjunto del sistema de las calificaciones externas en la medida de lo posible y dentro de un calendario realista. La función de las calificaciones externas como señales de alarma tiene especial importancia cuando la calificación se rebaja del valor de inversión a una calificación inferior al valor de inversión.

Por ello, considera que es necesario, a este respecto, distinguir entre los tres sectores del mercado que son objeto de calificación por las agencias: las empresas, el sector público y los instrumentos financieros estructurados. El problema de la excesiva dependencia se produce en particular en el ámbito de los instrumentos financieros estructurados, en el que debieron realizarse la mayoría de las correcciones debido a una calificación incorrecta. El ponente opina, por tanto, que en el caso de estos instrumentos, los participantes en el mercado solo deben poder invertir en este tipo de activos si pueden demostrar que comprenden y son capaces de evaluar el riesgo crediticio de dicho producto o si aplican la ponderación más elevada del riesgo de capital a efectos regulatorios.

También aboga por eliminar o reducir todo lo posible la dependencia de las normas, leyes o reglamentaciones, como por ejemplo, el mayor uso de las calificaciones crediticias externas para establecer los requisitos regulatorios de capital. También apuesta por establecer una diferenciación de acuerdo con el principio de proporcionalidad para tener en cuenta la diversidad de tamaños y grados de complejidad de las entidades financieras.

Las entidades menos complejas carecen de la capacidad y el poder económico necesarios para realizar sus propias evaluaciones crediticias, por lo que tendrán que seguir recurriendo a las calificaciones externas. Los pequeños participantes, si se aprueba la futura normativa, podrán seguir utilizando las calificaciones externas, pero solo si comprenden los riesgos subyacentes y pueden actuar con la debida diligencia.

No solo considera la Comisión Europea es necesario reducir la dependencia regulatoria, sino también la dependencia que el mercado tiene de las calificaciones externas en general. Aumenta la importancia de las calificaciones en asuntos como las políticas de inversión y la reglamentación de los fondos, o los documentos constitutivos, lo que parecería indicar una falta de la diligencia debida. Por ello, el ponente considera que es necesario restablecer o aumentar la capacidad de los inversores de realizar su propia evaluación de la debida diligencia y del riesgo.

La dependencia de los bancos centrales de las calificaciones crediticias externas es otro aspecto vital del problema de dependencia. La decisión del BCE sobre los activos negociables como garantía de las operaciones de liquidez se basa en lo esencial en el uso de calificaciones crediticias externas. Es evidente que es un aspecto ha de revisarse.

En este contexto, el informe determina que los reguladores y los supervisores deben poder evaluar el uso de modelos internos propios, que les permitan comprobar la adecuación del proceso de evaluación del riesgo, pues existe un conflicto inherente de intereses si los actores financieros pueden hacer sus propios modelos para determinar los requisitos regulatorios de capital que deben respetar.

Sería el primer paso para reducir la necesidad de calificaciones; sin embargo, en ciertos casos seguirán siendo necesarias y podrían ser útiles las calificaciones crediticias externas. Para reducir el dominio de las tres grandes agencias de calificación, deberíamos examinar la posibilidad de imponer dos calificaciones obligatorias para los productos financieros estructurados.

Es necesario integrar salvaguardias para evitar que el sistema se convierta en un «mercado garantizado», y hay que examinar cuidadosamente el tema de quién asigna la segunda calificación, afirma el Ejecutivo comunitario. Esta propuesta coincide con una de las que se han formulado en el contexto de la reforma de la legislación sobre el sector financiero en los Estados Unidos.

Sobre la deuda sobrerana destaca que los participantes en el mercado son reacios a las calificaciones que no sean fijas, por los posibles costes que pueden implicar (en relación con las decisiones de compra o venta) cuando estas calificaciones se ajustan; considera, no obstante, que las calificaciones tienden en consecuencia a ser procíclicas y a quedarse por detrás de la evolución de los mercados financieros.

Señala también que las agencias de calificación crediticia deben utilizar criterios claros para calificar el rendimiento de un país, y es consciente de que el actual método de calificación no consiste en una ponderación mecánica de estos factores; pide al sector que aclare la metodología y los criterios que utiliza para calibrar las calificaciones de los países y que explique la desviación de dichas calificaciones generadas mediante modelos y de las previsiones de las principales instituciones financieras internacionales.

De  acuerdo con el FMI, las calificaciones podrían dar cuenta de hasta casi un 70 % de los diferenciales en las permutas de riesgo de crédito (CDS); expresa su preocupación por los efectos procíclicos que pueden tener las calificaciones, y pide que se preste especial atención a estas cuestiones sensibles.

Con el fin de reducir los “efectos acantilado” negativos en los precios y los diferenciales que comportan los cambios en las calificaciones, debería suprimirse la práctica que vincula las decisiones de compra o venta a las calificaciones, comenta también el informe.

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